Convivir con la Covid-19 no resulta nada fácil. Desde hace días en Cataluña han empezado a disponer medidas cada vez más restrictivas al contacto social, los indicadores de la evolución de la pandemia empeoran continuamente, y todo apunta a medidas mucho más estrictas y generalizadas en la regulación de la movilidad.
Este importante rebrote, o segunda ola, no nos ha cogido tanto por sorpresa como el mes de marzo: se conocen antes los afectados, se diagnostica mejor, se combate con terapias más efectivas, y está movilizando a escala mundial ingentes recursos y esfuerzos tanto para prevenir como para combatir sus efectos. Pero es tan contagioso que hasta ahora sólo se ha podido controlar su progresión restringiendo o eliminando los contactos entre personas.
Tenemos que reconocer que las decisiones sobre medidas para controlar la pandemia son muy difíciles de tomar. Hay equilibrios difíciles de conseguir. El tópico entre optar por la economía o la salud esconde la dificultad para evaluar el efecto de cada medida concreta sobre algo o sobre la otra y poder así aproximarse a un cierto análisis coste-beneficio.
Fijémonos en que las protestas serias de los diferentes colectivos afectados por las medidas basan sus argumentos en que los beneficios en el campo de la sanidad son, según su percepción, muy inferiores a los costes que deben soportar.
Es evidente que no se sabe, por poner un ejemplo, el efecto concreto de cerrar bares y restaurantes sobre la curva de contagios. Y lo preocupante del caso es que para saberlo deberíamos poder aislar acciones y reacciones en la conducta de la gente, establecer las correlaciones, observar los tiempos de respuesta … La vida colectiva es un devenir constante,es lo que los anglosajones llaman «one shot game». La sociología del comportamiento siempre será una ciencia más imperfecta que la que se puede experimentar en los laboratorios. Justamente por estas dificultades tengo un gran respeto por las personas a quienes hemos delegado que tomen este tipo de decisiones.
Lo que está fuera de cuestión es que a toda la gente que se gana la vida en actividades que conllevan o hacen posible la relación físicamente cercana entre personas les han cortado repentinamente el flujo general de ingresos. De un día para otro te hacen cerrar la actividad por un período que puede ser largo. Esto es como una expropiación. La expropiación de un bien físico tiene una compensación buena o mala, los expedientes de regulación no dejan desamparados repentinamente al personal despedido. En el caso de los sectores afectados como bares, restaurantes, pequeño comercio, servicios culturales, algunos establecimientos turísticos y algunos sectores relacionados con la movilidad, se les ha cerrado el grifo en seco.
Paralelamente a las medidas de cierre se debía haber preparado medidas económicas de compensación directa.
Las compensaciones a la Covid-19 no son ayudas sólo del tipo de las políticas diseñadas para estimular un sector u otro, como créditos, moratorias fiscales, o promesas de participación en el reparto de los fondos europeos. Deben ser ayudas directas, de sostenimiento mínimo de un flujo de ingresos, de avance de cash. Y ejecutadas de forma rápida. Los créditos y las ayudas fiscales también, pero son de trámite lento, de regulación más compleja. Esto significa agilidad y una Administración Pública fácil, y ya sabemos por desgracia que esto no ocurre. La experiencia en los retrasos de cobro de los ERTE, que desde mi punto de vista es un gran programa de sostenimiento, minusvalora la bondad de la medida.
Y es que en esta época quien primero se ha blindado contra la pandemia han sido las mismas instituciones administrativas. Quien haya necesidad estos días relacionarse con el Ayuntamiento, Hacienda, Generalitat, habrá observado, como yo mismo, las extremas medidas de distanciamiento que se utilizan. Sin ERTE sobre la plantilla. También en este sentido es notable el desequilibrio entre el sector público y el privado a la hora de soportar los efectos económicos de la lucha anticovid.
Es notable el desequilibrio entre el sector público y el privado a la hora de soportar los efectos económicos de la lucha anticovid. Share on X