En un mundo que, desde hace varios años no se puede decir que camine hacia la paz y la seguridad internacionales, resulta muy instructivo ver cuáles son las actividades que ocupan los organismos de Naciones Unidas.
En el entramado complejo y variado de agencias y departamentos que conforman la ONU, existe una entidad que es un sujeto particular en materia de contradicciones. Se trata del Consejo de los Derechos Humanos, con sede en Ginebra y que, como indica su nombre, debe velar por el respeto y la promoción de los derechos humanos.
Cuesta entender por qué este Consejo insiste en manipular el lenguaje de los derechos humanos tal y como figura en el texto que él mismo toma como referencia en la materia, y que no es otra que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
Uno de los términos más equívocos que el Consejo de Derechos Humanos emplea es “derechos reproductivos”, que no es otra cosa que un eufemismo para promocionar el aborto en todo el mundo.
El Consejo de Derechos Humanos utiliza regularmente el concepto de “derechos reproductivos” a pesar de que carece de todo fundamento jurídico en el derecho internacional.
En concreto, lo utiliza para presionar a los estados que disponen de leyes y políticas que protegen la vida del que todavía no ha nacido. Más particularmente, la presión se concentra sobre los gobiernos de los países con menos recursos y, por tanto, más necesidades de financiación por parte de la comunidad internacional e instituciones como la ONU.
Asimismo, una muchedumbre de entidades públicas y organizaciones no-gubernamentales, desde la Unión Europea hasta la Bill & Melinda Gates Foundation o la Planned Parenthood, amplifican el mensaje de la ONU y llevan a cabo numerosos programas en el mismo sentido.
Con el paso de los años, las Naciones Unidas, apoyadas y fuertemente influidas por estos actores, se han apropiado del papel de árbitros internacionales en numerosos ámbitos sociales extremadamente relevantes.
Esto no sería tan problemático si no fuera porque lo hacen desde una perspectiva sesgada de los derechos humanos tal y como los concibieron los redactores de la Declaración de 1948, y que se corresponde con los postulados más individualistas y subjetivistas del actual progresismo político.
Además, las decisiones y presiones que ejerce el Consejo de los Derechos Humanos suelen situarse en los límites del respeto a la soberanía de los Estados miembros, a pesar de que ésta es el principio fundador de la propia ONU (tal y como figura en el artículo 2.1 de la Carta de las Naciones Unidas).
Un ejemplo reciente de esta postura del Consejo, que tan desapercibida pasa en los grandes medios de comunicación, la encontramos en el caso de Uganda.
Tal y como relata la ONG norteamericana Alliance Defending Freedom (ADF), este país africano fue objeto en enero de 2022 de una evaluación del Consejo de Derechos Humanos llamada Examen Periódico Universal, una revisión de los derechos humanos de cada país de la ONU llevada a cabo por otros Estados miembros.
Sin sorpresas, en una mecánica que es cada vez más frecuente, el informe apuntó que Uganda debía liberalizar sus leyes en materia de aborto y establecer lo que llamó «servicios de salud y derechos de salud sexual y reproductiva» , incluyendo a los niños.
ADF trabajó con el gobierno ugandés para excluir todas las recomendaciones y medidas contrarias a la legislación nacional ugandesa y a las opiniones mayoritarias de su población, al tiempo que recomendaba acciones para mejorar las infraestructuras de salud materna y proteger mejor la libertad religiosa, especialmente la de los conversos al cristianismo provenientes del islam.
En este caso, Uganda acabó superando las presiones, pero este caso concreto demuestra con qué insistencia y hasta qué nivel de profundidad la ONU promueve una visión ideológica y sesgada de los derechos humanos.
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