Si algo tiene la política española es una admirable propensión a convertir las cosas simples en carruseles inextinguibles. Este enero de 2026, en un acto oficial con ministros, TV y micrófonos en el Paseo de Campamento en Madrid, el presidente Pedro Sánchez anunció una nueva promesa destinada a reescribir la tragedia de la vivienda, que tiene en él el principal actor.
La fórmula es tan ingeniosa como reiterada. Una bonificación fiscal que puede llegar a ser del 100% en el IRPF para los propietarios que renueven el contrato de alquiler sin subir el precio o subirlo poco. Y la inclusión de esta medida en un Real Decreto ley que, en palabras oficiales, debe “poner freno a la especulación” y beneficiar a “los tres millones de hogares que viven de alquiler”.
La oferta suena bien, sí; pero, como le hubiéramos oído decir a cualquier campesino, solo es tan útil como ofrecer miel a quien tiene hambre de pan. Es la tercera vez en pocos años que el propio gobierno hace públicos anuncios de medidas fiscales dirigidas a los propietarios.
El año pasado ya se habló de incentivos similares y otras “soluciones creativas” para el mercado de vivienda, sin que nada acabara de traducirse en una pacificación real de las rentas y menos aún en una mejora estructural del mercado, entre otros pequeños detalles porque la medida nunca se ha llevado a cabo y duerme en algún cajón del Congreso.
La imagen escogida —renovar el contrato y no subir el precio— es, por así decirlo levemente, optimista con pinceladas naif . Sumar -el socio menor de la coalición de gobierno- ya ha anunciado que no apoyará la medida en el Congreso, considerándola injusta e ineficaz, y recordando que la única forma de proteger realmente el alquiler sería una prórroga automática y obligatoria de los contratos que caducan este año. Podemos ha ido más allá y ha calificado la bonificación fiscal como «una provocación que podría encender movilizaciones en las calles».
Y ahí está el nudo de todo: el señor Sánchez monta simultáneamente dos caballos contradictorios. Por un lado, promete incentivos que gustan a los propietarios y, por otro, se da cuenta de que la sociedad reclama medidas más contundentes contra la especulación. Este equilibrio no es solo frágil: es una prueba palpable de la incapacidad de convertir una idea bienintencionada (o aparentemente tal) en una política eficiente.
Todo esto lo hizo público en un escenario que no es casual: la Operación Campamento, un proyecto de reconstrucción urbanística sobre la antigua zona militar del mismo nombre, con 10.700 viviendas sociales que, según la propaganda oficial, “pondrán fin a décadas de carencias”. Sin embargo, la historia de este emplazamiento le recuerda a cualquier observador mínimamente cuidadoso a ciertas notas históricas: hace décadas que se habla de Campamento, de demoliciones, de planes, de nuevos barrios y de soluciones para la vivienda social… y la rueda sigue girando sin que demasiados vecinos puedan decir que han visto estas viviendas con sus propios ojos. Es un clásico de lo que podríamos llamar la política de “gestos en lugar de efectos”.
Si volvemos la vista atrás, la política de la vivienda ha sido un motivo recurrente de promesas gubernamentales. En la época de José Luis Rodríguez Zapatero, ya se hizo un acto calcado del de Sánchez: el derribo simbólico de un edificio en Campamento. Y como si nada. Lo curioso del caso es que a Sánchez no se le cae la cara de vergüenza de repetir y repetir sin cumplir exactamente lo mismo.
Estamos ante un repetido ritual de declaraciones idílicas que no se aguantan ante la realidad de los hechos.
Los datos económicos nos recuerdan que la crisis de acceso a la vivienda es real: los contratos de alquiler firmados durante la pandemia están llamando a la puerta de millones de familias para renovarse este 2026, y muchos propietarios ven la actualización al precio de mercado como la única manera de no hundirse bajo presiones fiscales y de mercado, y el gobierno ni ha previsto ni tiene soluciones, y no será porque este problema de 2026 sea una sorpresa. Dicho sea de paso; la ministra de Vivienda demuestra una vez más que o bien es un Jarrón Chino puesto en el escaparate o que si avisa, Sánchez la ignora.
La cuestión parlamentaria no es menor. Esta bonificación fiscal debe pasar por el Congreso, donde los votantes que permitieron la investidura de Sánchez -Sumar, Bildu, Podemos y otras fuerzas- ya han expresado reticencias o rechazo, diciendo claramente que no le apoyarán. Algunas formaciones consideran que premiar financieramente a los propietarios no es la solución, y otras exigen que se legisle de forma que relega la mercantilización de la vivienda a una opción secundaria.
Así que el presidente, con un micrófono en la mano y una sonrisa de oreja a oreja, promete incentivos que muchos consideran poco más que gesticulación; y sus socios le recuerdan que sin apoyo parlamentario no hay decreto que valga. Mientras, los contratos de alquiler se renuevan, el mercado rinde cuentas al mercado y no a los buenos deseos, y el eco de promesas antiguas —de Zapatero y de Sánchez mismo— sigue resonando como un eco irónico en paredes vacías.
En resumen: cuando las promesas se multiplican y los resultados no llegan, el discurso público tiende a convertirse en teatro.
Es la tercera vez en pocos años que el propio gobierno hace públicos anuncios de medidas fiscales dirigidas a los propietarios. #MercadoAlquiler Compartir en X
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