Unas 50.000 personas según la Guardia Urbana, muchas más según los organizadores, participaron en la manifestación que había convocado Sociedad Civil Catalana en el paseo de Gràcia, entre la calle Provença y la Gran Via. Es una cifra razonable por los tiempos que corren, pero que evidentemente no va a alterar nada.
Hay que decir que el PP le puso mucha carne a la parrilla. Vino Núñez Feijóo y también un buen número de presidentes autonómicos con Ayuso a la cabeza, y junto a ella Jorge Azcón, de Aragón, Juan Moreno, de Andalucía, Fernando López Mires, de Murcia, y la dirección casi en pleno del partido. Algo parecido hizo Vox que acudió con Santiago Abascal y su secretario general, Garriga, que antes fue líder de Vox en Catalunya.
Hubo una participación indeterminada de personas venidas de fuera de Cataluña, pero esto no cambia que el grueso era básicamente local. Se había pedido que no se fuera con insignias de partido, lo que se cumplió y todas las intervenciones corrieron a cargo de miembros de SCC empezando por su presidenta, Elda Mata, y también el vicepresidente, Alejandro Ramos. La única excepción fue, Francisco José “Paco” Vázquez, quien fue el alcalde de La Coruña durante mucho tiempo, presidente de la Federación Española de Municipios y embajador en la Santa Sede entre 2006 y 2011, por tanto, destacado dirigente socialista hasta que abandonó el partido por incompatibilidad con su política.
No acudió el PSC a diferencia del precedente de la manifestación del 2017. Está claro que eran otras épocas. Entonces gobernaba Rajoy y ahora lo hace Sánchez que como es evidente necesita el voto independentista para gobernar. En este sentido, el ministro de la presidencia Félix Bolaños, una vez más exhibió un cinismo excesivo con sus declaraciones manifestando que la manifestación era de partidos «nostálgicos del enfrentamiento» a diferencia de que el PSOE siempre «Está a favor» del diálogo, la convivencia y la constitución”. Claro, pero el propio PSOE, estuvo a favor de la aplicación del artículo 155 de la Constitución interviniendo la Generalitat y de todas las medidas penales y policiales que se adoptaron. Es más, en las últimas elecciones generales de julio Sánchez fue con un “no” a la amnistía y todo lo que destierra ahora está fuera de su programa electoral. Claro que será igual, porque uno de los problemas de nuestra política es la débil memoria del ciudadano.
Estamos situados en el eterno retorno de la acción y la reacción. Cuando parece florecer para el independentismo, se produce una reacción en sentido contrario. Cuando la fuerza del independentismo se apagaba porque los seguidores se sienten frustrados o decepcionados, la reacción también lo hace. Sin embargo, sacar a la gente a la calle en Catalunya con un resultado como el expuesto, sin ser un fracaso, tampoco se puede considerar, o al menos ofrece muchas dudas, que sea un acierto.
Porque las manifestaciones pueden ser de dos tipos. Testimoniales para hacer acto de presencia necesaria o de fuerza. Ciertamente, la de la SCC no fue de estas últimas. Y no parece que esta falta de potencial transformador sea una buena opción para sacarla a la calle. En definitiva, una manifestación permite contar, y esto hoy día a menudo es un problema. Véase cómo ni JxCat ni ERC cometerán el error de convocar una manifestación a favor de la amnistía y la autodeterminación.
Con ese objetivo y con muchas más cosas se produjo el 11 de septiembre con unos resultados en el mejor de los casos muy discretos.
Hay 4 problemas clave con una incidencia temporal distinta pero que confluyen. Uno es que Sánchez fomenta la polarización basada en la indigencia cívica de una parte de la sociedad española, que ni tiene memoria ni sigue la política ni es exigente con la calidad de ésta. Sólo sabe quejarse y pedir la parte de la tarta que le corresponde. Con ese bagaje de gobernantes y gobernados difícilmente se puede ir muy allá como país.
Una segunda cuestión clave es que la aprobación de una ley sobre la amnistía no garantiza que tenga los efectos pretendidos ni siquiera que sea aplicable a corto y medio plazo porque los caminos judiciales con toda certeza serán tan procelosos que puede ocurrir tranquilamente que Puigdemont, pese a la ley, pase años sin poder acudir a España por riesgo de ser encarcelado.
La tercera, el PP transforma el problema catalán en alimento electoral en el resto de España. Algo que por acumulación ha acabado determinando que independentismo y Catalunya sea casi lo mismo, excepto si el catalán se manifiesta como un españolista de pro, más papista que el papa, pero como colectividad está marcado y el PP tiene mucha responsabilidad .
Y este hecho liga con la cuarta cuestión clave, con la que en Catalunya el PP es política y culturalmente marginal, no llega ni a la consideración de disidencia. Pero lo peor es que gran parte de sus dirigentes locales y de la militancia están encantados de vivir en este gueto político. El resultado puede expresarse claramente con unas cifras. Socialistas 19, populares 6. Que son los diputados que respectivamente sacaron en las últimas elecciones generales.
Mientras se produzca este decalaje, el problema catalán tendrá difícil solución porque el partido alternativo en España no tiene otra propuesta que ir a la contra, pero es que además este escenario hace muy difícil que Feijóo o, en su caso su sucesor, pueda llegar a gobernar porque representa que junto a la dificultad del fraccionamiento de los partidos políticos se añade que debe amortizar al resto de España el gran diferencial de escaños que socialistas le quitan a Catalunya.
Hasta que el PP no asuma de forma natural y lógica lo que es el grueso del país, que es un determinado sentido de catalanidad, de valoración por la lengua, la cultura y las tradiciones del país, todo esto difícilmente tendrá solución. Ni para la derecha española ni para un escenario de real tranquilidad para Cataluña porque la amnistía tendría un alcance muy diferente si en lugar de constituir un intercambio de favores para que Sánchez se pueda mantener en el gobierno fuera un pacto grande de estado entre las dos principales fuerzas políticas españolas.