El caso de una menor tutelada víctima de una red de abusos sexuales en Cataluña solo es la punta del iceberg. La Generalitat ha abierto ahora una investigación interna para esclarecer su gestión de los hechos: una niña de 12 años, bajo tutela de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA), fue captada y abusada sistemáticamente por una trama liderada por un electricista apodado el “Pelicot catalán”.
Aunque la versión oficial señala que el expediente se activó en 2021 tras la detección de indicios de abuso por parte de los educadores del centro, la realidad es que el agresor, Teófilo L.M., fue arrestado inicialmente en 2022 gracias a la denuncia de uno de los cómplices que había sido contactado a través de la aplicación Lovoo. Este hombre, a quien Teófilo ofreció relaciones con la menor de 15 años, alzó la voz y permitió que la policía actuara.
Entre 2022 y 2024, Teófilo volvió a ser detenido en dos ocasiones, pese a lo cual la Generalitat no abrió expediente informativo hasta mayo de 2025, más de cuatro años después del primer aviso.
Los hallazgos policiales revelaron que el agresor captaba a la menor en aplicaciones de citas, la ofrecía a terceros y grababa los encuentros: en su domicilio almacenaba casi 1.300 videograbaciones de distintos abusos. Además, cuando la víctima cumplió 15 años, los servicios de atención permitieron—sin justificarlo debidamente—que se fuera a vivir con un adulto de 25 años, vulnerando el Código Penal, que prohíbe cualquier relación sexual entre menores y adultos, con independencia del supuesto “consentimiento”.
Este caso particular no solo expone graves deficiencias en el sistema de protección de la Generalitat, sino que evidencia una omisión estructural: entre 2021 y 2024, la DGAIA tutelaba a casi 9.000 menores en la comunidad, de los cuales es imposible saber cuántos han sufrido abusos silenciados.
Una auditoría independiente, por ejemplo a cargo del Síndic de Greuges, resulta imprescindible para evaluar no solo este expediente, sino todo el funcionamiento de los servicios de infancia.
El problema trasciende Cataluña y alcanza al Gobierno central: según el último informe del Ministerio del Interior (2024), se registraron más de 9.000 delitos de abuso sexual a menores—el 42 % del total de agresiones—pese a que este colectivo no supera el 20 % de la población. Esta cifra duplica la de hace siete años, sin que el Ejecutivo haya impulsado medidas de calado.
En términos absolutos, Cataluña encabeza la lista con más de 2.000 casos, y en proporción (5,5 casos por cada 10 000 habitantes) ocupa el tercer puesto entre las comunidades autónomas. Por provincias, Lleida (6,2), Barcelona (5,5), Girona y Tarragona (ambas con 5,3) están entre las más afectadas.
Paralelamente, el caso de Mónica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, y otras seis personas acusadas de ocultar abusos sexuales en un centro de menores, demuestra que el silencio y la impunidad no son exclusivos de una sola comunidad.
Finalmente, el libro La pederastia en la Iglesia y la Sociedad. El gran chivo expiatorio (2025), de Josep Miró i Ardèvol, aporta un análisis exhaustivo de la magnitud de estos delitos y denuncia la inacción de las instituciones públicas.
El caso de la menor tutelada en Cataluña revela fallos graves en la DGAIA: casi 1.300 vídeos de abusos y 4 años de silencio Compartir en X
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