A lo largo del día de ayer, miércoles 28, se produjo un amplio despliegue de la Guardia Civil con registros y detenciones de personas, en gran manera conocidas por su trayectoria política y su implicación en el proceso, tanto procedentes de ERC, como Xavier Vendrell y Oriol Soler, como de Convergencia, caso de David Madí, persona estrechamente vinculada a Artur Mas y uno de sus principales asesores en estrategia política. También fueron detenidos Xavier Vinyals, empresario impulsor de las selecciones catalanas y con una larga trayectoria en este ámbito deportivo y del independentismo desde los tiempos del COC en los años 90 en el que participó. También ha sido alcalde de Lituania en Barcelona. Otra detención destacada es la de Josep Lluís Alay, el director de la oficina de Puigdemont en Barcelona y que es una persona muy cercana al expresidente.
Las principales acusaciones que parece que se deducen del auto del juez, son las de financiación ilegal, irregularidades urbanísticas, tráfico de influencia, malversación, prevaricación, blanqueo y también desórdenes públicos con una presunta relación con el Tsunami Democrático. De todos estos hechos heterogéneos, lo que destaca por su carácter pintoresco es la intervención telefónica en la que se habla de la ayuda de Rusia, que podría llegar hasta el extremo de trasladar a 10.000 soldados a Cataluña para consolidar la independencia, y también asumir sus deudas.
En realidad, todo esto tiene un sentido, pero que es muy diferente del que se le ha dado hasta ahora. Esta grabación no es ningún delirio ni tampoco nada que guarde relación con la realidad. Es una protección que en su momento ejercieron las personas que hablaban por teléfono para defenderse precisamente de la vigilancia telefónica. La técnica es muy simple, se suelta un montón de despropósitos y si después sucede algún problema y hay intervención judicial, y la instrucción reproduce estos despropósitos, la defensa tiene el terreno libre para desacreditar todo el sumario.
Esta podría ser la explicación de la famosa «trama rusa» y que el juez, al parecer, ha hecho suya. Pero habrá que ver como se deshace el proceso. La mayor parte de los detenidos, sobre todo los nombres más importantes, podía obtenerlos la Guardia Civil sin necesidad de ninguna investigación, bastaba con leer el excelente libro de la periodista Lola García «El naufragio» para ver que todas estas personas formaban parte del llamado Estado Mayor que en ningún momento se vio molestado por la policía cuando se procedió a las detenciones de los principales líderes del proceso. Ahora parece que se quiere recuperar el tiempo perdido. En realidad lo que se intenta averiguar no es tanto el uso fraudulento de subvenciones, sino los supuestos procedimientos de blanqueo de dinero para financiar a Puigdemont y a toda la organización exterior. Se va detrás de la red de empresarios que, o bien hicieron aportaciones con comisiones del 3%, o con aportaciones «patrióticas».
Puede haber un notable escepticismo sobre los resultados de estas diligencias, vistos los pocos logros alcanzados hasta ahora en todos los procedimientos llevados a cabo por la Guardia Civil en el ámbito independentista. El caso más espectacular, pero no el único, ha sido la absolución del Mayor Trapero a pesar de haber intervenido a fondo el coronel Pérez de los Cobos junto con otros mandos de la Guardia Civil, para presentar un escenario delictivo de las decisiones de la anterior jefe de la policía catalana. También detenciones sobre supuestos terroristas que han acabado en nada o muy poco.
Lo que es evidente es que estos hechos dificultan las posiciones que desde el independentismo trabajan el acuerdo con Sánchez, como ERC y ahora de una manera algo forzada el mismo PDeCAT. No hay que olvidar que este operativo ordenado por el juez era conocido y plenamente asumido por el ministro del Interior Grande Marlaska, y por su naturaleza es de sentido común pensar que el mismo Sánchez era conocedor.
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