La encuesta señala un principio de desgaste para el gobierno de Salvador Illa, cuando apenas ha superado los 100 días iniciales de gestión. La población, al parecer, no parece reconocer el valor que los medios de comunicación del establishment intentan transmitir cada día sobre la tranquilidad que imprime la nueva gestión de la Generalitat, quizás porque algunos la confunden con la “paz de los cementerios”.
Sea como fuere, la encuesta otorga entre 39 y 42 escaños al PSC, lo que sugiere una posible pérdida en comparación con los 42 diputados actuales. Peor le va a Junts per Catalunya, que podría perder entre 3 y 5 diputados de los que tiene actualmente, mientras que para Esquerra Republicana las trifulcas internas no parecen pasarle factura, ya que se mantiene en 20 escaños e incluso podría ganar uno más.
El Partido Popular también se mantiene estable con sus 15 escaños, mientras que Vox podría quedarse con los 11 actuales o perder uno. Por otro lado, En Comú Podem, liderado por Jéssica Albiach, no conseguiría salir de la marginalidad de sus 6 escaños, aunque podría sumar uno más.
¿Dónde se producen las modificaciones importantes? En los extremos. La CUP passaria de 4 a 6 escaños, mejorando en un 50% sus resultados, y todavía más notable es el avance de Aliança Catalana, liderada por Sílvia Orriols, que podría conseguir entre 6 y 7 diputats a partir de los dos actuales.
La mayoría absoluta en el Parlamento se sitúa en 68 diputados, y la coalición que dio la presidencia a Illa parece encontrarse en peligro. Esta pérdida de posiciones de Junts coincide en el tiempo con el reconocimiento de que el gobierno español traspasará competencias en inmigración. La diferencia respecto a lo anunciado no es menor: Junts afirmaba que sería un traspaso integral de todas las competencias del Estado mediante la vía directa del artículo 150.2 de la Constitución. Esto fue lo que acordaron Santos Cerdán y Puigdemont para que los diputados de Junts apoyaran a Pedro Sánchez.
Sin embargo, los meses han pasado y ahora parece que antes de terminar el año esta cuestión quedará resuelta. No está claro si realmente lo que afirma Junts será lo que se traspasará: prácticamente todo salvo el control fronterizo, pero con derecho y posibilidades factuales de regular la cantidad de inmigrantes en Catalunya. En pocas semanas se resolverá la incertidumbre y veremos si Puigdemont y su partido logran apuntarse un éxito en este terreno, algo que necesitan desesperadamente, ya que los datos muestran que existe un traspaso de votos entre Junts y Aliança Catalana.
De hecho, los dos mayores partidos independentistas necesitan desesperadamente que se cumplan los acuerdos que afirman haber pactado, aunque ahora el beneficiario sea el Partido Socialista que gobierna en España. Es probable que el gobierno de Sánchez haga un uso de las nuevas competencias en línea con sus propios intereses, pero esto no quita que la dimensión competencial haya crecido.
Esquerra Republicana también necesita que se demuestre que el pacto que entregó la presidencia al candidato socialista sobre el nuevo sistema de financiación se acerque a una suerte de concierto fiscal atenuado. Si esto es así, Esquerra podrá sacar pecho y esperar un rendimiento electoral; si resulta ser un nuevo «parte de las montañas», la crisis de Esquerra se profundizará.
En este mismo sentido está la competencia por el traspaso de Cercanías, que debería hacerse efectiva el próximo año y que, de momento, sólo tiene comisiones de trabajo. El papel del actual presidente de la Generalitat en este proceso será determinante, como ha demostrado el caso vasco, el gran beneficiado por el gobierno de Sánchez gracias a la acción bien coordinada entre su grupo en el Congreso y el gobierno de Vitoria. De hecho, País Vasco ha añadido algo más a sus competencias, sobre todo en el ámbito del concierto económico, que dispone de un cupo extraordinariamente favorable. Esto significa que el independentismo vasco ha pasado a un segundo plano, superado por una estrategia más práctica y rentable.
No se trata ya de separarse del Estado español, sino de hacer desaparecer su presencia práctica en el País Vasco, donde casi todas las funciones son ejercidas por el propio gobierno regional, lo que le convierte en una especie de confederación de facto, más allá de un simple contrato federal.
Por ejemplo, en los actuales y controvertidos impuestos sobre la banca y las empresas energéticas, si finalmente se aplican a causa del acuerdo con Podemos, la situación es muy distinta en Cataluña que en el País Vasco. En el País Vasco, quien recauda estos impuestos es Hacienda vasca, que puede devolverlos bajo diversas fórmulas consideradas convenientes. Por tanto, ni el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ni las energéticas vascas tendrán que temer los efectos de esta sobrecarga fiscal, lo que no se podrá decir en el caso de CaixaBank, que es la entidad más afectada a causa de las características de su negocio.
El independentismo catalán sigue predicando el horizonte independentista, pero actuando en la práctica dentro del marco autonómico y con una estrecha alianza con el gobierno español, aunque sin conseguir las contrapartidas que sí ha logrado el gobierno vasco. Pedro Sánchez no es ajeno a este principio de confederación parcial de España, que comienza en el País Vasco y está por ver si se extenderá a Cataluña.
No es algo menor que precisamente Cataluña constituya el último baluarte territorial del PSOE, ya que en el resto de España sus gobiernos autonómicos son escasos y sus gobiernos municipales no cuentan con muchas capitales importantes. Solo Cataluña, con la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, gracias al apoyo del PP, y la Diputació, presentan un bagaje territorial de gran relevancia.
Sobre estas coordenadas se moverá la política catalana a principios de 2025.
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