Hay consensos políticos que, precisamente por ser amplios, deberían generar más sospecha que tranquilidad. La coincidencia entre gobierno y oposición en la decisión de subvencionar el consumo de combustibles para paliar los efectos de una crisis energética derivada de un choque de oferta es uno de esos casos. No se trata sólo de una medida discutible: es económicamente errónea y estratégicamente contraproducente.
La teoría económica está clara en este punto. Cuando el aumento de precios tiene su origen en una restricción de la oferta —como ocurre en los mercados energéticos en contextos de conflicto geopolítico o disrupción logística—, el mecanismo de ajuste natural es la contracción de la demanda. Esto es lo que permite restaurar el equilibrio del mercado. Intervenir artificialmente para sostener el consumo mediante subvenciones generalizadas implica impedir ese proceso de ajuste y prolongar, o incluso intensificar, la tensión inflacionaria.
El PSOE tiene una tendencia intervencionista en materia de precios como solución, como ya ha hecho desastrosamente con la vivienda. Son políticas con resultados tan cuestionables como las realizadas en Venezuela, Cuba o el peronismo en Argentina. El PP, por su parte, a menudo cae en la tentación de demostrar a sus votantes que con ellos en el poder cobrarían en lugar de pagar. El resultado es una solución pésima, que pone de manifiesto la migrada política del país.
Este planteamiento no es ideológico, sino analítico.
La literatura sobre choques de oferta —desde las crisis petroleras de los años setenta hasta los estudios contemporáneos sobre inflación energética— señala reiteradamente que las políticas de apoyo a la demanda en estos contextos generan efectos perversos: aumento de los precios si la crisis se prolonga, porque la demanda no se ha reducido; retraso en la transición hacia alternativas; desincentivación del ahorro; e incremento del déficit público sin una reducción efectiva de la presión inflacionaria. El resultado es una economía menos resiliente y más dependiente. Después, si el problema se acentúa, llegan los repentinos cambios y las medidas de urgencia: por ejemplo, prohibir la circulación de vehículos privados los fines de semana.
El problema de fondo es la confusión entre política de precios y política de rentas. Reducir el aparente precio de un bien escaso no resuelve el problema de la escasez; simplemente lo redistribuye temporalmente, a menudo de forma regresiva. Las subvenciones generalizadas al combustible benefician proporcionalmente más a los consumidores con mayor capacidad de gasto e intensidad energética. Por el contrario, una intervención sobre la renta permite focalizar mejor los recursos públicos.
En ese sentido, los instrumentos fiscales ofrecen una capacidad de modulación muy superior.
El IRPF, por ejemplo, permite introducir reducciones selectivas y progresivas que ajusten la carga tributaria según la capacidad económica real de los contribuyentes. Esta vía tiene la ventaja de preservar la señal de precios –esencial para orientar el comportamiento económico– al tiempo que protege el poder adquisitivo de los hogares.
Para aquellos segmentos de población con ingresos insuficientes o inexistentes, los mecanismos de transferencia directa, como el ingreso mínimo vital u otras formas de renta garantizada, constituyen la herramienta adecuada. Cierto es que estos sistemas presentan deficiencias de cobertura y gestión, pero precisamente una crisis de este tipo habría sido una oportunidad para reforzarlos y perfeccionarlos.
La política pública no debería limitarse a reaccionar con medidas de baja calidad técnica, sino aprovechar los episodios críticos para mejorar su arquitectura institucional.
Otro elemento fundamental es la diferenciación sectorial. Determinadas actividades —transporte, agricultura, ganadería o pesca— sufren el impacto del encarecimiento energético de forma directa e intensa. En estos casos, la respuesta no debe ser una subvención indiscriminada del combustible, sino compensaciones específicas calculadas en función de la estructura de costes y negociadas con cada sector. Este enfoque permite evitar el efecto de arrastre sobre la demanda agregada y optimizar el uso de los recursos públicos.
En última instancia, la cuestión es de calidad de gobernanza económica. Las políticas eficaces requieren anticipación, riguroso diagnóstico y capacidad de interlocución con los agentes sociales. Cuando estas condiciones no se dan, la tentación de recurrir a medidas populistas pero técnicamente deficientes es casi inevitable. Subvencionar el combustible es una de estas respuestas: políticamente rentable a corto plazo, pero económicamente costosa a medio y largo plazo.
Lo lógico habría sido asumir el mensaje del mercado —la energía es escasa y cara— y proteger a las personas sin distorsionar esta señal. Hacerlo habría permitido salir de la crisis con una economía más eficiente, unas finanzas públicas más sostenibles y una sociedad mejor preparada para hacer frente a los retos energéticos futuros.
Y es que el populismo no es exclusivo de unos, sino una pandemia de nuestro tiempo.
La alternativa a subvencionar el consumo de combustible era clara: IRPF, transferencias selectivas y compensación sectorial. #CrisisEnergetica #subvenciones Compartir en X
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