La Conferencia de Presidentes de comunidades autónomas con el presidente del Gobierno es una instancia ordinaria de coordinación en la gobernanza española que debería tener una especial trascendencia.
Una sola cifra justifica esta exigencia: el 32% del gasto público no financiero corresponde a las autonomías, mientras que al Estado solo le compete el 24%. La importancia de engranar adecuadamente las políticas autonómicas con las del Gobierno central es una obviedad.
Esto significa que estas reuniones —que, además, son escasas y carecen de un calendario fijado, lo que ya señala un grave inconveniente de base— deberían llevarse a cabo tras una preparación adecuada, con documentación conocida en tiempo y forma, y un orden del día previamente consensuado. Nada de esto se ha hecho para encarar la reunión de Barcelona, como tampoco se hizo en las anteriores.
Solo el amago de incomparecencia por parte de los presidentes de comunidades gobernadas por el PP permitió incorporar al orden del día los puntos que estos querían tratar. Pero al tratarse de un añadido a lo ya decidido por el Gobierno de Sánchez, el resultado ha sido un temario kilométrico e intratable.
Plan de vivienda
Sánchez anunció, poco antes de la fecha prevista, un “plan” de vivienda por valor de 7.000 millones de euros, de los cuales 4.000 serían aportados por el Gobierno central. Esta forma de proceder es frívola e irresponsable. No se puede acudir a una reunión con una propuesta de última hora sobre un tema de Estado tan relevante y dramático como la vivienda, sin haber realizado previamente un estudio serio que dé contenido al plan, ni haber intercambiado documentación con las autonomías.
Este sería, como mínimo, el cuarto —si no el quinto— plan sobre vivienda presentado por Sánchez, con los resultados escandalosos que conocemos.
Tras siete años de gobierno, el déficit estimado es de 600.000 viviendas. Cada año que pasa sin que se cubra una parte sustancial de esa cifra no hace más que agravar la situación. Además, los 7.000 millones anunciados —de los cuales solo 4.000 serían realmente responsabilidad del Gobierno—, aunque puedan parecer una cantidad importante, resultan a todas luces insuficientes para afrontar el problema.
España no necesita un plan, sino un gran plan de vivienda. Y aunque resulte políticamente incorrecto recordarlo, durante el franquismo, con muchos menos medios, se llevaron a cabo planes extraordinariamente ambiciosos que produjeron cientos de miles de viviendas. Aunque muchas presentaban deficiencias constructivas y los entornos urbanísticos eran deficitarios, no se puede negar que una vivienda modesta en un barrio que mejora con el tiempo es preferible a la dramática situación actual de millones de ciudadanos que no pueden desarrollar su vida con autonomía, intimidad ni estabilidad, porque no logran acceder a un hogar.
Ese gran plan de vivienda debe movilizar todos los recursos y pasar, necesariamente, por la Conferencia de Presidentes. Pero no puede hacerse bajo los términos improvisados e irresponsables de Sánchez, sino como fruto de una preparación rigurosa y un acuerdo político sólido.
La oposición del Partido Popular, por su parte, ha tenido una actitud de vuelo gallináceo, como diría Josep Pla. Si su única respuesta ante la iniciativa de Sánchez es negarse a acordar nada hasta que no se cambie una supuesta política gubernamental “favorable a las okupaciones”, incurren también en una frivolidad impresentable.
En lugar de reclamar lo que realmente necesita la ciudadanía —un gran plan de vivienda— y ponerse en disposición de contribuir a él, se refugian en una cuestión que, siendo importante, no es ni de lejos el núcleo del problema. Para unos y otros, la cuestión se ha convertido en una especie de tótem ideológico. Y es evidente que con ídolos un país no avanza.
Otra cuestión clave es la reforma de la financiación autonómica.
Aunque el ámbito técnico para tratarla es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el increíble retraso acumulado —por razones políticas— y la polémica sobre la llamada “financiación singular” de Cataluña, pactada entre PSC-PSOE y ERC y de la que nadie sabe exactamente en qué consiste, exigen que el camino se desbroce en el ámbito político. Y en esto, el marco más adecuado es la Conferencia de Presidentes.
Hay que recordar que el sistema de financiación autonómica vigente fue aprobado en 2009 y debía renovarse en 2014. Sin embargo, en 2025 sigue sin reformarse, acumulando más de una década de retraso. De ese tiempo, el 70% corresponde a la etapa de Gobierno de Sánchez.
Este retraso se debe, principalmente, a la falta de consenso político entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, así como entre los partidos mayoritarios (PSOE y PP). Pero precisamente esta dificultad exigiría un trabajo continuado para construir el consenso necesario, y no solo impulsos esporádicos que aparecen y desaparecen según el rechazo que suscitan.
En este sentido, la ministra responsable, María Jesús Montero, brilla más en sus declaraciones a los medios que en la resolución de cuestiones complejas como esta. No se puede ser, al mismo tiempo, titular de un ministerio técnico como Hacienda y practicar un estilo político de hooligan: es sencillamente incompatible.
Uno de los puntos clave de la reforma es la nueva definición de “población ajustada”, que debería servir para clarificar las necesidades reales de financiación de cada comunidad, teniendo en cuenta el gasto en servicios públicos. La situación actual, como muestra la tabla siguiente, es profundamente desequilibrada:
También son materias de la Conferencia otros asuntos urgentes. La próxima cita relevante será el Consejo de Política Fiscal, donde se intentará avanzar en la reforma del sistema y en la posible quita de parte de la deuda autonómica, aunque el consenso sigue siendo muy difícil.
Por si no fuera suficientemente compleja la cuestión, el sistema de financiación no resuelto se entrelaza con otra gran asignatura pendiente: la reforma del sistema fiscal. Se trata de un compromiso que la Comisión Europea urge a cumplir, pero que hasta ahora solo ha generado proyectos guardados en los cajones.
Quizá —y eso ya sería algo— la Conferencia de Presidentes sirva para aclarar en qué consiste la financiación singular de Cataluña o para dar un paso positivo en la cuestión migratoria, especialmente en lo referente a los menores no acompañados. En este capítulo, el Gobierno también está en falso, dado que el Tribunal Supremo ha reiterado su advertencia y amenaza con sanciones si no asume su responsabilidad respecto a miles de estos menores llegados a Canarias.
Con la mano en el corazón, hay que decir que es dudoso que tales cuestiones mejoren.
No se puede acudir a una reunión con una propuesta de última hora sobre un tema de Estado tan relevante y dramático como la vivienda, sin haber realizado previamente un estudio serio que dé contenido al plan Compartir en X
