Un análisis internacional muestra que pocos países democráticos han optado por registros nominales de objetores sanitarios, precisamente por los problemas jurídicos y éticos que plantean.
Veamos algunos casos relevantes y qué vías alternativas se han explorado.
Modelos europeos: el dilema entre conciencia y servicio
Italia legalizó el aborto en 1978 y reconoce explícitamente el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario. No existe ningún registro público: cada médico comunica su objeción a la dirección del centro, pero no se publican listas de nombres. El resultado es un altísimo porcentaje de objetores -un 67% de los ginecólogos, según datos oficiales- y graves dificultades de acceso en algunas regiones. Pese a este desequilibrio, Italia no ha recurrido a «listas negras» para resolverlo. Prefiere incentivar a los no objetores o desplazar a profesionales de otros hospitales.
La experiencia italiana evidencia el dilema: cómo garantizar el servicio sin vulnerar la conciencia. España, en cambio, ha escogido el camino del registro.
La mayoría de países europeos reconocen la libertad de conciencia médica sin exigir inscripciones oficiales.
- En Reino Unido, la Ley de Aborto de 1967 establece una cláusula de conciencia: el médico puede negarse a practicar abortos y solo tiene que comunicarlo internamente.
- En Francia, la objeción es individual y no hay censo nacional.
- En Alemania y otros países de la UE, también se respeta la negativa del facultativo de forma privada.
- A Estados Unidos, la tradición de las conscience clauses resguarda médicos e instituciones sin registros gubernamentales.
- Suecia representa el caso opuesto: no reconoce el derecho a objetar en aborto, pero tampoco mantiene registros; simplemente exige cumplir todas las prestaciones públicas.
En resumen, el registro nominal de objetores es excepcional en el mundo democrático. La mayoría optan por otras vías: mejor planificación de recursos humanos, derivaciones a centros voluntarios o limitaciones puntuales de la objeción en determinados servicios. De estas opciones, la menos lesiva para la libertad de conciencia es reforzar a los equipos con personal voluntario, sin identificar ni estigmatizar a nadie.
Una propuesta alternativa: registro de médicos voluntarios
Varias voces han propuesto invertir la lógica del registro. En lugar de una lista de quien no desea practicar abortos, crear un registro de profesionales dispuestos a hacerlo. Esta idea —defendida, entre otros, por Alberto Núñez Feijóo— plantea ventajas claras:
- Respeta la privacidad de los objetores, que no deberían identificarse.
- Facilita la gestión: la administración tendría un directorio de médicos voluntarios disponibles para garantizar el servicio.
- Mejora la transparencia para las pacientes, que sabrían dónde pueden acceder a la prestación.
- Evita discriminaciones ideológicas, puesto que figurar en ellas sería una opción profesional voluntaria.
Este enfoque transforma el registro en una herramienta positiva de gestión -listado de recursos disponibles- en lugar de un mecanismo de control ideológico. Los críticos argumentan que no habría que registrar a los voluntarios porque se presupone que todo el mundo está obligado a ello, pero la realidad es que en muchas regiones la mayoría de especialistas objetan, por lo que puede ser una solución práctica y respetuosa.
Los riesgos jurídicos y éticos del registro de objetores
Según numerosos expertos, la creación de registros nominales contradice principios básicos del Estado de derecho. Vulneran:
- La libertad ideológica (art. 16 CE)
- El derecho a la intimidad personal (art. 18 CE)
- Los tratados internacionales que reconocen la libertad de pensamiento y conciencia (CEDH, DUDH)
Obligar a un profesional a declarar formalmente sus convicciones morales para poder ejercerlas es invertir la lógica de la libertad de conciencia. Incluso con garantías de confidencialidad, la mera existencia del registro tiene un efecto disuasorio y discriminatorio.
Desde el punto de vista ético y profesional, el registro contradice la deontología médica y el Juramento Hipocrático, que exigen respeto por la vida y por la conciencia del médico. Además, puede introducir presión ideológica y estigmatización en el sistema sanitario, erosionando la confianza y la colaboración que deberían presidir la relación entre profesionales e instituciones públicas.
Hacia una solución equilibrada
La experiencia comparada demuestra que es posible garantizar el acceso de las mujeres al aborto sin vulnerar la conciencia de los médicos. Las fórmulas más efectivas incluyen:
- Equipos específicos con personal voluntario
- Registros de médicos disponibles, no de objetores,
- Mejor coordinación y derivaciones entre centros.
Estas vías aseguran el servicio sin coartar su libertad personal ni convertir la ideología en un criterio administrativo.
En definitiva, los fines no justifican los medios. En una democracia, elaborar listas de ciudadanos según sus convicciones es un peligroso precedente. Tal y como recuerda la Organización Médica Colegial, la libertad de conciencia es un derecho fundamental de orden constitucional. El Estado tiene instrumentos menos invasivos para garantizar la prestación sanitaria sin vulnerar ese principio esencial.
Conclusión
El registro nominal de objetores no es la vía adecuada ni legítima para resolver las carencias del sistema público de aborto. Es necesario buscar soluciones que concilien los derechos fundamentales de los profesionales con los de las pacientes, reforzando la gestión sanitaria y la confianza mutua. Solo así podrá preservarse un equilibrio real entre libertad de conciencia y derecho a la atención médica, sin sacrificar los pilares del Estado de derecho ni la ética de la profesión médica.
España, una excepción en Europa: ningún otro país democrático mantiene registros de objetores. #SanidadPública Compartir en X
Cargando ...
