Un artículo publicado este jueves 14 en La Vanguardia y firmado por los miembros del comité creado por la Generalitat para asesorar en la gestión de los fondos Next Generation con el fin de transformar la economía, han generado decepción y preocupación.
Lo que transmite el texto parte de una idea general buena: la de misión como acción organizada colectiva para transformar el país, y también la necesidad de un plan que evite la dispersión con múltiples proyectos de los fondos europeos. Hasta aquí todo está bien. El problema comienza, como casi siempre, cuando se entra en el detalle de lo que el comité asesor plantea.
El comité (formado por Oriol Altisench, Oriol Bota, María Buhigas, Joaquim Coello, Adelina Comas, Guillem López-Casasnovas, Miquel Martí, Andreu Mas-Colell, Miquel Puig, Mar Reguant, Francesc Reguant, Carme Trilla y Montse Vendrell) critica con buena lógica el hecho de que España aún no disponga de un plan digno de este nombre dado que el documento existente «España puede» es un texto de carácter muy genérico, y alaban la excelencia de la planificación francesa (un país de larga tradición en este campo) y también el plan del gobierno vasco. Situadas así las cosas, no se entiende por qué Cataluña no ha aprovechado la ocasión para presentar, como en el caso del País Vasco, su propio plan y no sólo limitarse a señalar las carencias ajenas. Un planteamiento de este tipo tendría la virtud de situar en primer término la propuesta catalana y de empujar al gobierno español en la buena dirección. Pero los asesores no plantean nada de todo esto y se limitan también ellos mismos a formular criterios de carácter general. Esta necesidad de planificación catalana es demasiado mayor cuando el número de propuestas que se han presentado a los diferentes departamentos es muy elevado, 450 proyectos. Y no queda claro cuáles son los criterios que servirán para ordenar y dar prioridad a las propuestas.
El segundo aspecto decepcionante es que, puestos a concretar, el comité se dedica a reseñar una serie de grandes proyectos (10 una cifra bien redonda), que presuntamente tienen esta capacidad transformadora, cuando en realidad en muchos casos no pasan de ser declaraciones de buenas intenciones. Metodológicamente, señalar proyectos concretos no parece la mejor manera de crear un marco racional para seleccionar y articular las propuestas existentes. En lugar de señalar en el artículo, 10 grandes proyectos, hubiera sido mucho más útil identificar las condiciones que los proyectos deberían cumplir, creando así un marco racional que facilitara la decisión y una buena articulación del conjunto con el propósito de transformar el país: criterios relacionados con la generación de puestos de trabajo, su calidad, el impulso, el desarrollo técnico y la investigación, el impacto sobre la competitividad y la productividad, la mejora de la capacidad exportadora, la mejora de la participación en las cadenas internacionales de valor, la reducción del impacto ambiental y de la huella ecológica, la puesta en valor de recursos naturales sostenibles, la mejora del capital humano. En definitiva, son muchos los parámetros que obligan a una objetivación de cada proyecto en relación con lo que conviene alcanzar, y dentro de estos parámetros obviamente la dimensión cuantitativa sería un factor importante.
Por ejemplo, la reciente intervención en el Círculo de Economía del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, señalando que los programas de reconstrucción incidieran también en las reformas estructurales necesarias, señalando tres (el mercado laboral, la productividad y la educación) es un ejemplo del tipo de criterio que es necesario considerar. Pero el comité asesor no dice nada sobre estas necesarias reformas estructurales que sí que transformarían el país.
El tercer elemento decepcionante es que los 10 proyectos que señalan, y que es lógico pensar que han sido atentamente reflexionados, presentan omisiones y apuntan a iniciativas bien discutibles. Una omisión clamorosa es que no hay ni uno dedicado a la educación y a la mejora del capital humano, que es uno de los problemas estructurales más graves que tienen planteados tanto Cataluña como España. También se echa en falta una visión que integre las oportunidades que representa el clúster sanitario de Cataluña junto con las nuevas exigencias que la pandemia ha puesto de relieve. También llama la atención el minimalismo con que aborda la difícil situación del sector agroforestal y ganadero limitando a un curioso proyecto que señala literalmente «crear una industria de la madera que garantice la viabilidad de nuestros bosques hoy amenazados de desaparición por el cambio climático». No parece que sólo con esta respuesta tan limitada se pueda abordar las oportunidades y necesidades del monte catalán, que exigen mucho más que una simple industria de la madera.
Algunas formulaciones son expresión de buena voluntad, pero no tienen casi nada detrás, como el proyecto que señala «transformar nuestro turismo en uno más productivo que sea capaz de pagar salarios no muy inferiores al resto de sectores». Lo que no dice este planteamiento es cómo se puede alcanzar esta finalidad y a la vez mantener los niveles precovid de empleo en el sector turístico. No es difícil conseguir un turismo de calidad y mejores salarios, pero es muy complicado hacerlo sin reducir la actual capacidad a la mínima expresión. Tampoco es una conclusión brillante «transformar la industria automovilística para producir vehículos eléctricos y autónomos» porque este es un esfuerzo que la propia industria está llevando a cabo. Seguramente se les puede ayudar, pero el problema no es ese, sino disponer de una red de recarga suficiente en Cataluña y en toda España y garantizar que el mix de producción eléctrica descanse muy mayoritariamente con energías no contaminantes en su origen.
En fin, lo dicho, si eso es lo mejor que se puede presentar a la luz pública, no vamos por buen camino.
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