Los gobiernos de Pedro Sánchez en Madrid y de Salvador Illa en Cataluña se han convertido, desde el punto de vista del contribuyente, en los más costosos de toda nuestra historia reciente. El coste no es retórico ni simbólico: es directo, tangible y mensurable a final de mes. Nuestros bolsillos han sido sometidos a una extracción constante de recursos. Y lo más grave no es solo que paguemos más, sino que recibamos menos.
Cataluña presenta, con diferencia, la fiscalidad propia específica más elevada de todas las comunidades autónomas. Esta singularidad no se traduce en mejores servicios. Al contrario: los indicadores de calidad de los servicios públicos —sanidad, educación, infraestructuras, administración— muestran un progresivo deterioro. Más presión fiscal, peores prestaciones. Esta es la paradoja catalana.
Por su parte, el gobierno de Pedro Sánchez ha aprovechado el contexto inflacionario para consolidar una escalada recaudatoria sin precedentes. La inflación actúa como un multiplicador fiscal silencioso: incrementa la base imponible del IVA y empuja a los contribuyentes hacia tramos superiores del IRPF sin necesidad de subir formalmente los tipos.
Además de los aumentos impositivos y en la cuña fiscal (determinada por lo que pagamos a la Seguridad Social), al efecto automático se han sumado modificaciones fiscales que han incrementado aún más la carga que soportamos los ciudadanos. El resultado es un dogal en el cuello del contribuyente medio cada vez más estrecho.
Los datos son elocuentes.
En 2020, en plena pandemia, los ingresos tributarios cayeron un 8,8%. Era una contracción esperable en un año de paro económico. Pero en el 2021 la recaudación creció un 15,1%, recuperando sobradamente el bajón. En 2022, el aumento fue del 14,4%. En 2023, pese a una relativa moderación, el incremento fue todavía sustancial: un 6,4%. En 2024 el crecimiento se aceleró hasta el 8,4%, alcanzando al año siguiente un 9,5%.
Desde 2021, los ingresos tributarios han aumentado más de un 50%. Esta cifra no es neutra: sale esencialmente del IRPF y el IVA, es decir, de las rentas del trabajo y del consumo cotidiano. No estamos hablando de ingresos extraordinarios provenientes de nuevas fuentes estructurales, sino de una creciente extracción sobre las mismas bases de siempre: salarios, actividad empresarial, gasto de las familias. Y encima hay sectores privilegiados como el turismo, que vete a saber por qué y pese a la saturación, mantiene un IVA reducido del 10%.
Ante estas magnitudes, las preguntas son inevitables.
Asalariados: ¿En qué porcentaje ha crecido su salario anual desde 2021 ? ¿Ha aumentado más de un 50%?
Empresarios: ¿Cuál ha sido su incremento neto de beneficios año tras año en este mismo período?
Directivos y profesionales cualificados: ¿Sus ingresos han seguido el mismo ritmo que la recaudación del Estado?
Comerciantes y autónomos: ¿Su renta disponible ha experimentado un salto equivalente?
La respuesta, en la inmensa mayoría de los casos, es negativa. Los salarios han crecido, en el mejor de los escenarios, a ritmos de la inflación acumulada. Los márgenes empresariales se han visto presionados por el aumento de costes energéticos, laborales y financieros. Los autónomos han sufrido mayores cotizaciones y mayores exigencias administrativas.
La distancia entre lo que crece la recaudación pública y lo que crece la renta privada es abismal, mientras el aumento rampante del absentismo laboral, ante la mirada mirífica de la administración, ha crecido de forma rampante.
Esta divergencia define la fotografía actual: un sector público que incrementa su capacidad extractiva a un ritmo muy superior al crecimiento real de la renta de los ciudadanos. Cuando el Estado crece mucho más rápidamente que la sociedad que lo sustenta, el desequilibrio es estructural.
El problema no es solo cuantitativo, sino cualitativo.
Pagamos más sin que haya una mejora en la eficiencia del gasto; por el contrario, los efectos son que el país cae a pedazos, los ferrocarriles no funcionan, los maestros y médicos van a la huelga, las carreteras y autopistas se degradan, las administraciones parecen colapsadas ante un repentino aumento de población inmigrante.
El aumento recaudatorio no se ha traducido en una profunda reforma de la administración, ni en una racionalización del gasto corriente, ni en una mejora visible de los servicios.
La pregunta del millón es esta: ¿en qué se ha traducido un 50% más de ingresos de aumento fiscal, a lo que hay que añadir la lluvia de miles de millones de los Fondos Next Generation?
Todo ello es un escándalo que no registra la indignación ciudadana. Y lo peor del caso es que, sometidos a esta dinámica de impunidad de quienes gobiernan, distraídos en cómo se insultan, los que quieran de nuevo seguirán haciendo lo mismo si no hay un “basta” sonoro. La sensación generalizada es que el esfuerzo fiscal alimenta estructuras cada vez más costosas, pero no necesariamente más eficientes.
Cuando se trabaja la mayor parte del año para satisfacer las exigencias fiscales y no se percibe un adecuado retorno en forma de servicios, seguridad jurídica y prosperidad compartida, el contrato implícito entre gobernantes y gobernados se tensiona. Y esa tensión no es una abstracción ideológica: se refleja en el desánimo social.
La recaudación fiscal ha crecido más de un 50% desde 2021. ¿Tus ingresos también? #Fiscalidad #Impuestos #España Compartir en X
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