Era un problema anunciado por la forma como se quiere desplegar el IMV. El primer día de funcionamiento de esta nueva ayuda tuvo como resultado el colapso de la línea telefónica habilitada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para acceder a la ayuda, que sólo funciona de 9 a 14 h. También afectó al funcionamiento de la centralita del Instituto Nacional de la Seguridad Social e incluso en algunos momentos afectó al acceso a la página web.
¿Por qué era de esperar que se produjera el colapso? Pues por el modelo de organización que ha diseñado el Ministerio, haciéndolo depender directamente de la Seguridad Social, sin participación de las comunidades autónomas, y contando con los ayuntamientos. Esta disponibilidad municipal, sin embargo, no ha venido acompañada de ningún acuerdo con ellos y no se ha suscrito el correspondiente convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias para gestionar territorialmente esta ayuda. Por lo tanto, a estas alturas, los cientos de miles de personas potencialmente interesadas (el ministro José Luis Escrivá lo situaba en torno a las 850.000 personas), deben ir directamente a un único punto que es el Ministerio. Los ayuntamientos además plantean un hecho lógico: el coste de la nueva gestión, y piden 200 millones de euros, cuestión que de momento no está resuelta. Una vez más, el gobierno español incurre en el vicio histórico de establecer leyes que para su cumplimiento dependen de otras instancias sin tener en cuenta los costes y organización de estas. Esta gestión municipal afecta a los municipios de más de 20.000 habitantes.
Se produce además un segundo problema, que es el salto de escala. Más de 400 municipios gestionarán esta petición directamente en el lugar central, la Seguridad Social, que es quien acabará tomando la decisión. Está por ver que la Seguridad Social tenga capacidad para gestionar toda la fase inicial de estas ayudas, y que no se produzca un atasco y las correspondientes dilaciones, como ya ha sucedido con los ERTE.
De esta situación quedan exentas el País Vasco y Navarra que, una vez más, han obtenido el privilegio de ser las únicas autonomías que recibirán los recursos del IMV y los gestionarán directamente, con lo que significará de ahorro para estas comunidades autónomas y los ayuntamientos, así como mayor agilidad en la tramitación. José Luís Escrivá se ha opuesto siempre a que se generalizara la fórmula autonómica por considerar que las CCAA no estaban preparadas para llevarlo a cabo.
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