Una crítica razonada a las políticas del gobierno Sánchez. El deterioro del estado de derecho y de la constitucionalidad

En política no creo en la demonización del adversario, porque la posibilidad de construir el bien común requiere de la virtud de la amistad civil entre contrarios.

Al mismo tiempo, debe de existir una crítica razonada al poder político, que debe ser más exigente en la medida que éste se vuelve más intrusivo en la vida de las personas y con una capacidad creciente de influir decisivamente en todas la dimensiones de la sociedad civil. A un estado poderoso solo puede compensarlo una critica libre.

El gobierno de Sánchez ha sido un ejemplo de esta intrusión en todos los órdenes del estado, y esta es una razón fundamental de crítica: el deterioro del estado de derecho y de la constitucionalidad.

Se ha producido un asalto desde el poder ejecutivo, debilitando los poderes legislativo, judicial y constitucional. Se ha erosionado la misión parlamentaria de control y participación por vías diversas:

• El uso abusivo del Decreto Ley.
• El falseamiento procedimental en la tramitación de las leyes, a fin de acortar los plazos, obviar la consulta a órganos institucionales y disponer de los informes de las partes concernidas.
• La Mesa del Congreso, controlada desde el gobierno, ha establecido la tramitación de las leyes en función de los intereses del ejecutivo, como muestra el escandaloso bloqueo de la ley sobre los enfermos de  ELA.
• Se ha hurtado la capacidad de control del parlamento, eludiendo su intervención sobre los fondos Next Generation, o suprimiendo su  tarea cuando más necesaria era su función de control gubernamental en el momento álgido de la Covid-19, con el resultado de la declaración de inconstitucionalidad de los estados de alarma.

En otro orden de cosas, ha sido una característica continuada la falta de transparencia. La inexistencia de un rendimiento real de cuentas, la ocultación de datos en cuestiones tan importantes como el Programa Next Generation o la situación real de los trabajadores fijos discontinuos.

Se ha paralizado en gran parte al Consejo General del Poder Judicial. Que la oposición bloquee su renovación no justifica que a su vez el gobierno bloquee al CGPJ. Lo mal hecho no se cura con mayor maldad. Tampoco ha asumido las reiteradas recomendaciones de la UE sobre la forma de elegirlo.

Quizás lo más grave sea el descarado control político que se ha producido del Tribunal Constitucional, que de momento culminó con el desafuero de la sentencia sobre el recurso de la ley del aborto, cuya denegación salió adelante con los votos de tres  magistrados, incluido el presidente, que claramente estaban incursos en una recusación objetiva por haber intervenido con anterioridad en esta ley. Nunca se ha dado en el pasado una arbitrariedad de esta dimensión, que terminará con el TC ante la justicia europea. También los mismos jueces se han permitido interpretaciones jurídicas que le confieren el carácter de segunda cámara legislativa, que obviamente no tiene. El resultado es la degradación de de la mas alta instancia constitucional, que hasta ahora, mal que bien havia preservado un prestigio mínimamente razonable.

El TC está para dictaminar lo que cabe en la Constitución. En la sentencia sobre el aborto se ha producido otro hecho insólito. Como no cuadraba con la legislación de la actual mayoría gubernamental, han prescindido de la jurisprudencia del propio tribunal dictada con motivo de la primera ley del aborto. La sentencia de 11 de abril de 1985 declaró la constitucionalidad de la ley que despenalizaba el aborto en tres supuestos: riesgo para la vida o salud de la embarazada, violación y malformaciones fetales, al mismo tiempo que  ponderaba el derecho a la vida del nasciturus, que consideraba un bien constitucionalmente protegido, y los derechos de la mujer embarazada.

La negación del principio que asegura que el estado no imponga una ideología propia y su único fundamento sea la Constitución. Esta es una salvaguarda fundamental del estado de derecho. A pesar de ello, el gobierno ha impuesto el feminismo y las identidades de género como ideologías de estado. Si allí donde aparece la perspectiva de género y feminismo en los textos normativos de todo rango y condición, de leyes a instrucciones, lo sustituyéramos por otro concepto ideológico, como por ejemplo marxismo, se haría evidente que nos encontramos en una situación incompatible con un estado de derecho. Intentar aducir que aquellas teorías no componen una ideología, es el mismo tipo de respuesta que en otras épocas había aportado el marxismo. Ideología es solo lo que predican los demás. Lo propio es un análisis de lo real puro y duro.

Y aquella cuestión de haber insuflado al estado una ideología, que la reproduce y favorece en todo, incluido el adoctrinamiento escolar, ha convertido nuestro estado de derecho en un estado de leyes. La diferencia no es menor. Por ejemplo, el franquismo era un estado de leyes, pero no de derecho. En el primer caso, todo se centra en la existencia de un sistema legal, en el que sus  normas son consideradas supremas y se espera que todos los ciudadanos y entidades se sometan a ellas.

Por ejemplo, la ley sobre el aborto es inmutable. Y el concepto de violencia de género, por cierto, jurídicamente casi exclusivo de España, no podría modificarse. Y así todo aquello que forma parte de la nueva ideología del estado. En un estado de derecho, la soberanía radica en el Congreso que, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley y la Constitución, puede modificarlo todo.  Este sistema legal se aplica de manera justa, equitativa y con respeto a los derechos fundamentales de las personas. En un estado de derecho, las leyes son herramientas para proteger los derechos y las libertades individuales, y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, y no meramente instrumentos para mantener el poder de los grupos del establishment.

Finalmente, también se degrada el estado de derecho como consecuencia de la deficiente calidad de buena parte de las leyes que se han aprobado, hasta llegar al caso extremo de la ley del “solo sí es sí”.

Este es el balance del ámbito de los derechos y de la constitucionalidad del gobierno Sanchez, cuyo daño es tan profundo que ha debilitado la naturaleza democrática del estado, con consecuencias que se extienden mas allá de este mandato. Afirmar lo contrario, que no es así, exige demostrar que los hechos que se han producido no son tales; es decir algo solo posible en un universo paralelo.

Publicado en La Vanguardia digital el 10 de julio de 2023

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