En la antigua Roma, los idus marcaban la mitad del mes, una fecha de referencia dentro del calendario. Esa etimología latina, tan ajena hoy a nuestra prisa, divide el tiempo en hitos y nos obliga a pensarlo de otra manera.
Esa metáfora de los “idus de enero” sirve aquí para nombrar un periodo funesto en el que se han concentrado varias catástrofes que retratan con crudeza el estado de la España contemporánea. Lo sucedido en los días posteriores a mediados de enero —el colapso del transporte en Cataluña, el accidente ferroviario de Adamuz y la reacción política posterior— no son hechos aislados, sino síntomas de una decadencia más profunda.
Caos ferroviario en Cataluña: huelga y colapso
Los hechos se precipitaron tras unas lluvias torrenciales que tensionaron la red ferroviaria de Rodalies. La noche del 21 de enero, un muro de contención de la autopista AP-7 se desplomó sobre un tren de la línea R4 en Gelida, provocando la muerte de un maquinista en prácticas y 37 heridos. Aquel accidente desencadenó la suspensión total del servicio ferroviario para garantizar la seguridad de la red.
El hecho no es menor, porque la lluvia en esta parte del territorio, l’Anoia, fue plenamente normal, y el muro era responsabilidad del Ministerio por partida doble, ya que de él dependen tanto la AP-7 como el ferrocarril. En este caso, a la defectuosa conservación se suma otra causa: la evidente carencia de criterio y de prioridades en la gestión de las infraestructuras críticas. Si había un muro que nunca debía haber caído, era precisamente este.
Al día siguiente, pese a que no se convocó oficialmente una huelga, los maquinistas se negaron a trabajar alegando falta de garantías. Solo seis de los 140 trabajadores previstos acudieron a su puesto, lo que sumió a Cataluña en un caos de movilidad sin precedentes. Durante dos días no circuló ningún tren, y únicamente se restableció de forma simbólica la línea R2 Norte, tras una verificación extraordinaria de la infraestructura.
La parálisis no fue casual: un reducido grupo de maquinistas de un único sindicato decidió imponer su ley a ocho millones de habitantes. Sin previo aviso ni servicios mínimos, detuvieron el pulso de una región que depende del ferrocarril como columna vertebral económica. La Generalitat, en manos del president Salvador Illa desde agosto de 2024, optó por negociar y ceder, aceptando que los conductores participasen en la inspección de todas las líneas antes de reanudar la circulación. Renfe tampoco ofreció alternativas y asumió pasivamente la decisión.
El resultado fue una huelga encubierta que colapsó las carreteras, obligó a ampliar por ley las horas de conducción de los transportistas y convirtió cada desplazamiento en una auténtica odisea. La AP-7, ya saturada en condiciones normales, permaneció cerrada varios días por riesgo de hundimiento. Cataluña carece de infraestructuras alternativas: cuando se paralizan los trenes y se corta la AP-7, todo el territorio queda secuestrado.
El engaño del traspaso de Rodalies y la gestión de infraestructuras
La huelga sacó a la luz un engaño previo: el Gobierno español traspasó Rodalies a la Generalitat, pero se trató de un falso traspaso, ya que no gestiona ni los ferrocarriles ni la infraestructura. Fue un montaje cara a la galería entre el Gobierno español y el gobierno de ERC, cuando esta formación gobernaba la Generalitat, que se magnificó con la creación de una empresa mixta que seguía formando parte de Renfe. Todo ello ocurrió porque los maquinistas se negaron a depender de la Generalitat y amenazaron con huelgas en toda España.
La rectificación del Gobierno de Sánchez fue rotunda, y la Generalitat, ya gobernada por los socialistas, aceptó el menoscabo con grandes elogios. Cambió algo para que nada cambiara. Los usuarios fueron engañados con promesas vacías, mientras la infraestructura continuó gestionada de forma pésima.
La Generalitat pactó con un único sindicato que, en caso de mal tiempo, los trenes podrían permanecer aparcados, sin definir qué condiciones constituían realmente ese “mal tiempo”, mientras que conductores de autobuses y vehículos privados se veían obligados a arriesgarse en la carretera. Se trata de un abuso de poder que otorga a unos pocos trabajadores la capacidad de paralizar un país entero, y que evidencia la renuncia del Govern a ejercer su autoridad.
En realidad, el colapso de Cataluña no obedece solo a un déficit de inversión y mantenimiento —que también—, sino que expresa una ausencia irresponsable de previsión, planificación, coordinación, ejecución, información y servicio, a la que se suma una peligrosa dejación absoluta de autoridad por parte del Gobierno de Illa. Es el sistema entero el que se ha hundido estrepitosamente, provocando sufrimiento y graves perjuicios económicos que van mucho más allá de los días —incluido el fin de semana— de afectación directa.
Consecuencias económicas y sociales del colapso
Los días sin trenes han supuesto un golpe directo al tejido productivo catalán. Empresas y comercios no pudieron recibir a sus empleados, las entregas se retrasaron y el coste económico fue extraordinario, también por su efecto indirecto. Para evitar un colapso mayor, el Gobierno amplió la jornada legal de conducción de los camioneros de nueve a once horas, incrementando la fatiga y el riesgo de accidentes.
La ciudadanía se encontró secuestrada por los intereses de un grupo de presión, mientras los gobiernos cargaban sobre el ciudadano de a pie los costes de la crisis. El sufrimiento de cientos de miles de personas no fue causado únicamente por la falta de trenes, sino por la ausencia de medios alternativos y una información contradictoria o inexistente. Esta falta de capacidad a todos los niveles deja señalado al Gobierno de Illa y a los responsables de Renfe y Adif en Cataluña.
La política se ha convertido en el arte de trasladar a la gente común los déficits de la mala gestión pública, como ha ocurrido con las ocupaciones de viviendas, la congestión crónica de la AP-7 y ahora con el aeropuerto de Barcelona, donde se adoptó la medida absurda de restringir el acceso a la terminal a solo dos puertas para evitar que personas sin hogar durmieran allí. La consecuencia han sido larguísimas colas a la intemperie, mayor inseguridad y pérdida de vuelos. Ningún partido ha alzado la voz en defensa del ciudadano, que ha pagado con su tiempo y su dignidad.
Si todo esto sucede sin grandes catástrofes de por medio, ¿cuál será la losa que depositen sobre nosotros si algún día ocurre algo verdaderamente grave?
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Cuando caen los trenes y se corta la AP7, Cataluña queda literalmente secuestrada. #Infraestructuras #AP7 Compartir en X
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