El nuevo ministro para la Seguridad Social y anterior presidente de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), José Luis Escrivá, ha presentado siempre como una de las vías de solución del déficit estructural el de la inmigración.
Lamentablemente, esta salida por ahora no es tal. Sencillamente porque las personas que vienen aportan niveles salariales muy bajos por su reducido capital humano y, por tanto, cuotas a la Seguridad Social también de menor cuantía.
Hay un desequilibrio grande entre la cuota media de estos inmigrantes y la pensión media actual. Esta dinámica lo que hace es aumentar el deficit, porque la brecha entre unos y otros tiende a crecer. El incremento del salario mínimo interprofesional puede atenuar esta diferencia, pero no la resuelve ni mucho menos.
Por otra parte, este flujo de población inmigrante compite en puestos de trabajo con el grueso de los parados actuales del 14,2%, que en su mayoría tienen una baja titulación.
Que la solución no funciona es claramente perceptible con los datos de Eurostat, que muestran el movimiento migratorio entre países europeos de acuerdo con el nivel de estudios. Entre 2007 y 2017 salieron de España 87.000 personas con niveles de estudios altos, mientras que prácticamente no se ha incorporado ninguna. Es el país del oeste que pierde más titulados, que podrían representar niveles salariales altos. Pero es que tampoco registra un balance positivo en cuanto a personas con estudios medios. Todo lo contrario de lo que sucede en Alemania, que ha visto incrementado el número de personas inmigrantes con niveles de estudios altos en 201.000, y 448.000 personas con estudios de segundo grado.
Más acentuado aún es el balance del Reino Unido, donde han llegado 838.000 inmigrantes con estudios superiores procedentes de otros países de la Unión Europea. ¿Qué significa todo esto? Pues que la estructura económica española no sólo no tiene capacidad para atraer a personas con conocimientos universitarios o de tipo medio, sino que incluso expulsa a los suyos. En estas condiciones, es inviable pensar que la inmigración contribuirá a nivelar las cuentas de la Seguridad Social.