Las declaraciones de Víctor De Aldama ante la justicia, hechas recientemente, pueden ser falsas, medias verdades o ciertas, pero en cualquier caso resultan altamente creíbles. Esto no se debe únicamente a las características del personaje, sino a hechos objetivos que rodean a su testimonio y que son independientes de su voluntad.
Aldama encaja con la figura del arrepentido en tramas de corrupción, un rol que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, prometió proteger y apoyar. Sin embargo, estas protecciones parecen aplicarse únicamente cuando la corrupción afecta a partidos distintos del Gobierno actual.
Dos elementos objetivos que refuerzan su credibilidad
El primer elemento tiene que ver con la figura de José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes. Ábalos, un político de peso en el Gobierno de Sánchez, fue designado para liderar un ministerio clave en la gestión de ingentes recursos públicos, como es el caso de las obras públicas. En el entorno socialista, donde no abundan los ingenieros de caminos, es más frecuente que estos cargos sean desempeñados por figuras de máxima confianza política, debido al papel estratégico que juegan las licitaciones públicas en la financiación de los partidos.
La obra pública, a diferencia de áreas como sanidad o educación, utiliza recursos que no son estructuralmente deficitarios, lo que facilita su potencial uso para la recaudación económica. Además, sanidad y educación son competencias mayoritariamente autonómicas, lo que reduce la relevancia económica de los ministerios estatales en estas áreas.
Así, la designación de Ábalos al frente de Transportes sugiere un interés del partido en supervisar directamente una posible fuente de financiación. Esto no constituye una prueba de irregularidad, pero sí un contexto que otorga credibilidad a las denuncias de Aldama.
El segundo elemento surge de las mismas declaraciones de Aldama, que en sus últimas comparecencias fue más allá de responsabilizar a individuos específicos, como Ábalos o Koldo García, y describió una trama sistemática destinada a financiar al PSOE a través de «mordeduras» del 1% al 1,5% en determinadas obras públicas. Este tipo de estructura, habitual en esquemas de corrupción, genera beneficios personales para quienes participan porque se trata de dinero incontrolado, “en negro”, y éste es precisamente el negocio del intermediario.
¿Cómo funcionan estas presuntas prácticas?
El Ministerio de Transportes se apresuró a presentar documentación asegurando la regularidad de las pujas bajo sospecha. Y es cierto: en la actualidad, manipular descaradamente las condiciones de los concursos es cosa del pasado, puesto que un sistema basado en estas prácticas sería insostenible. Sin embargo, el mecanismo descrito real es más sencillo aunque sofisticado y resulta poco visible.
Varias empresas que desean participar en las licitaciones aceptan, de forma previa y bajo invitación del intermediario, el compromiso de pagar un porcentaje acordado en negro si resultan adjudicatarias. Estas empresas compiten en igualdad de condiciones dentro de un proceso transparente y ajustado a la legalidad, pues el acuerdo ilícito se produce fuera del foco de la licitación.
Este sistema, además de ser más difícil de detectar y demostrar, asegura que las empresas que no respeten las reglas implícitas queden excluidas de futuras contrataciones . La empresa que gana el concurso paga y ya está, y si no lo hace – ninguna actúa así– sabe que va a quedar fuera de las contratos públicas para siempre.
El Gobierno, por su parte, organiza el reparto de contratos para garantizar un equilibrio entre las empresas participantes a lo largo del tiempo. Esta fórmula hace que sea extremadamente difícil identificar irregularidades concretas, puesto que las anomalías no residen en los procesos formales de adjudicación, sino en acuerdos externos y secretos.
Un problema estructural de difícil prueba
La credibilidad de las declaraciones de Aldama no depende únicamente de pruebas documentales, sino del contexto que envuelve las presuntas prácticas. La dificultad para probar este tipo de tramas está precisamente en la sofisticación del sistema, que opera fuera de los parámetros observables.
En conclusión, aunque las denuncias de Aldama carezcan de evidencias directas que demuestren irregularidades en los concursos públicos, el contexto histórico y las dinámicas descritas otorgan solidez a sus afirmaciones, lejos de deslegitimar su relato, subraya lo complejo que resulta destapar un sistema diseñado para operar en las sombras, y el arduo papel de la justicia a buscar indicios indirectos, a menos que surjan nuevos “arrepentidos” – Bárcenas en el PP, por cierto ahora ya en libertad, fue uno de ellos.
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