Por iniciativa de los partidos del gobierno en 2022, el Congreso de los Diputados aprobó pedir al Defensor del Pueblo un informe para fundamentar políticas públicas de los abusos sexuales a menores, pero limitado extrañamente sólo a aquellas personas que estuvieran vinculadas a ámbitos de la Iglesia católica.
Este hecho claramente discriminatorio, con la Constitución en la mano, porque señalaba a un grupo social como principal responsable de un delito (imaginémonos la escandalera que hubiera provocado un texto similar pidiendo que se hiciera un informe sobre los robos, pero limitados sólo a los gitanos) fue contestado y reclamada su rectificación por diversas organizaciones, entre ellas e-Cristians, que seguramente fue la que presentó informes más detallados. La razón de la discrepancia era importante y concreta. Los informes constataban que menos del 1% de este tipo de delitos podían atribuirse a personas vinculadas a instituciones católicas, de acuerdo con todos los datos disponibles y que, por tanto, si se llevaba a cabo con este enfoque, el 99% de los casos quedaban fuera. Este sesgo tan grande haría, como así ha sido, que los resultados quedaran muy distorsionados.
El informe llevado a cabo por el Defensor del Pueblo confirma esta previsión porque resulta que el grupo más afectado es el de niños, lo que constituye un error flagrante, y que los autores tienen mayoritariamente tendencias homosexuales y homoeróticas, lo que tampoco responde a la realidad.
Ahora, un nuevo informe de la Fundación IR vuelve a poner el tema sobre la mesa, apoya la crítica hecha en el acuerdo del Congreso del informe del Defensor del Pueblo y da la razón a aquellos que pedían una indagatoria de los abusos sexuales en menores que contemplara el conjunto de los delitos.
Este informe de ANAR, basado en los casos que han pedido ayuda a esta fundación, comprende el período 2019-2023 y hace referencia a 4.522 menores. Las conclusiones deberían mover a una acción del gobierno. También en Catalunya, que ha reproducido miméticamente lo que hace el Congreso de los Diputados. Porque resulta que este tipo de delitos ha crecido extraordinariamente entre aquellos años, ha aumentado un 55% y los casos se han multiplicado por 4,5. La gran mayoría de afectados son chicas y adolescentes femeninas, el 79%, y el perfil del agresor tipo es el de un hombre, 94%, y la mayoría mayores de edad, 79%. Los delitos son producidos A 79,5% en personas del entorno de la víctima y la mitad son familiares de ella.
La edad media de la víctima es de 12,5 años, el 41% proceden de familias inmigrantes y el 36% de familias monoparentales. Por tanto, el peso de estos grupos es extraordinariamente mayor que el que en realidad tienen en el conjunto de la población y en consecuencia señalan dos de los focos del problema.
Un 11% de las agresiones sexuales se producen en manada y éste es un valor en alza. Estos datos son consistentes con el informe de delitos contra la libertad sexual del año 2022 del ministerio del Interior, que señala que de las 18.731 denuncias interpuestas por violencia sexual, el 44,5% han tenido como víctimas a un menor de edad. Ésta es la gran dimensión del problema, que los gobiernos, tanto catalán como español, quieren ignorar. Además, en ese caso el 82% de los menores eran de sexo femenino. El agresor fue en casi la totalidad de los casos un hombre y el 16% eran menores de edad.
En definitiva, lo que confirman una y otra vez los datos es que el problema está extendido, es creciente (y aquí todavía habría que añadir la pornografía infantil que afecta a amplios entornos de la víctima y en una medida destacada a la misma familia) y también, como señalan otras fuentes, son focos importantes la misma escuela y las actividades de ocio, en gran medida, que dependen directamente de las administraciones del estado o autonómicas.
A pesar de estas evidencias, los gobiernos prefieren Eludir al problema y centrar el foco en el 0,4% de los casos atribuibles a personas vinculadas a la Iglesia católica. Con estas políticas es evidente que jamás resolveremos esta dramática violencia.