Primero fue la Fiscalía quien comenzó a investigar las subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona en el observatorio DESC y a su pequeña galaxia de entidades satélite. Entre ellas, y en orden de subvenciones, destacan Ingenieros Sin Fronteras, PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética. Todas estas entidades fueron la base de la plataforma electoral que llevó a Colau a la alcaldía. EL núcleo es el observatorio DESC, hoy dirigido por Jordi Borja, que permitió a Colau trabajar a plena dedicación durante el período previo a la alcaldía hasta construirse una potente imagen de líder social.
Esta denuncia incorpora los conceptos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, y ha sido llevada a cabo por Abogados Catalanas por la Contitución. El motivo concreto son los 3,4 millones de euros que han recibido estas entidades, de los cuales 1,2 millones han sido dirigidos a DESC y 645.629 euros a Ingenieros Sin Fronteras. También han sido denunciados, dentro del mismo paquete, la ex concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, la de Derechos Sociales, Laia Ortiz, la cuarta teniente de alcalde, Laura Pérez Castaño , y la asesora municipal de vivienda Vanesa Valiño. El texto de la Fiscalía sitúa en aquellos delitos el motivo de su indagatoria que corra a cargo de la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada.
La otra denuncia es en el Tribunal de Cuentas, que también ha iniciado el procedimiento. Ha sido realizada por la Sociedad General de Aguas de Barcelona, bajo la acusación de que Ada Colau y el concejal Eloy Bahía han cometido ilegalidades en el proceso de impulso de municipalización del agua de la ciudad. Esta nueva denuncia está centrada en Ingenieros Sin Fronteras, que ha recibido una cifra, sumando lo que ha recibido entre el 2016 y el 2018 y entre el 2012 y el 2015, que supera el millón de euros. Una cantidad extraordinaria para una entidad que no presenta un currículo de realizaciones particularmente significativo. Y es que la historia no comienza ahora, sino que ya viene del anterior mandato, cuando los medios de comunicación ya se hacían eco de la abundancia de subvenciones que recibían aquellas entidades de las que había salido Ada Colau.
La característica de DESC, como de las otras organizaciones de su entorno, es que no viven de los recursos que consiguen por sus propios medios, sino de las subvenciones públicas. Esta es una característica común a otros casos y que ha creado una espesa telaraña de intereses partidistas a través de la subvención pública. Todas estas organizaciones, que se presentan como ONG, son en realidad, si se observa su fuente de financiación, entidades públicas camufladas que sirven sobre todo para pagar salarios a personal político de la misma cuerda y desplegar activismo de partido con dinero público. Este hecho pone de relieve una vez más la importancia que tendría una legislación que limitara las subvenciones a la capacidad de la autofinanciación de las entidades que las reciben, de manera que las ayudas públicas no pudieran superar un límite de los recursos totales que captan, por ejemplo el 33% del presupuesto total. Mientras esto no se haga, esta vía de corrupción, más o menos legal, continuará funcionando. Es clamoroso el hecho de que ningún partido político haya tomado la iniciativa de proponer una legislación de este tipo.
En el caso de Ada Colau, DESC y su galaxia, hay que decir que el núcleo originario del poder municipal de los Comuns surge de allí. No sólo en el caso de Ada Colau, sino también del que fue primer teniente de alcalde Gerardo Pisarello, que fue vicepresidente de DESC y hoy es miembro de la mesa del Congreso, y también Jaume Asens , que fue tercer teniente de alcalde en el primer mandato de Colau y hoy uno de los portavoces destacados de UP en Madrid. Gala Pin trabajó en el área de comunicación y Vanesa Valiño era directora de DESC y pareja de Pisarello. Águeda Bañon, que también estaba en el área de comunicación de DESC, pasó a ser directora de comunicación del Ayuntamiento, y Carlos Macías, Que también pertenecía a esa plataforma, fue incorporado como asesor en la política de vivienda. Eloi Badia, otro de los inculpados y que comenzó en el Ayuntamiento como concejal de presidencia de Agua y Energía, es quien en el pasado impulsó ISF , ahora también en la picota. Todas estas organizaciones han visto crecer las aportaciones del Ayuntamiento de Barcelona de una manera muy considerable y en carácter lineal.
La actuación de la Fiscalía no coge, por tanto, por sorpresa a nadie, porque era un hecho notorio que todas aquellas plataformas eran objeto de un trato privilegiado por parte de Ada Colau.
La Fiscalía y el Tribunal de Cuentas han comenzado las indagatorias sobre Colau y su entorno Clic para tuitear
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