El gobierno Sánchez no sólo ha logrado empeorar la situación de la vivienda después de más de seis años guiados, primero por la ignorancia y después por la incapacidad, sino que no ha querido canalizar recursos, pese a ser el período en el que, gracias a la combinación de los fondos europeos extraordinarios Next Generation y la inflación que ha vaciado los bolsillos de muchos ciudadanos, se ha obtenido más dinero que nunca. Y todo esto es mucho más grave cuando mucha gente sufre por esta endemoniada combinación de inflación y precio de la vivienda.
Sánchez se ha negado una y otra vez a hacer algo necesario: atenuar los efectos del creciente coste de la vida reduciendo su impacto en la fiscalidad y dejando algo más de dinero en los bolsillos de los ciudadanos. Tampoco quiso reducir el IVA de la vivienda del 10% al 4%, que sería el correspondiente a un bien de extrema necesidad.
Ante este tipo de reivindicación, los gubernamentales reiteran que la presión fiscal española es baja comparada con la de Europa y aducían el guarismo de la presión fiscal, que relaciona lo que se recauda con el PIB, como si eso expresara lo que realmente pagan quienes cumplen con el fisco.
Nunca hablan del esfuerzo fiscal, que relaciona lo que se paga no con el PIB, sino con el PIB per cápita, y mucho menos de la cuña fiscal, que añade otra carga muy importante para trabajadores y empresarios: la cotización a la Seguridad Social, que en la práctica es un impuesto sobre el lugar de trabajo.
Esta valoración global de lo que pagamos al Estado por vía directa –después habría que sumar el IVA y los otros impuestos, que en conjunto hacen que trabajemos la mayor parte del año para el gobierno– nos sitúa en un lugar destacado entre los países de la OCDE. Un estudio con otros fines, sobre capital humano de la Fundación BBVA Ivie, nos permite conocer la magnitud de esta cuña.
Literalmente, la cita dice lo siguiente:
“A partir del conjunto de información disponible sobre todas estas cuestiones, puede estimarse el valor económico del capital humano de España en 2018 en 14,8 billones de euros a precios corrientes, una cifra equivalente a 12,3 veces el producto interior bruto (PIB) de ese mismo año. El capital humano tendría, por tanto, una magnitud muy superior a la del stock de otros tipos de capital, ya que, según las estimaciones de la Fundación BBVA Ivie, el stock de capital físico en 2017 era de 3,4 billones de euros (aquel año 2017, último comparable, el valor del capital humano sería 4,2 veces el del capital físico).
La primera conclusión, por tanto, es que el capital humano es el principal componente de la riqueza de España y constituye su principal factor productivo (…). Sin embargo, una parte de la riqueza que el capital humano representa para el conjunto de la nación no constituye riqueza para los propietarios individuales de este factor, los trabajadores y sus familias, en función de sus dotaciones particulares. El valor económico del capital humano neto de impuestos sobre la renta y cotizaciones sobre el trabajo es, naturalmente, inferior a la cifra mencionada, en la medida en que es necesario deducir de las rentas laborales brutas el pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y todas las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa o del trabajador”.
“Sin embargo, el papel fundamental del capital humano en la capacidad productiva de España se mantiene, aunque se excluya al componente de cotizaciones sociales a cargo de los empleadores. Éstas suponían un 22,2% de la remuneración de los asalariados en 2018 según datos de la Contabilidad Nacional de España. Esta modificación situaría el valor del capital humano de 2018 en España en 11,5 billones de euros (…). Los datos de cuña fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para España sitúan actualmente su valor para un trabajador representativo en el 39,4% del coste laboral para la empresa (OCDE 2019b). Teniendo en cuenta una cuña fiscal de esa magnitud, el valor neto del capital humano para los individuos que lo poseen se situaría actualmente en 9 billones de euros”.
De los 14,8 millones de euros aportados por el trabajo en sus diversas manifestaciones que forman parte del valor del capital humano para un año (2018), 5,8 billones se los lleva el gobierno. Si casi el 40% de nuestros ingresos resulta poco –y se trata del valor medio y no de lo que recauda entre los que perciben mayores ingresos–, entonces lo que hay en el discurso es una mentalidad de expolio fiscal.
No necesitamos más presión fiscal, sino menos y más rendición de cuentas –¿qué es esto?–, más eficiencia del gobierno y la administración, y menos repartir dinero a capazos para fines y causas puramente ideológicas. La exigencia más básica de nuestro país es la de pasar a ser ciudadanos en lugar de pasivos pagadores de impuestos y que nos rindan cuentas de nuestro dinero.
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