Hay momentos en los que una sociedad decide no mirar. No porque ignore los hechos, sino porque la magnitud de lo que tiene por delante es tan inquietante que prefiere reducirlo a una sucesión de episodios dispersos: una narcolancha interceptada, unas cuantas toneladas de droga decomisadas, dos guardias civiles fallecidos en Barbate, otro titular sobre corrupción policial, una nueva noticia sobre el Guadalquivir convertido en autopista de la cocaína.
Pero los hechos ya no permiten esa comodidad moral. El narcotráfico procedente de Marruecos e instalado en las costas andaluzas ha dejado de ser un problema local. Es un riesgo de Estado y una amenaza europea de primer orden.
Durante años, España prefirió explicarse esta realidad como si fuera una patología limitada al Campo de Gibraltar. Era una forma de tranquilizarse: un espacio periférico, conflictivo, casi excepcional.
Pero hoy el mapa real es mucho más amplio y más peligroso. El corredor del narcotráfico se extiende de Cádiz a Huelva, de Málaga a Granada y Almería, sube por el Guadalquivir hasta Sevilla y conecta ya con los grandes puertos mediterráneos de Barcelona y Valencia, especialmente en el tráfico de cocaína sudamericana destinada a los mercados europeos. El sur de España se ha convertido en una de las principales puertas de entrada de droga en el continente.
Y, sin embargo, la reacción política sigue siendo alarmantemente insuficiente. Cada tragedia provoca declaraciones solemnes, promesas de refuerzos y visitas ministeriales. Luego, el silencio. Mientras, la dimensión económica del negocio crece mucho más rápido que la capacidad del Estado para combatirlo.
Los datos son demoledores.
Solo en 2024, el Plan Especial contra el narcotráfico registró 12.068 operaciones —casi 33 al día—, 5.911 detenidos, 264.572 kilos de droga intervenidos, 299 embarcaciones incautadas, 651 armas de fuego y más de 437.000. Desde 2018 hasta finales de 2025, las cifras acumuladas superan los 2,1 millones de kilos de droga y más de 2.000 embarcaciones incautadas.
El número de detenidos revela la dimensión de un auténtico ejército criminal: casi 6.000 arrestados en un solo año. ¿Cuántos miles más participan en esa economía ilegal? ¿El doble? ¿El cuádruple?
Pero estas cifras, impresionantes en apariencia, solo representan la parte visible del fenómeno.
El mismo documento admite que el valor mayorista de la droga interceptada equivale ya a entre 2,3 y 2,5 mil millones de euros. Y si, como hacen habitualmente los expertos internacionales, se asume una tasa de intercepción de entre el 10% y el 30%, el volumen real del negocio podría mover entre 7,7 y 24,6 mil millones de euros anuales solo en hachís y cocaína. Sin contar otras sustancias ni el valor final en los mercados europeos, donde el precio puede multiplicarse por diez o más.
¿Cuánta corrupción puede alimentarse con estas cifras? ¿Cuántas voluntades políticas, policiales o económicas pueden ser compradas con tanto dinero en efectivo y en negro?
Esta es otra vertiente sistémica del problema: el riesgo de que el narcotráfico acabe extendiendo un cáncer de corrupción dentro del aparato institucional. Un detalle revelador: durante la campaña electoral andaluza, la droga apenas ha formado parte del debate político.
Esta es la clave del problema: el Estado combate una economía criminal que dispone de recursos inmensamente superiores a los destinados a perseguirla. Una economía capaz de comprar silencios, fidelidades y corrupciones. Porque cuando hay más de 600 narcolanchas operando en el entorno del Estrecho, como reconoce el Informe Anual de Seguridad Nacional, ya no hablamos de bandas improvisadas. Hablamos de una infraestructura industrial.
Y aquí aparece la cuestión más incómoda y menos abordada: ¿es imaginable una escala de narcotráfico como esta sin algún nivel de permisividad, connivencia o corrupción en Marruecos?
La principal resina de cannabis consumida en Europa sigue procediendo del territorio marroquí. Las rutas marítimas son conocidas. Las salidas son constantes. Las embarcaciones operan con una regularidad imposible de ocultar. No se trata de algunas zodiacas perdidas en una costa incontrolable, sino de un flujo logístico sistemático que moviliza combustible, protección, puertos, redes e inteligencia criminal.
Sin embargo, el Gobierno español mantiene al respecto un silencio casi reverencial. No hay exigencia política real en Rabat. No existe presión diplomática visible. No existen denuncias públicas proporcionadas a la gravedad del problema. Y esta actitud resulta aún más sorprendente tras el giro radical de Pedro Sánchez asumiendo las tesis marroquíes sobre el Sáhara Occidental. Formalmente, una cosa no tiene relación directa con la otra. Pero políticamente comparten un mismo patrón: la percepción de una extrema debilidad española frente al régimen marroquí.
¿Por qué ese silencio persistente? ¿Por qué un gobierno que convierte cualquier discrepancia interna en una batalla moral evita sistemáticamente confrontar un escándalo que afecta directamente a la seguridad nacional y europea? Es difícil no concluir que Madrid actúa condicionado por una dependencia que va más allá de la política y que Marruecos conoce perfectamente y utiliza con habilidad.
Y, sin embargo, este ya no es solo un problema español. Es un problema europeo.
Los mercados finales del corredor andaluz son Francia, Bélgica, Países Bajos y buena parte de Europa occidental. Las redes criminales operan transnacionalmente. Europol alerta de la infiltración en los puertos europeos, de la combinación entre tráfico de drogas y tráfico ilegal de personas, y del aumento de la violencia armada.
Sin embargo, la Comisión Europea sigue actuando con una tibieza burocrática absolutamente insuficiente. Bruselas dispone de mecanismos comerciales, financieros y diplomáticos capaces de presionar efectivamente a Marruecos, si existiera una voluntad política real. Pero la sensación es justamente la contraria.
Mientras, el narcotráfico transforma territorios enteros. El fenómeno ya no consiste solo en droga entrando por mar. Significa violencia, degradación institucional, infiltración económica, blanqueo masivo de capitales y erosión de la autoridad pública.
Cuando dos agentes de la Guardia Civil son asesinados por una narcolancha en Barbate, lo que muere no son solo dos servidores públicos. Lo herido es el mismo principio de autoridad del Estado.
Y la corrupción no es una hipótesis abstracta. Puertos vulnerables, trabajadores investigados, policías apartados por vínculos con redes criminales, subcontratas infiltradas. Todo esto ya forma parte de una realidad conocida. El narcotráfico, cuando llega a esta escala, no se limita a corromper a individuos: tiende a crear ecosistemas de tolerancia social e institucional.
La pregunta ya no es si España está ganando esa guerra. La realidad indica que la está perdiendo. La cuestión decisiva es otra: ¿cuánto tiempo puede resistir una democracia cuando enormes flujos de dinero criminal penetran en territorios enteros mientras el poder político responde con recursos insuficientes, silencios diplomáticos y estrategias fragmentarias?
Porque el sur de España ha dejado de ser una periferia conflictiva. Se ha convertido en la frontera narcótica de Europa.
El silencio del Gobierno frente al papel de Marruecos es una de las grandes anomalías políticas españolas. #Sánchez #Geopolítica #narcotráfico Compartir en X
