Lo que ya anunciamos hace un mes ha terminado materializándose el pasado 9 de abril: las dos principales fuerzas políticas tradicionales de Alemania, los democristianos de la CDU-CSU y los socialdemócratas del SPD concluyeron un acuerdo de coalición para gobernar el país.
Sin embargo, esta combinación está en buena parte desprovista de su sustancia histórica, cuando se conocía como «gran coalición». Si bien en los años 60 la unión de los dos principales partidos logró controlar aproximadamente el 90% del parlamento federal, este año supera apenas el 50% de los escaños.
Su ventaja legislativa es tan magra que hace unas semanas los líderes de ambos partidos se unieron con la otra fuerza política tradicional superviviente, los ecologistas (los liberales, la habitual bisagra parlamentaria, han literalmente desaparecido del mapa legislativo). El objetivo, aprobar a toda prisa una enmienda constitucional que debe permitir un gigantesco plan de endeudamiento.
Había que votar la medida rápido, antes de que se estrene la nueva legislatura, en la que las fuerzas políticas que están a favor ya no reúnen a las dos terceras partes de los escaños necesarios.
Se espera que Merz sea nombrado canciller de Alemania a principios de mayo.
Cabe apuntar que el candidato a canciller y líder democristiano Friedrich Merz ha logrado un acuerdo de coalición de forma inhabitualmente rápida por los estándares alemanes. Esto sería debido a la tensa situación internacional, marcada por la guerra comercial lanzada desde Estados Unidos por el presidente Donald Trump, y por la amenaza que supone la Rusia de Vladímir Putin.
El programa del gobierno de coalición pactado entre cristianodemócratas y socialdemócratas prevé recortes de impuestos para empresas, incentivos a la inversión y una rebaja del coste de la electricidad.
En materia de inmigración, la CDU-CSU se ha desdicho de sus promesas más ambiciosas ante la negativa del SPD, limitándose a «reducir en buena parte la inmigración ilegal», aunque se ha comprometido a lanzar una «ofensiva de repatriaciones» y suspender la reunificación familiar. Sin embargo, el acuerdo mantiene el estatus de Alemania como un «país de inmigración».
Por otra parte, en declaraciones a la prensa, Merz se mostró muy prudente hacia Estados Unidos, presentando a Alemania como un socio firme, e insistiendo en que cumpliría sus obligaciones en materia de defensa e incrementaría su competitividad.
La letra pequeña del acuerdo es el uso del endeudamiento como principal instrumento de gobierno, deshaciendo una de las escasas ventajas competitivas que todavía conservaba Alemania. El gobierno abrirá un fondo especial de 500.000 millones de euros fuera de control presupuestario ordinario.
La gran coalición de Merz basará el crecimiento económico en el endeudamiento masivo. No deja de ser una extensión de la serie de rescates camuflados en planes de recuperación que las instituciones europeas y los gobiernos de los Estados miembros han empleado desde la pandemia para evitar la depresión económica.
Así pues, en último término, el plan de gobierno de Merz está concebido para prolongar y acentuar una situación que es a la larga insostenible, y que beneficia más a los partidos tradicionales que buscan mantenerse en el poder a todo precio ante el auge de los extremos. La nueva gran coalición es, al fin y al cabo, un gobierno de salvación, pero de salvación propia, no de Alemania.
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