Empecemos con una premisa necesaria. La bondad de determinados aciertos no justifica un balance global, si éste es negativo.
¿Cómo queda la situación poco antes de votar al final de la legislatura en relación a 2018?
La distancia que nos separa del PIB per cápita de la zona euro y de sus estados más importantes es ahora mucho mayor que la del 2018. Esta cuestión todavía se vería multiplicada en su gravedad si introdujáramos en la ecuación la evolución de EEUU que ha sido mucho mejor que la de la eurozona, pero limitémonos al terreno más conocido, en Europa. En 2018 España estaba a poco más de 15 puntos porcentuales (pp) de distancia del PIB per cápita de la zona euro. Hoy la separación ha crecido hasta alcanzar casi 20 puntos. Entonces estábamos a menos de 6 puntos de Italia. Ahora nos separa de ella en términos de PIB per cápita 11,1 puntos y eso que en ese país gobierna una de las bestias negras del gobierno Italiano, Meloni.
La vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño, ha dado reiteradamente datos sobre el crecimiento español de forma engañosa porque sólo obtenemos una fotografía exacta si comparamos 2018 con 2023. Pues bien, durante este período España ha crecido de media un 0,64%. La zona euro lo hizo un 1,10%. La UE un 1,22%, e incluso Italia, que experimentó unas oleadas muy graves de covid-19, se situó por encima de España con un 0,68%.
Otro de los logros que se atribuye al gobierno es en el empleo. Pues bien, aquí también existe un uso inadecuado de los datos. Es cierto que el número de ocupados ha crecido y también las altas en la Seguridad Social, pero al mismo tiempo el número de horas trabajadas, que es realmente lo que cuenta, y en términos de primer trimestre de 2023, es prácticamente igual a la cifra de 2019 e inferior a la de 2018. Este dato significa una mala noticia por partida doble. Señala que no hemos crecido en trabajo efectivo, sino en número de personas ocupadas que menos trabajan. Seguramente que en este escenario tienen mucho que ver los fijos discontinuos, que dan como ocupadas a personas que realmente no están trabajando. El gobierno ha guardado bajo siete llaves cuál es la magnitud de estas personas que tienen contrato, pero realmente están en paro.
El balance Sánchez presenta más aspectos problemáticos
Uno de ellos es que prácticamente todo el nuevo empleo que se ha producido tiene trabajadores nacidos en el extranjero. Concretamente, un 95%, básicamente en sectores de bajo valor añadido, baja productividad y bajos salarios. Su impacto sobre el total del empleo es ya importante. En Baleares representan el 31,6% de todos los ocupados, en Canarias el 28,2%. En Madrid algo más de la cuarta parte y en Catalunya el 24,6%. La media española está ubicada en 1 de cada 5 trabajadores que han nacido en el extranjero. Esta situación señala dos graves problemas de la economía española que se han acentuado con el actual gobierno: crece a base de incorporar mano de obra de baja productividad y así acentúa el problema crónico de España que es precisamente este déficit en productividad.
Un segundo factor que mueve a preocupación es que el 40% del empleo que se ha llevado a cabo es en el sector público, lo que significará un aumento del coste de la administración pública en el futuro. Si cruzamos este dato con el anterior sobre el empleo y los inmigrantes el resultado está claro: prácticamente la ocupación de la población autóctona tiende a concentrarse en el sector público y sobre todo en la reposición de puestos de trabajo ya existentes, mientras que el trabajo que se crea de nuevo va a parar a manos de inmigrantes. Este hecho es indicativo de que los sectores intensivos en tecnología y capital tienen una modesta dinámica en el conjunto de la economía española.
El empleo público desde 2018 ha crecido en 400.000 puestos, lo que va de 3,11 millones a 3,52 millones. Pero además, lo ha hecho incrementando la temporalidad. Si en 2018 era del 24,9% ahora es de un 31,2%, primer trimestre de 2023. España no ha hecho caso a la advertencia de la UE al respecto. Y ha aplicado una doble vara de medir: exige al sector privado que limite e incluso liquide la temporalidad de los puestos de trabajo, y ésta ha sido la gran bandera de Yolanda Díaz, y al mismo tiempo, donde puede actuar directamente como es en la función pública hace todo lo contrario.
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