En una Unión Europea obsesiva con los “riesgos para el Estado de derecho” –reales o imaginarios, según el caso– existe un país que opera desde hace años fuera de todos los estándares democráticos básicos: la España de Pedro Sánchez. Una anomalía institucional tan diáfana que, de haberse producido en Budapest o Bratislava, Bruselas ya habría levantado todos los mecanismos disciplinarios de que dispone.
Lo central es de una simplicidad desconcertante: España hace tres años que no aprueba unos presupuestos generales, ni siquiera sin atreverse a presentar un borrador. El gobierno opera con cuentas prorrogadas de una legislatura anterior, sin control parlamentario real y sin legitimidad renovada. Y, sin embargo, nadie en la Comisión Europea parece inquietarse.
En el derecho comparado europeo, la situación sería insostenible. En cualquier otra capital, un ejecutivo incapaz de obtener apoyo parlamentario para la ley fundamental de gobernanza pública -los presupuestos- estaría obligado a someterse a una moción de confianza o convocar elecciones. No es cuestión partidista: es la base del contrato democrático.
Sin un candidato alternativo con mayoría absoluta, el Ejecutivo puede resistir indefinidamente.
Pero la arquitectura constitucional española —un producto de excepcionales circunstancias de la Transición— convierte la moción de censura en una figura prácticamente ornamental. No sirve para retirar un gobierno, sino solo para sustituirle. Sin un candidato alternativo con mayoría absoluta, el Ejecutivo puede resistir indefinidamente.
Este agujero negro institucional permite que el Gobierno Sánchez se mantenga sin dar cuentas, mientras proclama peligro tras peligro para la democracia en otros países. El contraste con la tolerancia exhibida cuando la deriva iliberal es propia resulta, como mínimo, perverso.
Europa, a ciegas ante su primer receptor de fondos
La cuestión no es meramente formal. España no es un socio menor: es el principal receptor de fondos europeos. Y la Comisión -que debe supervisar el uso de estos recursos- se encuentra gestionándolos sin la brújula esencial que representan unos presupuestos aprobados. La paradoja es mayúscula: Bruselas vigila con lupa a gobiernos que sí disponen de estabilidad fiscal mientras tolera que uno de los estados más beneficiados funcione con presupuesto zombi.
Un estilo de gobierno que recuerda más al franquismo tardío -también aficionado a los decretos- que a una democracia consolidada.
Ahora, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya ha dejado entrever la salida: gobernar por decreto buena parte de las reformas prometidas para desbloquear los fondos Next Generation. Es decir, convirtiendo en práctica rutinaria lo que, en cualquier manual democrático, es el último recurso. Un estilo de gobierno que recuerda más al franquismo tardío -también aficionado a los decretos- que a una democracia consolidada. Pero ese detalle tampoco ha despertado gran alarma en Bruselas.
Corrosión institucional: tramas que salpican al Estado profundo
La degradación democrática no llega sola. El entorno institucional del gobierno se encuentra inmerso en un goteo de tramas corruptas que ya no afectan solo a concesiones públicas, sino que penetran organismos estratégicos del Estado.
Entre las noticias de esta primera quincena de diciembre, destaca la explosión del caso Leire Díez / SEPI : detenciones por cohecho, tráfico de influencias e irregularidades masivas en contrataciones públicas. Las conexiones tocan figuras relevantes del PSOE y de la propia SEPI, un organismo clave en la gestión de empresas públicas.
También existe el rastro que lleva al socio de Santos Cerdán, implicado en el llamado caso Cerdán, con indicios que apuntan a una red que pivotaba entre el partido, empresas amigas y adjudicaciones bajo sospecha. Estas tramas no operan en los márgenes del sistema: ocupan despachos oficiales, empresas públicas y estructuras de poder.
Todo ello coincide con otro frente abierto: el juicio oral en el Tribunal Supremo ante José Luis Ábalos, Koldo García y Aldama por la trama de las mascarillas. O con el goteo de casos de acoso sexual en la organización, una crisis moral interna que erosiona aún más la credibilidad del partido y del presidente.
Una pregunta que Bruselas ya no puede evitar
La conclusión es tan incómoda como inevitable:
¿Puede la Unión Europea permitirse mirar hacia otro lado mientras uno de sus Estados miembros gobierna sin legitimidad parlamentaria, sin presupuestos y entre escándalos sistémicos?
La respuesta, si Europa quiere mantener la coherencia con sus principios constitutivos, debería ser un no rotundo. Porque la Unión no es solo un mercado o un regulador: es una comunidad política basada en la ley, la transparencia y la responsabilidad democrática. Y cuando el primer beneficiario de sus fondos viola estos principios, la Comisión tiene no solo el derecho, sino el deber de llamarle al orden.
España necesita una moción de confianza, unas elecciones o una regeneración institucional profunda. Y Europa necesita demostrar que sus valores fundacionales no dependen de quien gobierne, sino de la calidad de la democracia que dice defender.
España lleva 3 años sin presupuestos y la UE no mueve ni un dedo. ¿Dónde está el control democrático? #España #UE #Democracia Compartir en X
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