Desengañaos. Pedro Sánchez no es un presidente del Gobierno al uso. No lidera una democracia parlamentaria basada en la alternancia, sino que representa la versión europea más próxima a ciertos regímenes latinoamericanos, aquellos que creen que solo “unos”, “ellos”, están destinados a gobernar el país para siempre.
El muro de Sánchez
Los principios los fijó Sánchez desde el principio. En su discurso de investidura proclamó la construcción de un “muro” que separaba a los suyos de los demás. Un muro no es una figura retórica: es la antítesis del sistema parlamentario. Ningún presidente europeo se ha atrevido a tanto. Si Giorgia Meloni hubiera dicho algo similar, la Comisión Europea la habría estigmatizado sin contemplaciones.
Este gobierno es también el único que se atreve a afirmar que presentar el Presupuesto en el Parlamento es una «pérdida de tiempo», porque no tienen claro que vaya a aprobarse. Así, vulneran una y otra vez la obligación constitucional de someter las cuentas a información y debate. España se gobierna sin presupuestos… y no pasa nada. A pesar de ello, hay bailes de miles de millones para Defensa y unos pocos más para cooperación exterior.
Sin presupuestos, un Parlamento carece de sentido. Pero Sánchez ya advirtió que pensaba gobernar sin esta institución… y no ocurrió nada.
Demolición de la democracia parlamentaria
No es que la democracia parlamentaria esté en riesgo: está siendo desmontada piedra a piedra.
Solo el Ejecutivo tiene derechos. La presidenta Francina Armengol ha tenido un papel deleznable en todo este proceso.
Sánchez, además, cuenta con un Tribunal Constitucional convertido en garantía política de su Gobierno. Igual que el BCE durante la crisis económica, el TC hará lo que convenga. Ya lo ha hecho con la amnistía, dejando sentado un principio peligroso: Se puede legislar sobre todo aquello que la Constitución no prohíba expresamente.
Esta interpretación rompe la línea de defensa fundamental de los derechos de los ciudadanos. El Gobierno y el Congreso están delimitados por lo que la Constitución les permite hacer, no por lo que no les prohíbe. Y esa es una diferencia esencial.
El PSOE como partido del Estado
Está claro: Sánchez no se irá nunca. Convertirá al PSOE en el Partido Socialista Obrero de Estado, al estilo del PRI en México. Ese es el modelo hacia el que avanzamos. Y ahora con urgencia, para frenar la reacción en cadena del caso Koldo-Ábalos-Cerdán, y todo lo que cuelga, que no es poco.
La pieza clave: la reforma judicial
En esta deriva, una pieza clave está en trámite parlamentario: la ley orgánica que reforma el acceso a las carreras judicial y fiscal.
Principales novedades del proyecto:
- Nuevo sistema de oposición: Se añaden pruebas prácticas que permiten mayor flexibilidad en la calificación.
- Centro público de preparación: El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) se convierte en una red pública descentralizada de preparación, con centros en todas las provincias y un registro público de preparadores. El Gobierno pasa a controlar la formación de jueces y fiscales.
- Reforma del “cuarto turno”: Se refuerza esta vía de acceso (25% de las plazas) como un coladero político, convocatorias anuales y simultáneas al turno libre.
- Regularización de jueces y fiscales sustitutos: Se estabilizarán 1.300 sustitutos mediante un concurso-oposición extraordinario.
- Otras medidas:
- Ascenso automático de juez a magistrado a los cinco años.
- Igualdad promocional para jueces mercantiles y de violencia de género.
- Ampliación de la Comisión de Ética Judicial, incluyendo expertos externos elegidos por las Cortes.
Cambios fundamentales en la Fiscalía:
- Aunque se mantiene su estructura jerárquica, el Fiscal General del Estado —nombrado por el Gobierno— asumirá la instrucción judicial.
- La Fiscalía pasará a controlar la policía judicial, como la UCO.
¿Alguien se imagina los actuales escándalos de corrupción del PSOE investigados por este Fiscal General del Estado… procesado por el Tribunal Supremo?
Las críticas más contundentes
La reforma ha provocado una reacción sin precedentes en la judicatura, incluyendo una huelga cuyo primer día se cumplió el 1 de julio.
Los principales puntos de crítica son:
- Politización del acceso judicial:
El Gobierno busca una “justicia dócil”, facilitando la influencia política en la selección y composición del poder judicial. - Devaluación de la formación:
Se eliminan pruebas orales y memorísticas, sustituidas por evaluaciones prácticas, más subjetivas y menos exigentes. - “Cuarto turno” como coladero político:
Se abre la puerta a candidatos afines al poder, con menos exigencias competitivas. - Desigualdad de acceso:
El proceso extraordinario para sustitutos y la valoración de méritos favorece a unos perfiles en detrimento del mérito y la capacidad. - Politización de la instrucción penal:
Los fiscales asumirán el papel instructor, subordinados jerárquicamente al Fiscal General… y este, al Gobierno.
Esta reforma es la pieza que le falta a Sánchez para blindar su permanencia en la Moncloa y convertir al PSOE en el partido único del Estado.
Jueces “a la carta”, fiscales instruyendo, y el Constitucional como aliado. Esto no es una reforma, es una demolición. #DemocraciaEnPeligro #Sánchez Compartir en X
Cargando ...
