Hay momentos en que la política deja de ser una disputa de interpretaciones para convertirse en una acumulación de hechos. Y cuando esto sucede, la legitimidad —esta noción a menudo abstracta— resulta medible. El caso del presidente Pedro Sánchez ha entrado en esta fase.
Las declaraciones de Aldama ante el Tribunal Supremo no son una anécdota ni una simple incidencia judicial: configuran en su conjunto un punto de inflexión. No son la gota que colma el vaso, sino el temporal que la arrasa cuando ya estaba lleno.
En una democracia existen dos fuentes de legitimidad.
La primera es la de origen: cómo se llega al poder. Sánchez la posee formalmente, pero no directamente. No ganó las elecciones; accedió al gobierno mediante alianzas parlamentarias. Esta es una vía legítima, pero con una condición esencial: mantener la mayoría. Y esa mayoría hace tiempo que ha desaparecido. El gobierno solo puede aprobar aquellas medidas que convienen a sus socios heterogéneos, no desplegar un programa coherente. Esto erosiona la legitimidad misma de gobernar.
La segunda es la legitimidad de ejercicio. No depende de cómo se llega, sino de cómo se utiliza el poder: eficacia, respeto institucional, capacidad de respuesta y mantenimiento del soporte social. También aquí la situación ha superado todo lo admisible. Y los hechos lo acreditan.
El primer bloque es el más grave. Las declaraciones de Aldama ante el Supremo apuntan a tres afirmaciones concretas: el PSOE se financiaba ilegalmente; el presidente lo sabía; y existía una estructura con Sánchez, Ábalos, Koldo y el propio Aldama al frente.
No son pruebas definitivas, pero sí indicios consistentes. Lo son por tres razones: Aldama se autoinculpa; muchas de sus denuncias previas han sido confirmadas con documentación en otros procedimientos; y resulta difícil sostener que figuras como Ábalos, Koldo o Cerdán —los dos primeros y el tercero, entre los más poderosos del partido— acumularan múltiples irregularidades sin que el presidente tuviera conocimiento. El sentido común apunta a una responsabilidad, aunque fuese por omisión operativa.
Los detalles aportados no son menores. Según estas declaraciones, una vía de financiación habría sido la de las empresas adjudicatarias de contratos —principalmente constructoras— que entregaban dinero a Aldama. Este los distribuía dentro del partido, fragmentando los importes para simular donaciones legales. La cantidad estimada oscila entre 3,5 y 4 millones de euros. Esta cifra no es arbitraria: responde a una lógica económica coherente con el volumen de contratación pública y con que los beneficios personales de algunos implicados eran inferiores a los flujos detectados, lo que sugiere un destino colectivo: el partido.
La segunda vía apuntada es muy delicada: el petróleo venezolano. Inicialmente con el liderazgo opositor de Juan Guaidó, posteriormente con el régimen de Nicolás Maduro, mediante cupos petrolíferos. No se conoce el importe total de esta vía, pero se destaca que no se destinaba exclusivamente al PSOE, sino también a alcanzar la presidencia de Sánchez en la Internacional Socialista y a financiarla.
Este relato encuentra refuerzo en antecedentes externos: la denuncia del PRI mexicano, que acusó al régimen venezolano de financiar esta organización para influir políticamente en ella, sustituyéndolo por MORENA. También encaja con episodios nunca despejados, como la visita de Delcy Rodríguez a España, pese a las restricciones europeas, y las explicaciones contradictorias del gobierno.
Otros indicios completan el cuadro. Las actuaciones atribuidas a la señora Leyre para desacreditar a la UCO mediante grabaciones sugieren operativas internas irregulares. El caso de las mascarillas —eje judicial central— incorpora delitos conexos, incluido el de organización criminal, e implica a figuras institucionales de primer nivel: Francina Armengol, actual presidenta del Congreso, y Ángel Víctor Torres, ministro y expresidente canario. La acumulación de nombres, casos y responsabilidades dibuja un entorno político densamente afectado.
A menor escala, pero no de menor significación, se encuentra el procesamiento de la mujer del presidente, a un paso de juicio. La presunción de inocencia es obligada, pero la situación oscila entre el posible delito y el aprovechamiento de una posición de poder para beneficio profesional.
Incluso en el escenario de una inocencia completa del presidente, emerge otra quiebra: la del deber de “in vigilando”. Un gobernante es responsable de lo que ocurre en su entorno directo, especialmente cuando no se trata de un caso aislado, sino de un sistema. Esta incapacidad de supervisión es, de por sí, causa de pérdida de legitimidad en democracias consolidadas.
El deterioro institucional se completa con la cuestión presupuestaria.
Esta legislatura acumula años sin presupuestos aprobados, a lo que se añadirán previsiblemente los del 2026. Gobernar sin presupuestos no es una anomalía menor: es la negación del programa político. De ahí derivan déficits estructurales, como la falta de mantenimiento de infraestructuras o el problema crónico de la vivienda, que nunca ha sido objeto de un debate presupuestario sistemático. En cualquier democracia europea, esta situación conduciría a elecciones.
Sin embargo, en España existe una singularidad institucional: la moción de censura no funciona como en otros países. No basta con retirar la confianza al gobierno; es necesario investir un sustituto. Esto dificulta la caída de gobiernos sin mayoría y priva a los ciudadanos de la posibilidad de pronunciarse. Más que una moción de censura, es la elección de un nuevo presidente.
La incapacidad de gobernar se manifiesta también en la acción legislativa. Sin mayoría estable, el gobierno no puede desplegar su programa. Episodios recientes, como la prórroga de los alquileres y la confusión generada entre propietarios e inquilinos, son claros ejemplos.
Por último, existe el balance material de gobierno. Las grandes crisis acumuladas son el mejor indicador.
La vivienda ha pasado a ser una emergencia; el sistema ferroviario vive una crisis estructural, con episodios graves como el de Adamuz y un constante deterioro de Cercanías; las infraestructuras viarias sufren un déficit de mantenimiento; el absentismo laboral alcanza los 34.000 millones de euros anuales; la sanidad pública acumula listas de espera y conflictos laborales; los fondos Next Generation no se han ejecutado en el grado suficiente ni se han aprovechado adecuadamente; y el poder adquisitivo de la población ha disminuido a pesar del crecimiento del PIB y del empleo.
Este conjunto no es una percepción: es una suma de datos. Y en política, cuando los datos apuntan en la misma dirección, el debate no es ya sobre interpretaciones, sino sobre responsabilidades.
La conclusión es inevitable: cuando la legitimidad de origen desaparece y la de ejercicio se degrada, la democracia solo tiene una salida coherente: la convocatoria de elecciones.
¡Convoque elecciones ahora, presidente Sánchez!
Un gobernante es responsable de lo que sucede en su entorno directo, especialmente cuando no se trata de un caso aislado sino de un sistema. #PedroSánchez Compartir en X
