Cataluña lidera el aborto en España: una tragedia demográfica y económica

Cataluña ha destacado históricamente por su mayor propensión al aborto, como muestran claramente los datos. Este carácter de “avanzadilla” tiene consecuencias personales evidentes, pero también —y esto se suele ignorar— un impacto económico de gran envergadura.

Año     Abortos en Cataluña

2014   22.000

2015    21.800

2016    21.500

2017    21.500

2018    21.700

2019    21.800

2020    21.000

2021    21.200

2022    21.500

2023    21.900

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT)

Cataluña lidera de manera consistente las cifras de abortos en España tanto en términos absolutos como relativos. En 2023, se realizaron 21.175 abortos en Cataluña, lo que representa el 20,5% del total español, a pesar de que la comunidad concentra solo el 16,4% de la población total.

La tasa de abortos en Cataluña fue la más alta del país: 14,92 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años, cifra que supera en 2,7 puntos la media nacional y es significativamente mayor que la de otras comunidades:

Resumen comparativo:

Cataluña no solo encabeza el ranking, sino que su tasa es casi el doble que la de comunidades como Galicia o Extremadura, y muy por encima de la media nacional.

La consideración social del aborto ha seguido una evolución paralela a la de los hijos, pero de signo inverso: a mayor aceptación del aborto, menos nacimientos. Durante siglos, desde la irrupción del cristianismo, el aborto fue considerado un mal absoluto y, como tal, prohibido. Hubo que esperar hasta principios del siglo XX para que empezara a legalizarse, por razones muy distintas a las que hoy suele alegar el feminismo.

El primer país en legalizarlo fue la Unión Soviética, no por motivos ideológicos de género, sino por necesidades estrictamente productivas: el régimen requería fuerza laboral femenina constante y no podía permitirse las interrupciones causadas por el embarazo y la maternidad.

Años después, China siguió el mismo camino, bajo otra dictadura comunista, impulsada por la misma lógica productivista.

El tercer país fue el Japón ocupado tras la Segunda Guerra Mundial: fue la administración estadounidense quien legalizó allí el aborto, con el objetivo nada disimulado de evitar descendencia de las relaciones entre soldados y mujeres japonesas. Paradójicamente, esas mujeres disponían de más “derechos reproductivos” que las propias ciudadanas estadounidenses, dado que en EE. UU. el aborto no fue legalizado hasta más de una década después, a raíz de la sentencia Roe v. Wade, recientemente derogada.

Europa siguió esta senda más tarde, cada país a su ritmo. En esta primera fase, el aborto pasó de ser un mal absoluto a considerarse un mal menor, permitido solo en circunstancias excepcionales y dentro de plazos estrictos.

Pero esta concepción cambió profundamente con el auge del feminismo de segunda ola, que abanderó la igualdad radical entre hombres y mujeres, especialmente en el ámbito sexual. El aborto fue considerado la pieza clave para lograr dicha “liberación”, ya que mientras los hombres no afrontaban las consecuencias biológicas del sexo, las mujeres sí.

A partir de entonces, el aborto se convirtió en el símbolo de la emancipación femenina, entendida sobre todo como liberación sexual. Esta visión se impuso de forma hegemónica en la mayoría de los países europeos, aunque empieza a retroceder en Estados Unidos.

El gran obstáculo para elevar el aborto a la categoría de derecho ha sido siempre la existencia del nasciturus, del ser humano no nacido, que la jurisprudencia española reconocía como portador de derechos. De hecho, en el ámbito penal o sucesorio, su existencia sigue teniendo relevancia jurídica. Por eso, la primera sentencia del Tribunal Constitucional intentó un equilibrio entre los derechos de la mujer y los del no nacido.

Sin embargo, este equilibrio se fue desdibujando, y las dos sucesivas leyes españolas han consagrado la desprotección del nasciturus por un sistema muy pedestre: no existe, no es citado en la legislación. A efectos del aborto y solo del aborto en la legislación española el embrión, el feto, no existen. Es una gran anomalía que muestra como la ideología se impone a la realidad

El caso más extremo es el de Inglaterra y Gales, donde según la última norma no tiene penalización si aborta hasta el mismo día del nacimiento, con una desprotección total del ser humano no nacido, incluso cuando es plenamente viable fuera del vientre materno.

Resulta llamativo que, a pesar del acceso generalizado a métodos anticonceptivos y a la píldora del día después, que en muchos casos actúa como abortiva, el número de abortos no haya descendido drásticamente. Al contrario, se mantiene en cifras elevadas.

En España hablamos de cerca de 100.000 abortos anuales, mientras la natalidad cae en picado. Esto significa que los abortos ya suponen entre una cuarta parte y un tercio de los nacimientos. Su impacto sobre el futuro demográfico y económico del país es devastador.

Entre 2008 y 2023 se ha reducido ¡un 38%!, y un punto porcentual más en Cataluña. Es una brutalidad, más cuando no veníamos de cifras buenas.

En la cultura dominante, tener hijos se considera una opción más, e incluso una que limita la autonomía de la mujer. En cambio, abortar se presenta como un acto de afirmación y empoderamiento. Hay muy pocas ayudas para la familia y los hijos y esto marca una diferencia radical con el resto de Europa, pero el aborto es gratuito y prioritario. Es la única prestación de la sanidad pública que puede resolverse sin coste en la sanidad privada si se considera necesario. Entre hijos y abortos es muy evidente hacia donde se decantan las políticas públicas. Así, se ha invertido por completo el sentido común: el nacimiento es una carga, el aborto una liberación.

Pero todo esto resulta una pesada carga económica sobre nosotros, pero sobre todo hacia nuestros hijos y nietos Una carga más que se añade a la discriminación generacional que sufren.

Y esto es así porque el aborto masivo significa también una destrucción masiva de capital humano, que la inmigración está lejos de corregir. El resultado es un empobrecimiento económico directo a medio y largo plazo que se añade al empobrecimiento secuencial que la demografía, la falta de hijos, va ocasionando y que consideraremos en otra ocasión.

Concretamente, se trata del capital humano, la base de todo crecimiento económico:

El capital humano es el conjunto de conocimientos, habilidades y competencias adquiridas a través de la educación y la experiencia, que permiten a las personas acceder a mejores empleos y contribuir a la productividad y riqueza del país.

En España, el capital humano agregado ha mejorado en las últimas décadas gracias al aumento del nivel educativo, pero sigue siendo inferior al de los países más avanzados de Europa. Los informes internacionales y del Banco de España suelen situar el valor medio del capital humano por persona en países desarrollados entre 300.000 y 500.000 euros, dependiendo del nivel de estudios y la esperanza de vida laboral. En España, el valor medio estimado se sitúa en torno a los 350.000-400.000 euros por persona adulta, aunque este cálculo es aproximado y puede variar según la metodología y las fuentes.

Este valor refleja el potencial de generación de ingresos de un español medio a lo largo de su vida activa, condicionado por la educación, la salud y la empleabilidad.

El coste del aborto en términos de capital humano destruido anualmente en Cataluña es de nada menos que 9.482 millones, mientras que en España es de 37.500 millones

Esto significa en relación con los respectivos PIB una perdida anual del 3, 24 %  para Cataluña y un 2,56 % para España. Una cifra además acumulativa que afecta a la renta per cápita, y que crece a medida que el tiempo avanza.