El Parlament de Catalunya ha aprobado una moción del Partido Popular de un extraordinario interés en relación con la familia. Concretamente, señala que «hay que apostar decididamente por una política en apoyo a las familias proactiva, que reconozca el valor de estas como espacio central de cuidado y desarrollo humano». También establece la necesidad de “impulsar una política de apoyo económico a las familias que acompañe a la importante labor de crianza, contribuya a superar la grave crisis demográfica y revierta la situación específica de riesgo de pobreza que sufren un número importante de familias catalanas, un riesgo que se sitúa en torno al 50% en el caso de las familias monoparentales y numerosas”.
La moción fija unos objetivos concretos:
Los presupuestos de la Generalitat para 2026 deben recuperar la prestación universal por hijos a cargo hasta los tres años, modulada según la renta familiar. Hay que garantizar que en todas las ayudas públicas -becas, bonificaciones o prestaciones- se tengan en cuenta el número de menores, la monoparentalidad y la renta per cápita, a fin de asegurar criterios equitativos y justos.
Se propone revisar el mínimo familiar del IRPF autonómico, ampliando los tramos exentos y estableciendo un mecanismo equivalente para las familias que no realizan la declaración. También se impulsa una deducción por gastos escolares y de comedor, complementada con un vale escolar ampliado para los contribuyentes con menos recursos.
Por lo que respecta a la vivienda, se propone reducir al 4% el impuesto de transmisiones patrimoniales para la compra de la primera vivienda, con exención total para familias numerosas, monoparentales o menores de 40 años. Además, se instará al Gobierno español y a la Unión Europea a autorizar un IVA superreducido del 4% en estas adquisiciones. En la planificación de vivienda protegida, debe priorizarse la atención a las familias vulnerables, que representan cerca de 800.000 personas en Cataluña.
Se instaurará una ayuda de 500 € mensuales durante dos años para madres jóvenes con pocos recursos, y se avanzará hacia la gratuidad universal de la educación infantil de 0 a 3 años antes del curso 2027-2028, mediante una red ampliada de plazas públicas y un sistema de vales para guarderías acreditadas.
Para favorecer la conciliación, se prevé una bonificación mínima del 35% de las cotizaciones a la Seguridad Social para contratar a cuidadores de menores o personas dependientes. La reducción de jornada por cuidados no deberá comportar pérdidas económicas, impulsando prestaciones compensatorias y medidas de flexibilidad laboral, como la hucha de horas y el sello de empresa familiarmente responsable con incentivos fiscales.
Se propone crear mecanismos de información y orientación —un catálogo único de derechos y puntos de atención presencial y virtual— para reducir el “non take-up”, es decir, el gran número de familias que no reciben ayudas a pesar de tener derecho a ellas.
Por último, se reclama recuperar a la Dirección General de Familias, bajo la Presidencia, para coordinar transversalmente todas las políticas familiares, y vincular el acceso a prestaciones al reconocimiento de la residencia legal y la voluntad de integración laboral, como muestra de corresponsabilidad social.
Éstas eran las bases de la propuesta inicial, en su mayor parte aprobadas, si bien con algunas excepciones y hechos de interés.
Lo primero y más importante es que el grupo parlamentario de los Socialistas y Units per Avançar votó en contra de prácticamente todos los puntos, junto a la CUP. Esto tiene relevancia, ya que una moción solo es eficaz si el Gobierno la ejecuta, y si este le da la espalda, como manifestó, todo queda en un buen propósito. Es necesario retener, pues, la falta de voluntad de los socialistas de Illa de actuar a favor de las familias y de los hijos, a pesar de la situación en la que viven muchas de ellas y el desastre demográfico de Cataluña.
También es de interés que, en algunos casos, Junts, PP, Vox y Aliança Catalana votaron conjuntamente, como cuando se pide reducir al 4% el tipo general del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la adquisición de la vivienda habitual, eximiendo completamente a las familias monoparentales, con dos o más hijos, o menores de 40 años. Asimismo, al impulsar ante el Gobierno de España la obtención de la autorización para aplicar el tipo superreducido del 4% del IVA en la vivienda habitual. En ambos casos, la votación fue de 62 votos a favor, 51 en contra (PSC, Comunes y CUP) y 20 abstenciones (ERC).
Fueron rechazadas otras propuestas como potenciar la flexibilización laboral -hucha de horas, reducción flexible de jornada y sello de empresa familiarmente responsable-, que obtuvo 51 votos a favor (Juntos, PPC y AC), 51 en contra (PSC, Comunes y CUP) y 31 abstenciones (ERC y Vox). También fue rechazada, y aquí se evidencia el perfil ideológico, la propuesta de recuperar la Dirección General de Familias, adscribiéndola al Departamento de la Presidencia, con 62 votos a favor (Juntos, PPC, Vox y AC) y 71 en contra (PSC, ERC, Comunes y CUP).
Existe, por tanto, un bloque favorable a la familia formado por Junts, AC, PP y Vox, con alguna excepción puntual, que sería suficiente para impulsar una política clara de recuperación ante la situación de degradación que vive el país a causa de la crisis de las familias y sus consecuencias demográficas.
Es necesario retener la falta de voluntad de los socialistas de Illa de actuar a favor de las familias y de los hijos, a pesar de la situación en la que viven muchas de ellas y el desastre demográfico de Cataluña Compartir en X
