Cinco años después de la tragedia de la COVID-19, la sociedad española se enfrenta a un escenario marcado por la falta de responsabilidades políticas y la carencia de medios adecuados para afrontar una nueva amenaza. La COVID-19 ha dejado una profunda impronta en nuestra sociedad, evidenciada no sólo por las cifras de pérdidas de años de vida, sino también por la dolorosa realidad de los 120.000 a 130.000 muertes directas. Esta cifra, una de las más elevadas de Europa, no refleja la totalidad del daño causado.
Además de las víctimas mortales directas, se suman aquellas personas que, afectadas por otras patologías, vieron su situación agravada de forma determinante por la COVID-19.
Un tercer capítulo lo conforman los afectados por la COVID persistente, un fenómeno médico todavía poco conocido que impacta la vida de dos millones de personas en España. El cuarto daño es el psicológico, manifestado en la proliferación de enfermedades mentales, en gran medida vinculadas a los estrictos y reiterados confinamientos, que paradójicamente no lograron evitar una alta tasa de mortalidad. Este problema ha afectado especialmente a una generación de adolescentes y niños que sufrieron el aislamiento prolongado.
El impacto económico es otra área de grave afectación. España fue uno de los países europeos más perjudicados y uno de los últimos en recuperarse. Como resultado, parte de los salarios todavía se encuentra por debajo de los niveles reales de 2019, debido a la crisis inflacionaria que siguió a la pandemia, que sigue erosionando el poder adquisitivo, especialmente de las rentas más bajas y de las clases medias con hijos. Pese a las medidas gubernamentales, miles de empresas cerraron.
Aún persiste un último capítulo de daños, con importantes secuelas: la inhabilitación del estado de derecho, justificada por los riesgos de la COVID-19, que llevó a confinamientos extremos y a la suspensión de la actividad del Congreso en un momento en que el control de las decisiones del Ejecutivo era más necesario que nunca.
Todas estas cuestiones no han sido objeto de un análisis exhaustivo y transparente a pesar de los compromisos del presidente del Gobierno. El único informe disponible, elaborado por expertos designados por el Ministerio de Sanidad durante la gestión de Carolina Darias, se centra exclusivamente en el ámbito sanitario y, por su naturaleza gubernamental, no aborda todas las dimensiones críticas de la gestión de la COVID-19.
Mientras el Congreso y el Senado debaten sobre la creación de comisiones para investigar las responsabilidades políticas de la catástrofe de la DANA, la tragedia de la COVID-19, de magnitud histórica, sigue sin una revisión similar. Esta omisión supone una ocultación por parte del Gobierno de Sánchez y una negligencia de la oposición en su deber de exigir rendición de cuentas.
Esta carencia podría haber sido enmendada por el Defensor del Pueblo, su autoridad e independencia le permitirían llevar a cabo una investigación exhaustiva. ¿Qué mejor defensa del pueblo que esclarecer las responsabilidades políticas para aprender de los errores y evitar su repetición?
Por ejemplo, ¿por qué el Ministerio de Sanidad no coordinó los recursos entre comunidades autónomas frente a la saturación de hospitales y la disponibilidad de capacidades en otras regiones? Esta coordinación podría haber salvado muchas vidas, como ocurrió en Francia.
¿Fue realmente necesario hacer triajes por edad en los servicios de salud de Cataluña y Madrid, que condenaron a muerte a personas mayores? Es imperativo reexaminar estas decisiones para extraer lecciones valiosas en lugar de negar la evidencia e intentar ocultarla en el olvido. Si no se revisan las políticas aplicadas en todos los ámbitos, no sólo los aspectos técnicos, sino también las decisiones políticas y sus consecuencias, nada habremos aprendido de esta tragedia.
Sánchez tiene una gran responsabilidad en este desastre y, por tanto, es el principal interesado en que no se hable. El presidente de Catalunya, que era ministro de Sanidad, tuvo también un papel lamentable y nunca se le exigieron responsabilidades políticas. Pablo Iglesias, como vicepresidente del Gobierno encargado de los servicios sociales, fue negligente ante la tragedia en las residencias, que pueden volver a ser escenarios de muerte debido a la falta de soluciones a problemas como el hacinamiento y desconexión del sistema nacional de salud.
La polémica en la Comunidad de Madrid, con ataques y contragolpes entre Ayuso y la oposición, es una de las pocas ocasiones en las que la COVID-19 vuelve a los medios de comunicación. No debemos olvidar que ésta fue la mayor tragedia después de la Guerra Civil, y el poder actual está interesado en que desaparezca de la memoria colectiva.
Solo en el 2020, el año más cruel en España, murieron unas 50.000 personas, frente a las 35.000 de Italia, aunque este país fue el primero en la lista de afectados. El impacto inicial en España fue devastador, duplicándose en los dos años siguientes. Este impacto, pese a los duros confinamientos, se debió en gran medida a la inacción inicial.
El anuncio del brote de neumonía en Wuhan se realizó el 31 de diciembre de 2019, pero la sanidad española no reaccionó. El 10 de enero de 2020 se enviaron recomendaciones técnicas a la OMS, pero España permaneció inactiva. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades emitió una comunicación de bajo riesgo el pasado 22 de enero, pero cuatro días después ya se advertía de un alto riesgo si no se tomaban medidas.
La OMS declaró la emergencia de salud pública internacional el pasado 30 de enero, pero España siguió sin actuar. El 3 de febrero, la OMS publicó un plan de preparación y respuesta, pero los responsables de sanidad españoles no reaccionaron. El Ministerio de Sanidad insistió en que había pocos casos importados en España, incluso el 1 de marzo, cuando ya se habían reportado 73 casos, que aumentaron a 234 el 5 de marzo ya 904 el 9 de marzo. Sin embargo, se permitieron eventos masivos como las manifestaciones del 8 de marzo y no se tomaron medidas en los aeropuertos. Esta inacción inicial, sumada a decisiones equivocadas posteriores, agravó la situación.
Cinco años después, es imprescindible una comisión parlamentaria que revise lo sucedido, establezca responsabilidades y determine los errores cometidos. De lo contrario, continuaremos presenciando absurdos como el retraso de cinco años en la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, que además se presenta sin presupuesto, recursos humanos ni ubicación física. También nos falta una ley que permita adoptar medidas extraordinarias sin vulnerar la Constitución, como ocurrió con los confinamientos.
La única solución para nuestro futuro es iluminar el pasado y extraer conclusiones que nos permitan evitar la repetición de tan graves errores.
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