No todos los muertos valen lo mismo

Hay una regla no escrita en el sistema de comunicación y en las políticas públicas de nuestro país: no todos los muertos valen lo mismo. La muerte, que en su dimensión humana es siempre una tragedia irreparable, adquiere en la vida pública valores desiguales, intensidades mediáticas distintas y jerarquías morales que no siempre tienen relación con la magnitud real del problema.

Esto es especialmente visible en el terreno de la violencia dentro de la pareja, convertida en un símbolo político de primer orden y, como tal, gestionada bajo parámetros que a menudo tienen más que ver con la ideología que con la realidad.

La muerte de una mujer en manos de su pareja es, sin duda, una catástrofe íntima y moral. Nadie puede relativizar el dolor de las víctimas ni el drama que destruye a familias enteras.

Pero cuando hablamos de políticas públicas, debemos adoptar otro registro: el registro comparativo, el análisis proporcional, la necesidad de priorizar recursos y de identificar problemas en función de su impacto real.

Y es ahí donde emerge la primera distorsión.

Cada año en España se registran entre 40 y 50 feminicidios de pareja. La cifra es relativamente estable, y todo indica que en 2025 no superará con facilidad la cuarentena. Es una cifra pequeña en relación con un país de 50 millones de habitantes, de los que más de la mitad son mujeres. Hablamos, por tanto, de una afectación mínima desde el punto de vista estadístico. No es insignificante emocionalmente —una sola muerte ya es demasiado—, pero sí muy poco significativa en términos de prevalencia.

El segundo dato desconocido es que España es uno de los países de Europa con menos feminicidios de pareja. Solo Italia y Grecia presentan cifras inferiores. Los países nórdicos, centroeuropeos y anglosajones -habitualmente presentados como referentes morales- tienen tasas mucho más altas. La realidad, por tanto, contradice el escenario de emergencia permanente que a menudo dibujan las campañas oficiales.

Si observara nuestra realidad alguien que desconociera los datos, llegaría a la conclusión de que vivimos sometidos a un alud de feminicidios. Las páginas de los periódicos, los informativos televisivos, las campañas institucionales y las concentraciones públicas después de cada caso transmiten un clima de epidemia social. No existe otro fenómeno delictivo que tenga un tratamiento mediático comparable.

¿Cómo se explica ese desequilibrio?

La respuesta es política: el asesinato de mujeres por sus parejas se ha convertido en la piedra angular de un relato ideológico concreto, el feminismo de confrontación, que se fundamenta en la premisa de que el hombre oprime, agrede y mata a la mujer por el mero hecho de serlo. A partir de ahí, la realidad se reinterpreta para que sirva ese marco conceptual. Todo lo que queda fuera de esta narrativa —por grave que sea— queda relegado o silenciado.

Miremos los datos globales. En los primeros nueve meses de 2025, se han producido en España 273 homicidios y asesinatos. La mayoría de las víctimas son varones. Los feminicidios de pareja representan aproximadamente un 15% del total. La pregunta es inevitable: ¿por qué el 15% acapara casi el 100% de la atención pública, mientras que el 85% restante es prácticamente invisible?

La respuesta es incómoda: porque ese 85% no sirve a la narración dominante. Hombres asesinados, personas fallecidas en peleas, venganzas, crímenes sociales, ajustes de cuentas… No hay relato simbólico ni un enemigo ideológico claro. No hay bandera política fácil. Por eso, estas muertes no «interesan».

El desequilibrio se hace más notable al comparar los feminicidios con otro drama que se extiende silenciosamente: los suicidios.

En 2024, solo entre jóvenes de 15 a 19 años, se registraron 76 suicidios. Esto es:
– más que las mujeres asesinadas en todo un año,
– y en una población mucho más pequeña, de pocos cientos de miles.

Si hacemos el ejercicio estadístico que se utiliza habitualmente en salud pública –comparar prevalencias–, la magnitud del problema es brutal: la incidencia del suicidio juvenil es incomparablemente superior a la de los feminicidios de pareja. Pero no existen campañas masivas. No hay minutos en los informativos. No existen planes de choque, ni leyes integrales, ni concentraciones públicas, ni manifiestos. Los jóvenes que deciden acabar con su vida no forman parte del relato. Y, por tanto, no existen.

La pregunta que se impone es de enorme gravedad: ¿qué valor tiene una vida? Y, sobre todo, ¿quién decide su valor?

Si los gobiernos dedican recursos ingentes, una atención mediática desproporcionada y una arquitectura legislativa multimillonaria a un fenómeno que afecta a 40 o 50 personas al año, pero obvian una tragedia que afecta a miles de familias cada año, es que el criterio no es sanitario, ni criminológico, ni social. Es ideológico.

Y cuando la ideología ordena la realidad, la política pública se deforma. Lo que debería ser un debate sobre prioridades, datos y prevención se convierte en un ritual simbólico. No se trata de resolver problemas, sino de sostener una narrativa.

Por eso es necesario volver al principio: no todos los muertos valen lo mismo. Unos reciben toda la luz y, con ella, presupuestos, departamentos, programas, campañas, leyes y cargos. Otros, los más numerosos, quedan en la penumbra, abandonados a su suerte, simplemente porque no refuerzan el relato del poder.

Si queremos una política pública justa, racional y eficaz, es necesario romper esta jerarquía moral artificial y establecer una nueva pauta: la importancia de un problema debe depender de su magnitud real, de su impacto social y de su coste humano, no de su utilidad para reforzar una ideología.

Solo así podremos construir un país en el que las muertes, todas, tengan el valor igual e innegociable que merecen.

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