En un ámbito tan contaminado por las peleas, las descalificaciones y la falta de razonabilidad como es hoy la política, hay que celebrar como un soplo de aire fresco el texto hecho público por una organización de reciente constitución, La Corriente Social Cristiana , “El Corrent”, sobre la tragedia valenciana, que en un texto breve tiene la virtud de realizar un diagnóstico preciso y objetivo, y proponer unas medidas concretas de una necesidad indudable.
Lo primero que hace el texto es recordar la condición técnica del período de retorno de este tipo de fenómenos tan graves, es decir, el tiempo que se estima que sucede entre un hecho catastrófico y el siguiente, que en caso de que nos ocupa se refiere a 70 años, plazos que seguramente se acortan por el mayor calentamiento del agua del mar Mediterráneo.
Consideran, según los estudios técnicos, que el antecesor del actual destrozo fue la inundación de la ciudad de Valencia de 1957, y que, por tanto, era esperable que se produjera otra vez un fenómeno similar, en esta ocasión al sur de esa ciudad. Por tanto, todas las obras, especialmente las hidráulicas que estaban previstas, era de buen gobierno que se hubieran realizado.
No ha sido así, y el punto más sangriento, según el mismo diagnóstico, es el de la rambla o barranco del Poyo, el principal responsable de la catástrofe: el último proyecto aprobado, que parece tener muchos previos, fue en 2021. La inversión era modesta, 150 millones de euros, y hace ya más de un año que debería haber finalizado. Ni siquiera se empezó.
Y por ahí, y eso ya no lo dice la declaración de El Corrent, sino nosotros, llora la criatura de la futura comisaria europea y actual ministra, Teresa Ribera, porque era su ministerio el responsable de ejecutar la obra. La falta de interés de los gobiernos españoles en realizar las obras previstas ha hecho posible la trágica dimensión de una tormenta de tiempo anunciada. Éste es un primer hecho y una enseñanza.
La otra dimensión del diagnóstico hace referencia a la deficiente gestión de la Generalitat Valenciana en la comunicación de alertas. La confusión en torno a las mismas señala dos extremos: uno, que el procedimiento presenta defectos importantes; dos, que la incompetencia ha tomado posesión de la política.
El tercero, según señala la declaración, es el abandono por parte del Gobierno de la gestión de una catástrofe de esta magnitud, fuera del alcance de los recursos de una autonomía, y de la declaración de emergencia nacional y aplicación del nivel 3 de alerta, movilizando al ejército para suministrar recursos esenciales desde el primer momento. Unos recursos de urgencia que sólo un despliegue masivo desde el día 1 de todo el ejército español podría garantizar, pero que no se produjo.
El texto señala que “la actuación subsidiaria de una multitud de generosos voluntarios en tareas de limpieza y auxilio inmediato a los vecinos, así como la colaboración de numerosas organizaciones intermedias –como por ejemplo Cáritas y las parroquias– para recoger alimentos y artículos de primera necesidad no eximen al Estado de su responsabilidad”.
La declaración concreta en las 10 acciones necesarias:
- «La declaración de emergencia nacional, de modo que el Gobierno español asuma la dirección completa de la atención de las necesidades», algo que no se ha producido.
- «El incremento de la aportación urgente, con carácter inmediato, de liquidez económica para familias, autónomos y empresas». Los recursos en estas condiciones movilizados por el gobierno son mínimos y todavía no han llegado.
- «La adopción por el gobierno de medidas para paliar la situación de ajuares, hogares destruidos y actividades económicas devastadas que garanticen la recuperación de lo perdido». En ese caso sí se han decretado las medidas. La cuestión ahora es el tiempo que se tarda en que sean efectivas.
- «La ejecución del proyecto del barranco del Poyo y todas las demás obras públicas de prevención, así como la realización de actuaciones en los terrenos calificados como inundables en toda España». Sobre esta dimensión esencial para prevenir males futuros no existe ningún compromiso concreto.
- «La reconstrucción de las poblaciones afectadas con medidas para reducir el riesgo: edificaciones, equipamientos, urbanización e infraestructuras». No se conoce la previsión de ningún plan a tal fin.
- «La elaboración de un Libro Blanco por una comisión independiente de expertos con participación de todas las partes interesadas, y el debate sobre los resultados en el Congreso y Senado». Una exigencia necesaria que ni gobiernos ni PP ni PSOE parecen interesados en emprender, y que ningún partido reclama en el Congreso. Es un escándalo colectivo.
- «La definición de nuevos protocolos de actuación ante episodios de este tipo en base en las experiencias de los últimos años». Una exigencia asumida pero pendiente de concretar, al igual que la siguiente:
- «La revisión del sistema de alertas».
- «La investigación de la Fiscalía para determinar responsabilidades de las administraciones públicas». La fiscalía, por el momento, está en otros empleos, como la acusación que pesa sobre el Fiscal General del Estado por parte del Tribunal Supremo.
- “La intervención del Defensor del Pueblo y del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana para evaluar las actuaciones de las administraciones públicas”. Otro desaparecido en combate, Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo y antiguo cargo socialista, que puede intervenir cuando quiera y como quiera porque no está sometido a mandato imperativo, es hora de que tenga que decir media palabra.
En definitiva, una buena declaración que tiene la virtud adicional de que puede servir de pauta para ir siguiendo el caso de la tragedia valenciana a lo largo del tiempo y medir las actuaciones de gobiernos y partidos.
Declaración completa de la corriente social cristiana: VER AQUÍ
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