La inversión social en Cataluña, que abarca la sanidad, la educación y los servicios sociales, muestra un preocupante retraso en sus prioridades. Según el estudio de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España, realizado por Gonzalo Caballero, Álvaro Revilla, José Manuel Ramírez y Ana María Aranda, la situación de Cataluña en este ámbito es alarmante. El análisis, que incluye más de 100 tablas y gráficos, revela que Cataluña ha quedado rezagada en términos de gasto social durante más de una década.
Entre 2009 y 2022, el incremento del gasto social en Cataluña fue de solo el 4,68%, colocándola en el último lugar. Para ponerlo en perspectiva, Castilla-La Mancha, penúltima en la lista, casi duplicó este crecimiento con un 8,39%, y Baleares lideró con un aumento del 48%. Esta falta de inversión ha frenado mejoras significativas en sanidad, educación y servicios sociales, lo que implica más de una década perdida en el avance de estas áreas clave.
El comportamiento negativo no solo se observa en la evolución a largo plazo. En 2022, el gasto autonómico en políticas sociales, medido como porcentaje del presupuesto total, fue de solo el 48,63% en Cataluña, el más bajo de España. La media nacional fue del 58,78%, con Castilla y León a la cabeza, destinando más del 67% de su presupuesto a políticas sociales, y Andalucía en el 65,79%. Madrid, con el 42,31%, y el País Vasco, con el 49,71%, superaron a Cataluña.
En términos de euros por habitante, Cataluña vuelve a quedar en los últimos puestos. Con 2.781€ por persona, ocupa la penúltima posición, superando solo a Madrid, con 2.399€. Ambos se sitúan muy por debajo de la media nacional de 2.939€. Esta escasez de gasto se ha visto agravada por una disminución real en la inversión social por habitante en los últimos años: mientras que la media española ha crecido en 404€, Cataluña ha reducido su inversión en 6,38€ por persona desde 2009.
Lo que resulta particularmente llamativo es que, a pesar de ser una de las comunidades autónomas más endeudadas, con una deuda superior al 30% de su PIB, Cataluña no ha priorizado las áreas esenciales de su gasto social. Otras regiones con problemas de financiación similares, como Valencia, han logrado mejores resultados, incrementando el gasto por habitante en 855€, frente a los 167,8€ de Madrid.
Esta situación requiere urgentemente un debate público y parlamentario sobre las razones detrás de esta baja inversión en sectores tan críticos. No es suficiente argumentar que Cataluña tiene una mala financiación autonómica, ya que otras comunidades con problemas similares han demostrado ser más eficientes en este aspecto. Además, el altísimo endeudamiento sugiere que, aunque se ha gastado mucho más de lo que se ha ingresado, no se ha destinado a lo que es verdaderamente prioritario: la sanidad, la educación y los servicios sociales.
Cataluña necesita una revisión profunda de sus prioridades presupuestarias. Es necesario replantear su enfoque desde un «presupuesto base cero», evaluando cada partida desde cero para identificar y corregir las distorsiones que han desviado los recursos de las necesidades básicas de los ciudadanos. Si esta tendencia no se revierte, la calidad de vida en Cataluña seguirá deteriorándose, especialmente en los sectores más vulnerables de la sociedad.
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