El último escándalo que atenaza al Gobierno y al PSOE tiene una dimensión histórica si se confirma como cierto: una “fontanera” del partido maniobrando, presuntamente en nombre de sus superiores, para desacreditar a un fiscal anticorrupción y al jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Este episodio se suma a una larga lista de irregularidades, casos judiciales y conflictos éticos que afectan al partido del Gobierno y que podrían tener consecuencias devastadoras si no se explican y resuelven de forma clara y urgente.
Todo comienza con la filtración de unos audios en los que Leire Díez, militante socialista y exdirectiva en diversas empresas públicas, mantiene una videoconferencia con varios abogados y con los empresarios Javier Pérez Dolset (procesado por fraude) y Alejandro Hamlyn (imputado en la trama de hidrocarburos).
Durante la conversación, Díez se interesa abiertamente por conseguir información comprometedora contra el teniente coronel Antonio Balas, jefe de la UCO y responsable de investigaciones que afectan a familiares del presidente Pedro Sánchez y al conocido caso Koldo. En estos mismos audios, Díez llega a ofrecer a Hamlyn posibles favores por parte de la Fiscalía si le entrega material incriminatorio contra miembros de la Guardia Civil, llegando a calificar a este cuerpo como «la Camorra».
Ante la gravedad del contenido, la reacción del PSOE ha sido sorprendentemente tibia.
Se ha limitado a abrir un expediente informativo —ni siquiera disciplinario— contra Leire Díez, redactado en un lenguaje excesivamente prudente, donde se subraya que no tiene vínculos profesionales ni orgánicos con el partido, pese a la abundante documentación gráfica en la que aparece junto a dirigentes de alto nivel, incluido el propio Pedro Sánchez. Además, sus cargos en empresas públicas como Correos no eran de bajo perfil, lo que contradice la narrativa de que se trata de una simple afiliada sin peso político.
Pero el asunto no termina ahí. Víctor de Aldama, imputado y pieza clave en el caso hidrocarburos y también en la trama Koldo, fue puesto en libertad provisional en noviembre de 2024 tras llegar a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. Durante su declaración voluntaria, Aldama aportó datos relevantes para esclarecer adjudicaciones públicas sospechosas en el Ministerio de Transportes y mencionó expresamente a Leire Díez como intermediaria en operaciones opacas.
Además, han salido a la luz nuevas conversaciones en las que el empresario Javier Pérez Dolset —también implicado en la trama de hidrocarburos— afirma que tanto Pedro Sánchez como Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, estarían detrás de una operación para obtener información comprometedora sobre la UCO y sobre figuras clave en investigaciones judiciales sensibles. En estos audios se menciona directamente al presidente del Gobierno en el contexto de una estrategia para desacreditar a los cuerpos que investigan la corrupción.
La presión política y mediática ha crecido en intensidad, pero el silencio desde Moncloa persiste.
Ante semejante panorama, las preguntas son inevitable:
¿Dónde está Pedro Sánchez? ¿Por qué guarda silencio? ¿Por qué no permitió preguntas durante su reciente rueda de prensa con el primer ministro esloveno, Robert Golob?
¿Por qué la directora de la Guardia Civil no ha salido públicamente en defensa de la UCO y de su independencia?
¿Por qué no se ha presentado una denuncia contra Leire Díez por implicar a la Fiscalía en posibles tratos de favor?
¿Por qué ni Sánchez ni Cerdán han interpuesto una querella contra Pérez Dolset si sus afirmaciones son falsas?
También cabe preguntarse cuál es la postura oficial de Sumar ante este escándalo, que —de confirmarse— revela una amenaza estructural al Estado de derecho. ¿Por qué callan partidos como ERC, PNV y Junts, que tumbaron gobiernos anteriores por causas de corrupción bastante menos complejas? ¿Y Pablo Iglesias? ¿Dónde está su vehemencia de antaño?
La ciudadanía, desgastada y cada vez más alejada de la política, parece resignada. Pero esta sucesión de escándalos, unidos a la ausencia crónica de explicaciones y a la negativa del Gobierno a someterse al control parlamentario, no es solo una crisis del PSOE o de Pedro Sánchez.
Si no se esclarece pronto, puede convertirse en una crisis del sistema y del propio régimen constitucional. Las alarmas están encendidas. Lo que está en juego ya no es un Gobierno, sino la confianza pública en las instituciones democráticas.
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