Lo que ha pasado con la DANA en el País Valenciano debería alertarnos porque revela un problema creciente de nuestras administraciones públicas: su degradación por la combinación de la incompetencia política y técnica, en una dinámica donde los problemas de las personas son simplemente munición en manos de los partidos políticos para dañarse unos a otros.
La tragedia humana y material provocada por la DANA que azotó la Comunidad Valenciana en octubre de 2024 dejó un rastro de devastación: 227 personas fallecidas, un desaparecido, barrios arrasados por el agua y una sociedad conmocionada. Pero más allá de las imágenes del desastre, el episodio ha puesto al descubierto un problema estructural mucho más profundo: la ineficacia de las administraciones públicas y una preocupante cadena de errores políticos, técnicos y de comunicación que ha amplificado la catástrofe hasta límites insoportables.
En el centro del huracán político se encuentra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, cuya gestión ha sido duramente cuestionada. En pleno despliegue de la emergencia por lluvias torrenciales, mientras la situación empeoraba hora tras hora, Mazón no estaba supervisando la respuesta institucional ni coordinando recursos.
Según sus propias declaraciones, dedicó una parte crítica de aquella jornada a un almuerzo con la periodista Maribel Vilaplana, en un intento de convencerla para asumir la dirección de À Punt, la televisión pública valenciana. No era imprescindible que el presidente estuviera físicamente en la sala de operaciones, pero sí era fundamental que mostrara control y seguimiento directo del drama que se desarrollaba sobre el territorio. No lo hizo.
Quien sí tenía que estar —y tampoco lo estuvo debidamente— era la consejera de Justicia e Interior y máxima responsable de Protección Civil, Salomé Pradas. Su gestión ha sido tan nefasta que no solo fue destituida semanas después, sino que actualmente está imputada por homicidio y lesiones por imprudencia.
Pradas reconoció ante la jueza instructora que no tenía formación ni preparación para el cargo, y cuyo nombramiento fue una decisión directa de Mazón. Durante las horas críticas del 29 de octubre, intentó sin éxito contactar con el presidente mientras el barranco del Pollo se desbordaba, arrasando viviendas y causando numerosas víctimas, especialmente en Paiporta y otras localidades de l’Horta Sud.
Pero los errores garrafales del Consell no agotan la magnitud del desastre ni deben servir de coartada por el papel jugado por el Gobierno, que ha actuado con una doble irresponsabilidad. Por un lado, ha intentado convertir la tragedia en un arma electoral, cargando toda la responsabilidad en la Generalitat, adversario político del PSOE. Por otro, ha ocultado su propia negligencia. Durante más de seis años, el Ejecutivo paralizó las obras hidráulicas previstas para prevenir inundaciones en la zona. Obras que, de haberse ejecutado, podrían haber evitado muchas de las muertes que ahora se lamentan.
Tras la tragedia, la actitud del Gobierno fue de una mezquindad notable en la coordinación y el apoyo. Y lo más grave: durante la jornada del desastre, el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), encargado de dirigir la respuesta institucional, no fue informado del desbordamiento de los barrancos ni del riesgo extremo que se avecinaba. Así lo reveló la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja. Su testimonio dejó claro que en el centro neurálgico de la emergencia se desconocía el origen real del peligro: las riadas provocadas por el desbordamiento del barranco del Pollo.
La razón de este error crítico fue, según todas las evidencias, la inoperancia de la Confederación Hidrográfica del Júcar, organismo estatal encargado de supervisar los cursos de agua. No solo no alertó a tiempo, sino que probablemente ni siquiera contaba con información precisa de lo que estaba ocurriendo. Y aquí se destapa un problema sistémico: políticos mal preparados, ocupando cargos para los que carecen de formación, y una estructura técnica incapaz de ofrecer datos fiables en tiempo real.
En una emergencia de esta magnitud existen dos niveles de información clave.
El primero tiene que ver con la protección civil: alertas a la población, medidas preventivas, coordinación de recursos. Aquí falló estrepitosamente el gobierno autonómico. Pero el segundo nivel, aún más básico, es el que debía proveer la Confederación: una información clara, en tiempo y forma, sobre el riesgo de desbordamientos. Sin estos datos, cualquier estrategia de protección civil carece de fundamento.
Si el CECOPI hubiera recibido alertas adecuadas sobre el desbordamiento del barranco del Pollo, la respuesta habría sido, si no perfecta, al menos mucho más eficaz. Pero ni eso. El resultado ha sido una tragedia que evidencia el colapso de un sistema: una administración en la que los políticos carecen de visión y formación, y los técnicos no están en condiciones de cumplir con su deber más elemental.
La DANA de Valencia no fue solo una catástrofe natural. Fue también —y sobre todo— un naufragio institucional. Un aviso de que, si no se produce una regeneración profunda de cómo se gobierna y gestiona el público, las próximas lluvias volverán a convertirse en funerales.
Degradación por la combinación de la incompetencia política y técnica, en una dinámica donde los problemas de las personas son simplemente munición en manos de los partidos políticos para dañarse unos a otros Compartir en X
