El PSOE bajo investigación: la debilidad del relato de Sánchez

No hace falta ser un espíritu especialmente perspicaz para darse cuenta de que, en política, la realidad suele desmentir los relatos con una constancia admirable. Y en el caso que nos ocupa, la acumulación de asuntos judiciales que rodean a la cúpula socialista ya no admite matices ni retórica.

El presidente del Gobierno insiste en que todo es responsabilidad de terceros, que él no sabía nada, que es víctima de una mala fe persistente. Pero la situación presenta una singularidad que no puede esconderse: es su partido, el PSOE, el que es investigado en la Audiencia Nacional. No son necesarios adjetivos; la frialdad del dato es ya bastante elocuente.

La causa, según establece el procedimiento judicial vigente, no incluye todavía una imputación formal contra el partido como persona jurídica; pero esto no rebaja en absoluto la trascendencia del hecho. La investigación existe, está abierta, avanza, y tiene por objeto pagos en efectivo, gestión irregular de fondos y presuntas prácticas de financiación opaca.

Todo ello se investiga, precisamente, porque la UCO y el juez han encontrado elementos que merecen ser explicados. El PSOE ha tenido que entregar documentación sobre años de movimientos internos de caja, facturación y justificantes. Este detalle, en su vida pública, equivale a un diagnóstico: el paciente no está bien. Y el médico, antes de realizar un pronóstico, quiere saber qué hay dentro del organismo.

El problema de Sánchez no es solo la acumulación de casos —que son muchos, dispersos y persistentes—, sino la naturaleza de su vínculo con la estructura orgánica de su partido.

Su defensa siempre se articula en dos ejes: o no sabía nada, o lo que se le atribuye es sencillamente falso. Pero el paso del tiempo va erosionando ambas excusas. Cuando la investigación implica al partido en su sede central, cuando se exigen libros contables, cuando personal administrativo declara ante el juez sobre el dinero en metálico manejado durante años, entonces el alegato del desconocimiento adquiere un aire de debilitación.

No parece plausible —ni siquiera amable— que el secretario general de un partido no tenga ninguna información relevante sobre la forma en que ese partido se financia y administra. Y si es cierto, entonces el problema sería aún más hondo.

En estos asuntos, mejor la prosa directa que el relleno explicativo. La causa no afecta solo a antiguos cargos. Afecta a gente que ha tenido responsabilidades de gobierno, de gestión y de dirección interna. Y afecta incluso a entornos personales que, sin estar formalmente vinculados al partido, tienen un impacto político innegable sobre la figura del presidente.

Da igual que la defensa insista en que todo es casualidad, que no hay trama, que son fantasías de la oposición. La realidad judicial no hace caso de estos matices y avanza con una tozudez admirable, como la lluvia que cae sobre los campos en otoño.

El retrato, visto con la distancia justa, es el de una estructura desbordada por los hechos. El PSOE ha vivido demasiado tiempo en la comodidad que proporciona la retórica del progreso, de la moderación y de la supuesta superioridad moral sobre sus adversarios.

Pero en la política —como en la vida campesina que tanto gusta invocar a Pla— los hechos tienen la mala costumbre de aparecer cuando no te los esperas y siempre en el peor momento. Y ahora, la realidad que emerge es la de un partido que debe dar explicaciones a la justicia por sus movimientos internos y por la conducta de personas que han formado parte de su dirección y de sus gobiernos.

Esto, en cualquier democracia madura, debería provocar un debate serio, frío, adulto: ¿qué nivel de exigencia pedimos a los partidos? ¿Qué relación deben mantener con el poder y con el dinero público? Y sobre todo: ¿qué grado de responsabilidad personal debe asumir un dirigente que encabeza una organización investigada? Son preguntas que, en estos momentos, no parecen inquietar demasiado a los socios parlamentarios del Gobierno.

Y ahí está una de las partes más tristes —y más cómicas, si se tiene espíritu— de la política española contemporánea: el papel de estraza que han asumido los partidos que sostienen a Sánchez en el Congreso.

Sumar, como exponente principal, se traga sin masticar cada nueva eventualidad, cada requerimiento judicial, cada movimiento de la UCO, cada declaración incómoda. Su preocupación no es la higiene institucional, sino la supervivencia de la mayoría. Y el resto de socios, en esta comedia, practican exactamente la misma acrobacia: mirar hacia otro lado con una disciplina que daría envidia a los gimnastas olímpicos.

Por fin, todo se reduce a una idea sencilla: el partido del presidente es investigado. No hay adjetivo que pueda suavizarlo. No hay comparecencia que pueda amortiguarlo. Y ninguna estrategia comunicativa puede tapar el hecho de que la situación erosiona el discurso oficial, como la sal erosiona la maroma de un barco viejo.

El país merece una mejor explicación que el silencio, la negación o la teatralización de la sorpresa.

Miembros del PSOE citados como imputados/investigados

• Santos Cerdán (exsecretario de Organización del PSOE): Imputado en el Tribunal Supremo por organización criminal y mordidas en obras públicas; en prisión provisional desde junio 2025 y liberado recientemente.
• José Luis Ábalos (exministro y ex secretario de Organización): Imputado en Audiencia Nacional y Supremo por cobro de mordidas y pagos en efectivo.
• Koldo García (exasesor de Ábalos): Imputado en Audiencia Nacional por organización criminal y blanqueo.
• David Sánchez (hermano de Pedro Sánchez): Imputado en Badajoz por prevaricación y tráfico de influencias en adjudicación de plaza pública; a juicio oral.
• Álvaro García Ortiz (fiscal general): Condenado por el Supremo (filtración); investigado en otros procedimientos.
• Otros: Patricia Úriz (mujer de Koldo, blanqueo), Manuel Candalija y Elisa Moriano (Diputación Badajoz, prevaricación).
• Leire Díez y Javier Pérez-Dolset (“fontaneros” PSOE): Imputados en “caso cloacas”, citados testigos como Cerdán y Antonio Hernando.

Citados como testigos o relacionados

• Mariano Moreno Pavón (exgerente PSOE), Celia Rodríguez (empleada PSOE) y Carmen Pano: Declararon en la Audiencia Nacional sobre pagos en efectivo.

Información solicitada al PSOE por los tribunales

La Audiencia Nacional (juez Ismael Moreno) ha requerido al PSOE el desglose completo de pagos en efectivo desde 2017-2024, justificantes de gastos, facturas y documentación contable para verificar posibles irregularidades en campañas y fondos de Ferraz, tras detectar descuadres por la UCO en cobros a Ábalos y Koldo. El partido debe entregar estos datos en el marco de la pieza separada del “caso Koldo”.

También han sido llamados a declarar como testigos con obligación, por tanto, de decir la verdad: Altos cargos de Ministerios y ADIF. Varios subsecretarios y directores generales de la etapa de Ábalos (vinculados a la administración socialista) han desfilado por la Audiencia Nacional para explicar cómo se tramitaron los contratos de emergencia. Responsables de ADIF: Personal técnico y directivo de ADIF (empresa pública dependiente de Transportes) ha sido llamado para esclarecer la contratación con la empresa “Soluciones de Gestión”.

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