Ayer, en la comparecencia habitual del gobierno tras el Consejo de Ministros, cuando el tema destacado era la subida del salario mínimo pactada entre los sindicatos de CCOO y UGT con la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se produjo un sainete que enmascaró la noticia a expensas de la pelea dentro del gobierno.
No es nada frecuente que toda una vicepresidenta contradiga a la portavoz del gobierno en directo ante las cámaras de televisión, afirmando que se enteró por los medios de que el nuevo incremento del SMI tributará el IRPF. El aumento genera un ingreso superior al mínimo exento, situación en la que pueden encontrarse medio millón de perceptores de este salario, lo que reportaría unos ingresos adicionales a Hacienda de —según las valoraciones— entre 400 y 500 millones de euros.
Las críticas de Díaz a la forma de proceder de la vicepresidenta Montero fueron de escándalo público, hasta el extremo de que intervino la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, por lo que, durante la comparecencia, el gobierno hablaba con dos voces abiertamente discrepantes.
No es algo nuevo, pero sí lo es que se produzca de una manera tan exhibicionista, ya que pone en evidencia la debilidad del líder, Pedro Sánchez, que no es capaz de imponer unidad o, como mínimo, disciplina.
En Europa, unos conflictos de este tipo se resuelven con una crisis de gobierno, cambiando a los ministros afectados o, en su caso, convocando elecciones. Aquí se resuelve con una frase de Díaz: «Este gobierno goza de muy buena salud», que refleja tanto irresponsabilidad como el oportunismo de quienes no piensan abandonar el cargo ni por obligación.
Todo esto no sólo es anormal, sino confuso y contrario a una buena gobernanza. No es normal que lo que pagan de más los empresarios con la subida del SMI no sirva para mejorar la vida de los trabajadores con menos ingresos, sino para engordar unas arcas del Estado ya bien nutridas —que, con la inflación, suman un impuesto adicional—, además de disponer del multimillonario plan Marshall de los fondos europeos Next Generation.
En estas condiciones, aumentar el mínimo de la exención fiscal, aunque afectara a más gente (jóvenes y viudas con prestaciones más débiles), no sería ningún drama fiscal, sino una forma efectiva de mejorar las condiciones de quienes menos tienen. Pero el gobierno Sánchez, como siempre, prefiere ingresar el dinero y después anotarse un triunfo con medidas como el «bono cultural» para jóvenes o iniciativas similares.
Es necesario menos escudo social y más ingresos para quienes menos cobran. Y es que el mantra de que ese dinero se destina a servicios públicos es, en gran medida, falso: por cada 100 euros que ingresa el Estado, sólo una mínima parte llega a servicios directos, mientras el resto se pierde en costes de transacción.
En este sentido, la eficiencia de Cáritas, por ejemplo, es nueve veces superior a la de la Administración Central por cada euro destinado a bienestar social.
En este contexto, los perceptores del SMI en Cataluña son los más perjudicados, y esto parece que nadie lo tiene presente. La razón es evidente: en Catalunya, la franja de bajos ingresos está fiscalmente más maltratada por la parte de la fiscalidad que gestiona la Generalitat. En general, todos los catalanes reciben un maltrato por parte de la Generalitat.
La presión fiscal en Cataluña es efectivamente una de las más elevadas en el contexto fiscal autonómico de España. Esto se refleja en varios aspectos:
- Cataluña tiene la cuarta mayor presión fiscal regional, sólo por detrás de las Islas Baleares y Cantabria, con un 33,78% de recaudación impositiva total sobre el PIB regional.
- La comunidad catalana ha experimentado un incremento desproporcionado en la recaudación fiscal frente a su crecimiento económico. Mientras que el PIB de Catalunya creció un 17% entre 2014 y 2018, la recaudación fiscal aumentó un 48% en el mismo período.
- Cataluña es la comunidad autónoma con más tributos propios de España, con un total de 18 impuestos, frente a una media de 5 en el resto de las autonomías.
- La fiscalidad de los catalanes es casi un 20% superior a la del resto de ciudadanos de España.
- Se han producido incrementos significativos en varios impuestos autonómicos:
- El impuesto sobre el patrimonio creció un 21%.
- El impuesto sobre sucesiones aumentó un 41%.
- El impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) o actos jurídicos documentados subió hasta un 63%.
- Para 2025, se prevé el mantenimiento de esta alta presión fiscal, con la aprobación de nuevas ordenanzas fiscales que incluyen un aumento de la fiscalidad en el sector turístico.
Esta elevada presión fiscal en Cataluña tiene implicaciones importantes:
- Proyecta una imagen disuasoria para la inversión y la retención de talento.
- Pese a tener una de las presiones fiscales más altas, paradójicamente Catalunya recauda menos que Madrid en términos absolutos.
Cataluña mantiene una de las presiones fiscales más elevadas en el contexto autonómico español, caracterizada por un alto número de tributos propios y un crecimiento de la recaudación fiscal que supera significativamente el crecimiento de su economía.
Ahora paliar algo este abuso está en manos del gobierno catalán: aprovechar la ocasión para elevar el umbral de la exención fiscal, evitando que los perceptores del SMI tengan que tributar y protegiendo así a los que están en la base de la estructura de ingresos.
Eso sí que sería una medida tangible, en lugar de planes como propiedad compartida, investigación o promesas futuras. De palabras vamos sobrados; de hechos, escasos.
Illa, ¡aproveche la ocasión y baje los impuestos!
