El gobierno del estado es propietario a medias, junto a bancos y aseguradoras, del grupo Sareb, más conocido como banco malo, que concentra todo el patrimonio inmobiliario que tenían los bancos y que cuando la crisis fue apartado a fin de mejorar su solvencia, porque esos bienes tenían un difícil recorrido económico.
Esa operación, considerada necesaria para la estabilidad del sistema financiero, costó 34.089 millones de euros que, de acuerdo con la decisión del Eurostat de 2021, se han contabilizado como deuda del estado y además genera 10.000 millones de déficit al año. Es una máquina de perder dinero, pero al mismo tiempo es un gran fondo inmobiliario en un país en el que el déficit de vivienda social es brutal.
Parecía lógico que buena parte de este patrimonio fuera puesto en el mercado como vivienda social y, por tanto, a bajo precio y que el gobierno del estado asumiera su coste. Ésta era una medida que ya existía y que ahora ha sido mejorada. El Consejo de ministros ha aprobado un decreto de una transferencia por 10 millones de euros a las administraciones territoriales para que éstas puedan adquirir viviendas de ese organismo sin coste. La mejora consiste en que antes la financiación sólo era del 60% y ahora es del importe total. Esto es lo que había que hacer.
El problema es que queda muy corto y llega muy tarde, porque la primera aplicación se llevará a cabo este año y sólo por triste cifra de los 10 millones indicados.
Una forma de reducir el déficit y al mismo tiempo proporcionar vivienda social sería con un programa como el que ha sido definido, pero mucho mayor, al menos del orden 500 millones anuales que permitiría una reducción muy razonable del problema de la vivienda en España y que, además, se canalizaría mediante las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Pero a este paso, vete a saber por qué, no se ha llevado a cabo y no hay ningún gasto significativo en este sentido en el presupuesto 2023 a pesar de la abundancia de recursos.
Es un absurdo incomprensible. Se pierde mucho dinero por déficit. El traspaso de viviendas en su condición de alquiler social permitiría mejorar las condiciones de vida y en este sentido el progreso económico de muchas familias facilitaría la formación de nuevos hogares y en definitiva sería un factor de dinamización económica y de progreso social. Pero, nuestras izquierdas tienen el tema archivado.
Sin embargo, aún es peor el caso de Colau. Para su primer mandato prometió 4.000 viviendas sociales. Seguramente, para curarse del incumplimiento, el segundo mandato dobló la oferta y comprometió 8.000. En total sus promesas significan que el Ayuntamiento debería haber promovido o comprado 12.000 viviendas sociales en 8 años.
Pero, ¿cuál es la realidad? Pues la que el propio Ayuntamiento señala en su propaganda: «ha impulsado la construcción de 1.000 pisos públicos o cooperativos en 7 años«. Es decir, una desviación de 1 a 12. Mayor imposible. Estamos ante de un engaño rotundo.
La mujer que llegó al Ayuntamiento porque defendía el derecho a la vivienda se ha olvidado de ello no en una ocasión, sino a lo largo de dos mandatos municipales. Es una situación escandalosa que muestra la credibilidad que puede tener la alcaldesa a nuestros ojos.
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