La política española parece estar en un ciclo constante de degradación. La percepción de los ciudadanos hacia los partidos políticos como problema en lugar de una solución es una realidad que se refleja en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat. Los eventos recientes en la Comunitat Valenciana, un ejemplo más de esta degradación, no han hecho más que intensificar la indignación colectiva.
Los políticos, sin importar su color, parecen compartir una preocupante carencia de competencia y una capacidad innata para rodearse de colaboradores del mismo nivel. La incapacidad de cooperar por el bien común se ha convertido en la norma, incluso en las situaciones más críticas. Esta ceguera colectiva también se extiende al reconocimiento de los propios errores, lo que contrasta con la facilidad con la que señalan los errores ajenos. Como resultado, la mentira y el engaño se han convertido en prácticas habituales que lastran cualquier intento de progreso.
El ejemplo más reciente es la falta de respeto del presidente del Gobierno hacia el Congreso de los Diputados y la Constitución. No ha convocado el debate sobre el estado de la nación desde hace más de dos años y medio, cuando es preceptivo hacerlo cada año. Este hecho, aunque desatendido por muchos, es un símbolo del desprecio hacia las instituciones democráticas y hacia el pueblo al que se dice representar.
A esta situación se suma el escándalo que rodea al caso Koldo, en el que el principal implicado, Aldama, ha hecho nuevas declaraciones ante el juez a petición propia. Aldama está en prisión, además, por otro caso, sobre un presunto delito de estafa del IVA en hidrocarburos. Las consecuencias de sus palabras han arrojado aún más barro sobre la situación política. El Gobierno y el Partido Socialista negaron categóricamente las acusaciones, pero la credibilidad otorgada por el juez y el fiscal anticorrupción a las declaraciones de Aldama, que motivaron su salida de prisión bajo medidas cautelares, deja dudas en el aire.
La gravedad de las declaraciones de Aldama reside en que, además de señalar a diferentes responsables políticos, él mismo se ha autoinculpado de dos nuevos delitos. Esto le otorga verosimilitud a sus afirmaciones, ya que, de ser falsas, habría cometido un error garrafal que podría perjudicarle penalmente. El PSOE ha afirmado que es necesario aportar pruebas y, aunque tienen razón, no deberían obviar que la propia declaración de un acusado constituye ya una prueba en sí misma, más aún cuando incrementa su responsabilidad penal.
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La hipocresía institucional se extiende también al ámbito de la corrupción. El Gobierno, que, según el ministro de Justicia, Félix Bolaños, siempre apoyaría a quienes colaboraran con la justicia para combatir la corrupción, parece olvidar sus propias promesas en este caso. Aldama, quien ahora se presenta como colaborador, afecta directamente a Pedro Sánchez al revelar que la conocida fotografía a su lado no fue circunstancial, sino que el presidente conocía los servicios que Aldama estaba prestando. Esta contradicción merece una clara explicación.
Otros nombres también han salido a la luz en las declaraciones: Santos Cerdán, secretario de organización y número tres del PSOE; como antes José Luis Ábalos, ahora defenestrado; Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra María Jesús Montero; y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, todos acusados de recibir sumas de dinero de dudosa procedencia cuando era presidente de Canarias. También se menciona el caso de Delcy Rodríguez, un episodio oscuro que involucró maletas misteriosas y contradicciones en la versión oficial, y que podría tener implicaciones directas para el propio presidente.
Éste es probablemente sólo el primer capítulo de una serie de revelaciones que podrían tener un gran impacto. Las similitudes con el caso Bárcenas, que destrozó al PP y desembocó en la moción de censura contra Rajoy, son evidentes. Ahora, a pocos días de la tragedia política en Valencia, la sensación de desaliento, indignación y frustración entre los ciudadanos parece alcanzar un punto álgido.
Como si no fuera suficiente, el Congreso ha aprobado un controvertido paquete de medidas fiscales. Tras la votación, Unidas Podemos celebraba haber logrado el impuesto a las eléctricas, mientras Junts aseguraba que este impuesto no se aplicará a aquellas empresas que estén en procesos de descarbonización, que son todas ellas. Esto crea una situación absurda donde, o bien Podemos se ha engañado a sí mismo, o bien Junts ha manipulado la realidad. La falta de transparencia y coherencia en la comunicación política pone de nuevo en cuestión la calidad democrática del país. Y por si fuera poco, también el partido catalán ha declarado que ha asegurado que antes de fin de año se transferirá a Catalunya la competencia integral sobre inmigración, que compite exclusivamente en el Estado y que, de ser así, significaría un cambio extraordinario de la capacidad estatal en una materia tan delicada.
No es algo menor que la famosa línea roja de Sánchez hacia los partidos que él califica de extrema-derecha y que concreta con Vox negando toda posibilidad de pactar con ellos y que otros pacten lo hagan, ha desaparecido en el marco de la Comisión Europea cuando necesitó hacer vicepresidenta a Teresa Ribera. Entonces ha aceptado a los representantes inicialmente cuestionados de Orban y Meloni. Ha cambiado absolutamente su posición a base de argumentar que nada se podía decir a representantes de unos países determinados. Sin embargo, esta misma lógica de representatividad la tienen las personas electas en el caso de España. La contradicción es demasiado grande para no parecer arbitrariedad. Acepta al candidato del grupo europeo de Orban que preside precisamente Abascal y el del grupo de Meloni y al mismo tiempo niega a Abascal el pan y la sal en la política española, incluso en ámbitos regionales y locales.
Para cerrar un día de escándalos, el informe del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, sobre los casos de pederastia en la Iglesia católica se presentó en el Congreso. El informe, centrado sólo en las personas vinculadas a la Iglesia, subraya la hipocresía y ocultación del Gobierno y sus aliados ante un problema tan preocupante como los abusos sexuales infantiles, una realidad que exige un tratamiento completo y no limitado a unos pocos casos como los que resultan de circunscribirlo sólo a la Iglesia. Pero sobre este escabroso tema, sobre el que pesan tantos silencios, vale la pena dedicarle un punto clave específico.
