Es bien exacto que la pandemia de COVID-19 dejó en España un reguero de cifras devastadoras, pero también de decisiones políticas cuya legalidad y legitimidad moral comienzan ahora a ser cuestionadas.
En la Comunidad de Madrid, la Fiscalía ha reabierto investigaciones contra altos cargos por la exclusión sistemática de ancianos en la atención médica. Sin embargo, el foco no ha alcanzado aún a Cataluña, donde el impacto fue también grave y las prácticas administrativas, igualmente controvertidas.
¿Se puede hablar de justicia parcial si una comunidad se investiga y otra, con cifras similares, permanece en silencio?
Detrás de esta asimetría hay nombres y contextos. En Madrid, el gobierno autonómico está en manos del Partido Popular. En Cataluña, del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), el mismo que lidera el gobierno central. Y quien hoy preside la Generalitat, Salvador Illa, fue precisamente el ministro de Sanidad durante el primer y más letal año de pandemia.
Con este telón de fondo, resulta pertinente preguntarse si la Generalitat evitó responsabilidades en un momento en que miles de personas mayores morían sin haber recibido atención adecuada. Y si ese olvido es ahora también institucional.
Exceso de mortalidad: Cataluña no fue una excepción
Entre enero de 2020 y junio de 2021, España registró un exceso de mortalidad de 89.200 personas. Madrid lideró la estadística con 22.000 defunciones, pero Cataluña ocupó la segunda posición. Solo en 2020, Cataluña contabilizó 79.685 muertes, un 23,5% más que el año anterior, superando la media nacional (17,7%). Durante la primera ola (marzo-junio de 2020), la cifra de defunciones fue 120% superior al promedio histórico. Y entre el 13 de marzo y el 22 de abril, se documentaron 6.482 muertes adicionales, un incremento del 92,7%.
La reducción de la esperanza de vida también fue significativa: 1,59 años menos, pasando de 83,8 a 82,2 años. Aunque este descenso fue menor que en Madrid (-2,67 años), sitúa a Cataluña entre las regiones más castigadas. El 81,7% de las muertes por COVID-19 en esta comunidad afectó a mayores de 75 años. Una mortalidad abrumadora que se concentró en residencias, hospitales y hogares donde los criterios de edad definieron el acceso a recursos vitales.
Cribado por edad: ¿selección sanitaria o discriminación institucionalizada?
Diversos documentos y denuncias, como el informe Llamamiento a la sociedad de e-Cristians, (hoy, Corriente Social Cristiana) alertaron desde abril de 2020 sobre el cribado por edad aplicado por la administración sanitaria catalana. Según este informe, se llegó a denegar el ingreso hospitalario o el acceso a ventilación mecánica a pacientes mayores de 80 años, incluso cuando sus condiciones clínicas lo permitían. Las instrucciones, en algunos casos, procedían directamente de protocolos de centros sanitarios públicos.
El criterio de edad se impuso, no como recomendación clínica, sino como política administrativa. Un utilitarismo sanitario que vulneró principios básicos de igualdad, dignidad humana y no discriminación.
La gestión en residencias agravó esta exclusión: más de 900 muertes solo en la primera quincena de abril de 2020, con carencias estructurales en personal, pruebas diagnósticas y equipos de protección. Mientras tanto, desde el gobierno de la Generalitat, presidido por Quim Torra y con Salvador Illa al frente del Ministerio de Sanidad, se ofrecían mensajes de unidad y resiliencia, pero no soluciones.
El doble rasero institucional: ¿por qué no se investiga en Cataluña?
La reapertura de casos en Madrid responde a la presión de familiares de víctimas y a una fiscalía que ahora, con otros tiempos políticos, retoma expedientes que antes se archivaron. Pero en Cataluña, pese a datos comparables, la misma Fiscalía —dependiente del gobierno central— no ha impulsado investigaciones similares. ¿Es la coincidencia política entre la Generalitat y la Moncloa el motivo? ¿Es Illa, ahora presidente catalán, inmune al escrutinio al haber sido ministro cuando todo ocurrió?
El informe de Gaceta Sanitaria publicado en 2024 confirma que Cataluña sufrió un exceso de mortalidad entre los más altos del país, con un impacto directo en esperanza de vida y desigualdad socioeconómica. Los barrios más pobres registraron tasas más altas de contagio y muerte, y los mayores fueron claramente el grupo más afectado. Las decisiones adoptadas entonces no han sido ni revisadas ni corregidas. Nadie ha rendido cuentas.
El derecho a no morir solo y sin atención
El documento de e-Cristians también denuncia que a miles de personas se les negó acompañamiento espiritual, algo que en un país con mayoría culturalmente católica no puede descartarse como irrelevante. Más allá de la confesionalidad, la exclusión del consuelo religioso evidencia una deshumanización de los protocolos. El aislamiento total de los pacientes y la falta de transparencia en la gestión provocaron un sufrimiento adicional, invisible pero real.
Conclusión: si hay justicia, que lo sea para todos
El tratamiento político y judicial del drama vivido por las personas mayores durante la COVID-19 no puede depender de la filiación partidaria de quienes estaban en el poder. Si Madrid debe responder por su gestión, Cataluña no puede ser la excepción. Las cifras no lo permiten. Las familias no lo aceptan. Y la dignidad de quienes murieron sin atención lo exige.
Mientras la Fiscalía investiga en unas regiones y guarda silencio en otras, la memoria de miles de muertos sigue sin justicia. La pandemia fue nacional. Las responsabilidades también deben serlo.
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