El actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha negado la posibilidad de reducir la elevada presión fiscal que soportan los catalanes mediante un ajuste acorde a la inflación, es decir, descontando parcial o totalmente el impacto de la subida de precios en lo que se paga, o bien modificando la estructura fiscal catalana. Argumenta que las exigencias de financiación del gasto, sumadas a un mal sistema de financiación autonómica que afecta especialmente a Catalunya, dificultan esta reducción, privando de un respiro a empresas y familias.
Aunque estas razones puedan ser discutidas y hasta cierto punto comprensibles, resulta mucho más difícil de justificar que, en situaciones donde sería posible aliviar la carga fiscal sin afectar a los ingresos de la Generalitat, el presidente opte por guardar silencio.
Un ejemplo significativo es el caso de los impuestos que encarecen la factura de la luz, un sistema tributario que ya no tiene justificación, dado que su origen, vinculado al déficit de tarifa, ha dejado de existir. Sin embargo, estos impuestos persisten, y el gobierno de Pedro Sánchez parece decidido a mantenerlos.
En total, estos tributos representan aproximadamente 1.500 millones de euros, de los que más del 20% son aportados por Cataluña. Esta compleja red de más de 20 impuestos grava la energía eléctrica y repercute directamente en el precio final que pagan los ciudadanos. Cabe destacar que el 45% del importe de la factura eléctrica corresponde a impuestos y recargos estatales, un porcentaje considerablemente superior a la media europea, situada en el 39,7%.
Expertos en la materia defienden una simplificación del sistema tributario para reducir el precio de la electricidad. Si este conjunto de impuestos desapareciese, la factura de la luz sería entre un 7% y un 9% más barata, lo que sería un alivio significativo para las familias catalanas, especialmente en un contexto económico complicado para las rentas medias y bajas.
A nivel político, tanto Junts como el Partido Popular se oponen a la continuidad de estos impuestos. No ocurre lo mismo con el Gobierno central ni con Esquerra Republicana, un partido cuya posición genera dudas sobre a quién defiende realmente y con qué objetivos. Más allá de las posiciones partidistas, debería prevalecer el interés general del país, y en este caso, de Cataluña.
Sin embargo, la Generalitat parece lejos de ser una firme defensora de los intereses de sus ciudadanos en esta materia.
Cataluña, además, es una de las comunidades autónomas con mayor presión fiscal, tanto por parte del Estado como de la propia Generalitat. Pese a haber sido superada en dimensión económica por otras regiones, como Madrid, sigue recaudando cifras similares. Según datos de 2018, en Catalunya se recaudaron 23.767,3 millones de euros, justo por encima de los 23.580,2 millones de Madrid, pese a que esta última tiene una mayor economía.
Por otra parte, los ingresos que obtiene el Estado en Cataluña (24.221 millones de euros) son muy similares a los de Madrid (25.499,5 millones de euros), pero la diferencia en relación a lo que devuelve a las autonomías es notoria: en Madrid, el excedente fiscal alcanza los 1.919,5 millones de euros, mientras que en Cataluña es de tan sólo 453,7 millones. Esto significa que los catalanes pagan casi tanto en impuestos al Estado como a la Generalitat, lo que supone una presión fiscal desproporcionada y difícil de justificar.
Cargando ...
