El juicio que hoy se celebra y que tiene como único imputado a Torra, comportará previsiblemente una sentencia de inhabilitación para ejercer cargos públicos por un delito de desobediencia. La Fiscalía pide veinte meses, y falta ver si el Tribunal asume esta petición o la rebaja.
Si la inhabilitación es larga, de nueve meses o más, la consecuencia última sería unas rápidas elecciones anticipadas. Si fuera una inhabilitación simbólica, de unos pocos meses, Torra podría quedar suspendido de sus funciones, pero regresar, y mientras la presidencia quedaría ejercida por su vicepresidente, Pere Aragonés.
En este último caso, no tendría que haber elecciones. Aunque, dado que el deseo generalizado es que se produzcan, un escenario probable sería que se convocaran aprovechando la ocasión.
En el caso de la inhabilitación más larga en el tiempo, Aragonés ocuparía igualmente la presidencia provisionalmente y el Parlament podría elegir a un nuevo presidente como ya hizo con Puigdemont. El problema en este caso es que el bloque independentista formado por JxC y ERC solo suman 66 escaños, muy lejos de la mayoría absoluta, e incluso insuficientes en una segunda vuelta, cuando solo se necesita la mayoría simple, en el supuesto de que todas las otras formaciones votaran en contra.
La CUP podría resolver este escenario negativo votando a favor, pero no parece factible dado que también se inclinan por ir a una nueva cita electoral.
Pero antes de que Torra quedara inhabilitado, y por tanto con anterioridad a que se despliegue el escenario indicado, se tendría que producir la sentencia del Tribunal que lo juzga, hecho que se puede dar a corto plazo puesto que se trata de un procedimiento judicial muy sencillo. Con toda seguridad, antes de Navidad. Producido este hecho, Torra puede recurrir al Supremo y en este caso se abre una puerta a la incertidumbre en cuanto a los plazos. La opinión más extendida en círculos del gobierno catalán es que la sentencia de esta instancia sería muy rápida y podría estar lista el mes de febrero. Pero este optimismo choca con la casuística, porque el plazo estándar de resolución de un recurso de casación, como es el caso, se sitúa alrededor de 12 meses.
En este supuesto, las elecciones, al menos a consecuencia de la inhabilitación, ya no serían durante el 2020.
Una vez fracasada la propuesta de un candidato en el Parlament, las elecciones no se producirían antes de 40 días. Por lo tanto, en el supuesto rápido en cuanto a la sentencia del Tribunal Supremo, la cita electoral se podría producir a finales de marzo o principios de abril.
En toda esta compleja situación, es evidente que las voluntades políticas pesarán tanto o más que los ritmos judiciales. Una es la voluntad de elecciones por parte de la mayoría de los grupos, la otra es la nueva variable: Artur Mas finaliza su inhabilitación el mes de febrero y podría ser un candidato en potencia. Pero también cabe la posibilidad que, según cómo evolucione el caso Junqueras en cuanto a su reconocimiento como diputado en el Parlamento europeo, este tendría un efecto sobre Puigdemont, que podría volver a ser candidato a la presidencia porque tendría la inmunidad del Parlamento europeo. Pero en el momento de proclamarse candidato o de ser escogido perdería la condición de diputado europeo y, por lo tanto, la inmunidad.
Como se deduce fácilmente de todo esto, la política catalana transita por caminos muy complejos que tienen como consecuencia la imposibilidad de gobernar mínimamente bien.
