Sánchez atraviesa el Rubicón, es decir, toma una decisión de arriesgadas consecuencias y que no tiene vuelta atrás, ataca directamente a la justicia.
La evolución del presidente del gobierno hace crecer una grave nube de preocupación. Hará todo lo que tenga a su alcance y más por no abandonar el poder. Esa consideración debería abrirse camino y quedar asentada porque señala un grave problema para la democracia española.
Pero vamos a los hechos: Sánchez ha publicado una nueva carta en su cuenta de «X» con motivo de que el juez titular del juzgado 41 de Madrid ha citado a declarar como imputada a Begoña Gómez el próximo 5 de julio.
En su segunda carta, el presidente del gobierno hace una consideración totalmente razonable. Dice que no es habitual que se dicten y se hagan públicas resoluciones judiciales que puedan incidir en el desarrollo de una campaña electoral. Sin embargo, esta constatación formulada como queja tendrá un sentido, pero Sánchez va más allá y la convierte en un ataque a la justicia al afirmar que se trata de un montaje sin precedentes impulsado por asociaciones de ultraderecha ayudadas por una coalición reaccionaria de medios de comunicación que difunden lo que es un zafio montaje.
Cabe recordar que su anterior carta, que le proporcionó dividendos electorales y sobre todo cohesión en torno a su persona en el ámbito del partido, tuvo una repercusión internacional francamente negativa, porque la mayoría de los medios lo que reseñaron era lo que ahora se confirma, la sospecha de corrupción por las prácticas de la mujer del presidente del gobierno.
En las encuestas realizadas a la opinión pública española se constata que el 66% considera que la carta de Sánchez tuvo un efecto negativo sobre la imagen del país y un 60% creía que Sánchez debía dimitir después de esa carta, si bien el 81% de los votantes del PSOE consideraba todo lo contrario. Sin embargo, desde el punto de vista del presidente del gobierno seguramente su balance es positivo porque ahora reitera la jugada.
El problema, que ya sería lo suficientemente grave, no es que quiera acusar al juez Juan Carlos Peinado de prevaricar, al afirmar que actúa de acuerdo con montajes de la derecha y la extrema derecha, sino que hay que recordar en el momento actual que la causa que sigue el juez está refrendada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Éste se pronunció a instancias de un recurso superurgente de la fiscalía sobre el que, por cierto, en su auto, el juez Peinado remarca la diligencia insólita con la que se llevó a cabo y que tuvo como resultado un disparo por la culata, porque no solo no logró que el TSJM detuviera el procedimiento abierto sobre la mujer de Sánchez, sino que validó parte de éste.
El auto de la audiencia de Madrid rechazó el recurso de la fiscalía y, eso sí, eliminó todo un primer bloque de la denuncia formulada por Manos Limpias porque era inverosímil o tenía datos erróneos. Pero, y esa es la cuestión importante, indicó al juez que prosiguiera la investigación en todo lo que hace referencia a las recomendaciones hechas por Begoña Gómez ante el gobierno en relación a unas empresas que se habían presentado a concurso. Concretamente, la UTE de Innove Next SLU, del grupo Barravés, vinculado a las actividades académicas y profesionales de Begoña Gómez.
Por tanto, no es sólo un juez el que avala el procedimiento, sino un tribunal superior de justicia territorial. Y esto agrava y mucho la carta de Sánchez.
La cuestión es si es posible mantener como presidente del gobierno a una persona que se enfrenta pública y abiertamente a la justicia sin dar a la vez ningún tipo de explicación.
Porque lo que no ha hecho Sánchez en ningún momento es dar cuentas al Parlament, que en definitiva es quien le ha elegido, sobre los aspectos concretos que cuestionan a su mujer. Porque más allá de la cuestión penal y de la necesaria presunción de inocencia, lo que es evidente es que Gómez no puede llevar a cabo la actividad profesional que despliega basada, por un lado, en unos nombramientos al menos muy dudosos desde del punto de vista académico, realizados por la Universidad Complutense de Madrid, y codirigir una cátedra y dos másteres sin tener siquiera una titulación universitaria, con el ascenso a la presencia del gobierno de Sánchez.
Por si fuera poco, no es de ninguna manera admisible que base su actividad profesional en recaudar dinero para esta cátedra y esos másteres que después le pagan a ella a través de la Universidad, acudiendo a las empresas, porque es evidente que la mujer de un presidente del gobierno no puede dar la imagen de que existen intercambios económicos.
Sánchez se refugia en que su esposa tiene derecho a trabajar. Pero, obviamente, ésta no es la cuestión, sino en qué trabaja y en qué condiciones logra su retribución profesional. Ésta es la cuestión. Ni el presidente del gobierno ni su mujer han querido dar nunca explicación alguna de una forma de proceder totalmente inadecuada. La bola se ha hecho mayor, ha acabado petando en un juzgado y ahora Sánchez lo transforma en una cuestión electoral y política y, lo que es más grave, en un conflicto con los jueces.
Todo ello define una situación insólita en la UE, que aún puede acentuarse si, además, una parte importante del electorado avala la conducta de Sánchez con sus votos.
Begoña Gómez, pese a ser la esposa del presidente, no puede tener inmunidad ante la justicia. Y éste es el corolario final de la penosa situación actual.
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