Hay silencios que duelen más que cualquier grito. Uno de ellos es el que planea sobre los datos estremecedores de los abusos sexuales a menores en Cataluña. El Síndic de Greuges lleva años advirtiéndolo con informes exhaustivos, reiterados y cargados de cifras que deberían hacer tambalear cualquier gobierno responsable. Y, sin embargo, el Parlamento y el Ejecutivo presidido por Salvador Illa sigue pasando de puntillas sobre una realidad que afecta a miles de criaturas, muchas de ellas dentro de la escuela pública, en ese espacio que se supone que debería ser el más seguro después del propio hogar.
Y en el caso del PSC la responsabilidad por la inacción es doble: se produjo el escándalo de la Dirección General de Asistencia a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) y la organización Corriente Social Cristiana “La Corriente” en una entrevista con el presidente Illa le pidió que actuara. Por tanto, desconocimiento no se puede alegar.
Los datos son conocidos. No son novedad. No son rumores. El síndico ha ido publicando diagnósticos que muestran un crecimiento alarmante de los abusos a menores, especialmente en chicas adolescentes. Y, sin embargo, ni la retórica feminista que tanto exhibe el Govern, ni la batería de discursos a favor de la igualdad, han servido para que esta lacra sea prioridad política. Resulta casi grotesco comprobar cómo se despliegan recursos y campañas simbólicas para otras causas, mientras la vulnerabilidad real de miles de niñas y adolescentes queda relegada al olvido institucional.
El número de menores víctimas de delitos sexuales casi se ha triplicado en diez años (+154% entre 2014 y 2022), superando a las 1.400 víctimas anuales. En cuanto a la evolución reciente, entre 2019 y 2022 las víctimas menores de edad por abusos y agresiones sexuales crecieron un 22,5% en Cataluña, pasando de aproximadamente 1.192 casos en 2019 a 1.460 víctimas en 2022. Los datos policiales reflejan un aumento tanto en el número de víctimas como en las denuncias presentadas por violencias sexuales contra menores. Según el Departamento de Interior, en 2019 se registraron unos 1.184 hechos denunciados con víctimas menores de 16 años, mientras que en 2022 se alcanzó 1.477 denuncias con víctima infantil. Esto confirma la subida de casos detectados. En cuanto a las víctimas menores de 16 años, pasaron de un millar en 2018-2019 a casi 1.500 en 2021-2022.
Un aspecto preocupante es el aumento de menores que son autores de agresiones sexuales. Las denuncias en las que el agresor era menor de 16 años han crecido de los 201 de 2019 casos a 284 denunciados como autores de delitos sexuales en 2022.
Un 48,4% de las chicas de secundaria manifiestan haber sufrido alguna forma de violencia sexual, frente al 22,9% de los chicos. En el ámbito estatal, del total de 8.337 víctimas menores de edad por delitos sexuales, el 81,7% eran niñas (6.814) y sólo el 18,3% niños (1.151). En Cataluña se observa una proporción similar de predominio femenino.
El feminismo oficial —el de los eslóganes y las banderas— se muestra impotente o, peor aún, indiferente frente a esta tragedia. La contradicción es evidente: si el gobierno se presenta como bastión de la defensa de las mujeres, ¿cómo puede que calle cuando las cifras indican que las principales víctimas de los abusos sexuales a menores son precisamente las chicas? El doble discurso se hace evidente: se atizará la polémica contra el patriarcado o la brecha salarial, pero no se desplegará un plan urgente, con recursos reales y seguimiento, para proteger a las víctimas más indefensas.
Y es aquí donde es necesario recordar otro elemento incómodo: el escándalo de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Las irregularidades, los casos mal gestionados e incluso las sospechas de corrupción han salpicado a esta institución que debía velar por los menores tutelados. ¿Qué credibilidad puede tener un gobierno que predica feminismo y protección, pero mantiene sin resolver un caso tan grave de negligencia institucional? Lo que sí se ha visto no es solo mala gestión, sino una quiebra moral: la incapacidad de poner al niño en el centro de la acción pública.
La escuela pública es otro capítulo clave. Los datos muestran que muchos de los abusos ocurren dentro o alrededor del sistema educativo. Pero la Conselleria de Educación ha optado por la táctica del avestruz: informes internos, respuestas administrativas y silencio de cara a la sociedad. En cualquier país con una mínima sensibilidad, esto habría provocado un terremoto político. Aquí, no. Aquí, quien se atreve a leer el detalle de los informes del Síndic se queda helado, pero la mayoría de los diputados parece que ni siquiera los abre.
La pregunta es inevitable: ¿quién lee realmente estos informes? Y, sobre todo, ¿quién asume su responsabilidad?
Esta carencia de respuesta institucional no es un accidente. Es un síntoma de un modelo político que vive más de la imagen que de la sustancia. El Gobierno Illa habla de valores, pero los menores víctimas de abusos siguen invisibles. El Parlamento multiplica las declaraciones, pero cuando toca destinar recursos, crear protocolos y establecer mecanismos de seguimiento, todo se evapora en la rutina burocrática. La fractura entre discurso y realidad es brutal.
No se trata solo de un problema de gestión. Es una cuestión de prioridades morales y políticas. Los niños y niñas que sufren abusos viven una herida que les marcará toda su vida. Las instituciones que miran hacia otro lado no solo son negligentes: se convierten en cómplices. No hace falta exagerar: Cataluña está fallando a sus menores. Y lo hace en silencio, con la misma discreción con la que se archivan informes y se diluyen responsabilidades.
En el fondo, ésta es una cuestión de credibilidad democrática. Un gobierno que no protege a los más vulnerables, ¿qué protege? Un Parlamento que da la espalda a los informes de su propio defensor, ¿qué representa? Un feminismo institucional que olvida a las niñas víctimas de abusos, ¿qué defiende? Preguntas incómodas que necesitan respuesta. Y quizá el periodismo debe insistir una y otra vez, porque lo que no incomoda a los despachos políticos es lo mismo que destroza vidas en silencio.
Cataluña no puede permitirse continuar en este camino. Los datos están ahí, las denuncias están ahí, los informes están ahí. Solo falta la voluntad política y moral de acabar con una vergüenza que ya dura demasiado. Si no se hace, lo que va a quedar será una memoria amarga: la de un país que toleró que sus niños fueran maltratados mientras sus dirigentes hacían discursos sobre igualdad. Y esto, sencillamente, no es admisible.
El Síndic de Greuges denuncia el nivel de abusos sexuales a menores, pero nadie en el Parlament escucha. ¿Quién lee los informes? #Parlamento #abusossexualesmenores Compartir en X
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