A principios de este siglo el PIB de Cataluña representaba el 18,9% del español. Y el de Madrid quedaba claramente por debajo, con el 17,7%. En 2021 Madrid representaba el 19,5%, es decir, ha crecido 1,8 puntos porcentuales en lo que va de siglo y Cataluña ha alcanzado el 19%, por tanto, ha aumentado una migrada décima.
La Comunidad de Madrid mantiene un crecimiento ininterrumpido, mientras que Cataluña está estancada desde hace 2 décadas. Y este estancamiento en realidad significa perder posiciones, porque significa que otras CCAA crecen más. Esta situación se manifiesta en todos los órdenes.
Por ejemplo, en uno tan sensible como la sanidad. Catalunya tiene el dudoso honor de ser la autonomía de la que se marchan más médicos hacia otros lugares de España. Entre las 8 primeras provincias con una mayor pérdida de profesionales de la medicina en relación con el total de que disponen, se encuentran las 4 catalanas. Lleida, en primer lugar, Tarragona, en segundo, en sexto Girona y en octavo, Barcelona. Ésta es además la que en términos absolutos y con mucha diferencia pierde más médicos: 2.047. El resultado es que de los 7.000, aproximadamente, médicos que han cambiado de comunidad, según el Consejo General de los Colegios Oficiales de Médicos, el 67% corresponde a Cataluña. Está claro que presentamos déficits, si no sabemos retener nuestro capital médico.
Explicamos mucho nuestras excelencias en este ámbito, que son ciertas, pero al mismo tiempo la sanidad pública se descapitaliza de lo más decisivo, el conocimiento humano, a pasos acelerados.
O lo que ocurre con nuestro dañado sector industrial en el que continúa el bajón. Al final de tantas vueltas la actividad que sustituye a la planta de Nissan solo logrará recolocar a la mitad de la plantilla. El fracaso de la gestión pública es notorio. No se ha sabido o podido salvar ese importante ámbito, el del sector del automóvil uno de los puntales de nuestra industrialización.
Por si fuera poco, el futuro de Seat, como marca, a medio plazo es más bien negro y previsiblemente Cupra acabará fagocitándola, con lo que representará de reducción importante de puestos de trabajo. Ahora mismo la petroquímica de Tarragona ha alertado sobre el posible cierre de plantas en 2023 y ésta es la otra gran pata, con el automóvil, de la industria catalana. Este estado de cosas debería haber generado una alarma generalizada y la constitución de una comisión de emergencia en el gobierno, pero todo está sucediendo con la mayor de las indiferencias.
Ni siquiera vamos bien en lo que forma parte del discurso teórico del gobierno, las energías alternativas, donde estamos a la cola de España. Y solo nos salva un poco, solo un poco, las instalaciones de autoconsumo. El 75,5% de las nuevas autorizaciones en este ámbito son de menos de 5 kilovatios. Una vez más el minifundio. Para alcanzar el objetivo previsto para 2030 Catalunya debería multiplicar por ¡33! su actual potencial de energías alternativas.
Mientras, el gobierno se dedica a una de sus prácticas más queridas, la de subir impuestos a pesar de que ya son en su conjunto los más elevados de todas las CCAA. Ahora volverá a subir el impuesto del patrimonio, creando un nuevo tramo a partir de los 20 millones, y lo hará sin esperar a la ley de presupuestos. Se ve que hay prisa.
Y por si no fuera suficiente la única estructura de estado digna de este nombre, la policía autonómica, sigue viviendo una crisis continua bajo la desdichada gestión del conseller Elena absolutamente prisionero de las posiciones más radicales de un sector de ERC, de la CUP y de los comunes. Elena ha confundido la seguridad de Catalunya con el número de mujeres policías que deben existir en el cuerpo. Es un ejemplo más de cómo entienden el abordaje de los problemas del país la gente que nos gobierna.
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