El hundimiento del Capitán Sánchez

Hace apenas unas semanas, Pedro Sánchez se presentaba a sí mismo como el “Capitán” de la nave española, dispuesto a resistir hasta el final. El símil naval pretendía transmitir firmeza y arrojo. Hoy, sin embargo, la imagen resulta grotescamente invertida: el barco ha encallado contra las rocas y el capitán navega ya entre los restos de su propia autoridad.

Porque gobernar no es solo acumular poder; requiere también dos atributos esenciales: respeto y temor. Uno nace de la consideración positiva de la ciudadanía, el otro de la capacidad de imponer disciplina. Sánchez ya no dispone de ninguno. La gente lo increpa allá donde va, recluido en una burbuja de asesores y guardias, y los resortes del poder que aún maneja han perdido el miedo que antes inspiraban. Cuando ni el respeto ni el temor sostienen al gobernante, el hundimiento no es una posibilidad: es una certeza.

El estallido de Nacho Cano

La señal llegó en horario de máxima audiencia. En El Hormiguero, frente a 4,5 millones de espectadores, Nacho Cano pronunció un alegato que sacudió el país. No hubo risas ni aplausos, sino un silencio denso y la incomodidad visible de Pablo Motos. El músico acusó directamente al Gobierno de ser “una banda criminal”, nombrando a Fernando Grande-Marlaska y a comisarios concretos.

No se trató de una ocurrencia ligera: relató episodios, identificó funcionarios, y afirmó que la policía fabricó pruebas contra él. Incluso confesó vivir con miedo a ser asesinado, con dinero apartado para represalias. La escena obligaba, de inmediato, a una reacción: o el Gobierno y Marlaska lo demandaban para defender su honor, o el silencio equivaldría a confirmación.

La gravedad es tal que trasciende al propio Nacho Cano: si las acusaciones resultan falsas, son calumnias intolerables; si son ciertas, estamos ante la demolición del Estado de derecho.

La voz de Carolina Perles

Un día antes, otra entrevista ya había provocado ondas sísmicas. Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, habló en The Objective. Su relato personal se entrelazaba con tramas políticas. Según ella, Koldo García actuaba siguiendo instrucciones de Santos Cerdán, hombre fuerte del PSOE. Ábalos, insinuó, era un peón manejado a distancia.

Las palabras encajan con lo declarado por empresarios imputados como Víctor de Aldama, que aseguran haber entregado millones en comisiones fraudulentas ligadas a contratos de obra pública, al que se añadirían el gran negocio de las mascarillas cuando la Covid 19. El escándalo, que alcanza al Ministerio de Sanidad dirigido entonces por Salvador Illa, va mucho más allá del lucro personal: apunta a una red organizada que se benefició del caos de la pandemia.

Que dos voces tan distintas –un artista y una exesposa de ministro– lancen acusaciones demoledoras en apenas 48 horas en cadenas y medios de difusión generalistas indica algo más profundo: el miedo al poder ha desaparecido.

La Fiscalía en el banquillo

Como si no bastara, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido procesado y se le ha impuesto una fianza de 150.000 euros. Pese a ello, se niega a dimitir y el Gobierno lo protege. Cualquier fiscal ordinario estaría obligado a apartarse en una situación similar. Pero García Ortiz se escuda en tecnicismos: como la norma no cita explícitamente al “fiscal general”, pretende seguir en el cargo. El vacío formal se convierte así en privilegio.

El mensaje es devastador: quien debería encarnar la imparcialidad y el respeto a la ley se aferra al sillón en abierta contradicción con la ética judicial.

Los jueces desafían al Ejecutivo

A la tormenta se añade la rebelión de dos asociaciones judiciales –la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente– que exigen al presidente y al ministro Félix Bolaños que respalden con pruebas sus acusaciones de que “hay jueces que hacen política”. Les reclaman que denuncien formalmente o rectifiquen, porque de lo contrario están acusando a magistrados de prevaricar, el delito más grave en su ámbito.

Nunca antes los jueces había interpelado con tanta dureza al Gobierno. Y lo hace porque percibe debilidad: ya no teme represalias.

Begoña Gómez ante el juez

En paralelo, Begoña Gómez, esposa del presidente, acumula comparecencias judiciales –ya van cuatro– ante el juez Juan Carlos Peinado. Cada citación reaviva la exposición mediática del entorno familiar del jefe del Ejecutivo, ampliando el desgaste político.

La DANA y la responsabilidad omitida

Y mientras tanto, un episodio climático convertido en tragedia muestra otra cara del hundimiento: la gestión de la DANA en Valencia. Según datos oficiales, el Gobierno dejó de invertir 240 millones de euros previstos para canalizar el barranco del Poyo, origen de la devastación. La obra estaba planificada, el riesgo identificado, pero la decisión política fue no ejecutar. El resultado: destrucción y muertes que podrían haberse evitado.

La Generalitat Valenciana cometió sus propios errores, pero la omisión del Gobierno central añade una carga insoportable de responsabilidad.

El fin del respeto y del temor

Los hechos, acumulados en apenas unos días, componen un panorama inequívoco: Pedro Sánchez ha perdido lo único que mantenía a flote su presidencia. Ya no suscita respeto ni temor. Artistas lo denuncian en directo, exesposas revelan entramados oscuros, fiscales se rebelan contra la lógica de la justicia, jueces exigen explicaciones públicas, la oposición multiplica sus reproches y la ciudadanía asiste, atónita, a un goteo de escándalos que parecen no tener fin.

El capitán que prometía resistir hasta el último minuto navega sin rumbo, rodeado de causas judiciales, traiciones internas y errores fatales de gestión. La nave no se hunde por un golpe de mar repentino: se deshace lentamente, corroída por dentro.

Y la pregunta ya no es si Sánchez convocará elecciones. La pregunta es cuánto tiempo puede mantenerse un presidente cuando ni los suyos, ni los jueces, ni los ciudadanos, ni siquiera el humorista que canta en televisión, creen en él o le temen.

El hundimiento, en efecto, ya es un hecho.

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