Día tras día, con tenacidad de entomólogo, desde el poder y sus satélites mediáticos se empeñan en sumergirnos en un “universo Matrix”, una realidad paralela cuidadosamente construida para hacernos creer que todo va bien.
En ese juego de espejos participan incluso quienes deberían ser “tribunos de la plebe”. Es el caso del secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, que en un artículo publicado en 20 Minutos defendió con entusiasmo la subida de las cuotas de los autónomos, con más fervor que la propia ministra. Tan papista fue el sindicalista que, al día siguiente, el propio Gobierno rectificó su propuesta, desautorizando al entusiasta defensor.
En aquel texto, Álvarez distorsionaba los hechos para alinearse con la narrativa oficial. No es buena cosa para un líder sindical, pero lo es aún menos cuando los argumentos resultan falaces. Su defensa de las reformas de pensiones de 2021 y 2023 como la “solución perfecta” que habría dotado de estabilidad al sistema se basa en una interpretación interesada del informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Las cifras que desmienten el relato
La AIReF fue clara: la sostenibilidad del sistema no ha mejorado. Según sus proyecciones, el gasto en pensiones pasará del 12,7 % del PIB en 2022 al 16,1 % en 2050, un incremento de 3,4 puntos. El deterioro proviene sobre todo de la revalorización automática por el IPC y la eliminación del antiguo factor de sostenibilidad. Además, la AIReF advierte que el nuevo “mecanismo de equidad intergeneracional” tiene debilidades metodológicas: al centrarse en medias y permitir compensar gasto con ingresos, ofrece una visión parcial del problema, muy sensible a supuestos macroeconómicos optimistas.
El informe proyecta un empeoramiento claro: incluso tras las reformas, sería necesario un esfuerzo adicional equivalente a 2,2 puntos del PIB (unos 32.000 millones de euros anuales) para estabilizar las cuentas. Sin ajustes, el déficit público alcanzaría el 7,7 % del PIB en 2070 y la deuda el 181%. Dicho sin rodeos: el sistema no es sostenible.
El Banco de España, la demografía y la aritmética
El Banco de España comparte esas preocupaciones. Sus técnicos advierten que el sistema no se equilibra con pequeños retoques. Retrasar la edad efectiva de jubilación tiene un efecto limitado, y aumentar las cotizaciones destruye empleo: por cada punto adicional, se pierden unos 50.000 puestos de trabajo.
Pero el problema de fondo no es contable, sino demográfico. España envejece a gran velocidad. Las generaciones del baby boom comienzan a jubilarse, y la relación entre cotizantes y pensionistas se deteriora inexorablemente. La inmigración puede ayudar, pero tendría que ser masiva para sostener el sistema por sí sola: según el propio Banco de España, serían necesarios 25 millones de trabajadores extranjeros más de aquí a 2053 para mantener la ratio actual. Una cifra inverosímil que implicaría aumentar la población más de un 50 %. Y aun así, el 80 % de los inmigrantes llega sin estudios universitarios, lo que dificulta su plena integración en una economía cada vez más tecnológica.
El mensaje es inequívoco: sin reformas profundas, las pensiones futuras no podrán mantenerse en los niveles actuales.
Europa también duda
Tampoco en Bruselas se creen el optimismo del Gobierno. El Ageing Report 2024 de la Comisión Europea sitúa el gasto medio en pensiones en el 15,1 % del PIB entre 2022 y 2050. Tras descontar el incremento de ingresos previsto (alrededor del 1 % del PIB), el gasto neto se situaría en el 14,1 %, superando el techo del 13,3 % acordado con la UE. En otras palabras, España incumpliría el compromiso de sostenibilidad, con un exceso equivalente a unos 11.700 millones de euros anuales. La Comisión advierte de que serán necesarios nuevos ajustes estructurales.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) va más allá y proyecta un gasto del 17,1 % del PIB en 2050, un punto por encima de la AIReF. Desde 2010, el peso de las pensiones ya ha aumentado en tres puntos del PIB, y el proceso continúa. Su director, Ángel de la Fuente, denuncia la “ingeniería contable” con la que se ha superado el examen de 2025: el Gobierno presenta como ingresos propios de la Seguridad Social las crecientes transferencias del Estado, que en realidad solo trasladan el déficit a otro bolsillo.
Un agujero que crece
El Tribunal de Cuentas confirma la gravedad del panorama. En su revisión de la cuenta general del Estado 2023, señala que la Seguridad Social acumula un patrimonio neto negativo de 98.526 millones de euros y préstamos pendientes con el Tesoro por 116.166 millones (7,75 % del PIB). El organismo urge medidas “que garanticen la sostenibilidad a medio y largo plazo”. La tendencia es clara: cada año, la Seguridad Social necesita más transferencias para cubrir su déficit, un endeudamiento oculto que no deja de crecer.
El engaño y su moraleja
Y pese a todo esto, Pepe Álvarez sostiene que “cotizar no es pagar más, es garantizar derechos”. Pero el título de su artículo es, en sí mismo, un engaño. En nuestro sistema de reparto, las cotizaciones de hoy no garantizan nada a quien las paga: sirven para pagar las pensiones actuales. Los cotizantes de hoy dependen de los trabajadores de mañana, y esa es precisamente la parte de la ecuación que está en el aire.
El problema no es solo económico, sino moral y político: se pretende que la gente crea que pagar más ahora asegura un futuro tranquilo, cuando las proyecciones y los datos demuestran lo contrario. Ni Sánchez ni Álvarez harán las reformas de fondo que harían falta, porque su objetivo no es la sostenibilidad, sino mantener el relato.
Así funciona el universo Matrix en versión gubernamental: una ficción en la que los números se doblan, las advertencias se silencian y los dirigentes sindicales se convierten en propagandistas del poder. Pero la realidad, esa que no entiende de propaganda, acabará imponiéndose. Y cuando lo haga, muchos descubrirán que han pagado mucho… para recibir poco.
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