Nosotros, los ciudadanos, y los partidos políticos somos un grupo de bobos

Hay un principio incuestionable: todo el dinero necesario para el funcionamiento de las administraciones públicas, incluidos los partidos políticos, gobiernos, parlamentos… absolutamente todo depende de lo que pagamos nosotros, los ciudadanos.

Este principio elemental tiene, a su vez, una contrapartida igualmente elemental: ¡pagamos para que nos resuelvan los problemas colectivos y para que aquellos que nos afectan individualmente tengan una solución más fácil! Ahora, reflexiona un momento y pregúntate si esto responde a la realidad.

Es evidente que no. Todos los días, en cualquier lugar del país, suceden hechos, grandes o pequeños, que demuestran lo contrario. Tenemos dos ejemplos recientes: uno es la gestión de la movilidad de las personas que utilizaban el ferrocarril de la línea de Tarragona. Las soluciones aplicadas por las obras han sido concebidas al margen de las necesidades de los usuarios, simplemente por cumplir con el expediente.

El segundo ejemplo, más pequeño pero igualmente significativo, son las obras en la calle Urgell de Barcelona. Éstas, que se alargarán hasta la próxima primavera, han levantado un muro de hasta 6 metros en un lado de la calle, y el ruido es insoportable. Las obras no se han planteado para minimizar el impacto en la calidad de vida o en la actividad económica de los afectados, sino simplemente para cubrir el expediente. Y eso sin entrar a hablar de la cita previa, la administración «desaparecida en combate», las listas de espera, las colas, los laberintos burocráticos, y la imposibilidad de hablar con algún responsable político. Que levante la mano quien sepa quién es su concejal.

Por tanto, es lógico que todas las encuestas, tanto del CIS como del CEO en Cataluña, señalen la política como uno de los principales problemas.

Nuestras necesidades van por un lado, mientras que los partidos políticos escenifican su obra por otro. Un ejemplo es la reciente sesión del Parlament de Catalunya, que cada año debería ser un momento de especial importancia política. El balance final, después de la intervención de todos los partidos y del presidente de la Generalitat, es muy pobre. Si dejamos a un lado el compromiso de Salvador Illa de construir 50.000 viviendas en 6 años, las propuestas presentadas son más bien consignas ideológicas, poco o nada conectadas con la realidad.

Incluso cuando plantean soluciones, lo hacen sabiendo que no podrán aplicarse, pero quedan bien ante su pequeña audiencia ideológica. Problemas como la inmigración, con sus dimensiones positivas y negativas, ni siquiera aparecieron en el debate. Tampoco se trató adecuadamente el rápido retroceso del catalán como lengua primera de uso social, las dificultades de las familias con hijos para sobrevivir, o el estado de decadencia de la enseñanza pública. Las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos, cada vez más ahogados por una creciente burocracia, no recibieron la atención necesaria. La situación de los trenes de cercanías, por ejemplo, ni se mencionó.

¿Y qué pasa con los impuestos? ¿Por qué Cataluña es una de las pocas comunidades que no ha deflactado sus impuestos para evitar que la inflación galopante que hemos sufrido multiplique artificialmente lo que debemos pagar?

La realidad es que pagamos cada vez más, como indica el esfuerzo fiscal y la cuña fiscal, y estamos mal servidos. Esto no funciona.

Los parlamentos, que teóricamente nos representan, van por libre. Parece que su misión sea hacer leyes sin cesar, hasta ahogarnos en burocracia, duplicando medidas entre la legislación estatal y catalana. Ahora no hace falta hacer más leyes, sino distinguir, simplificar y aclarar todo el cúmulo legislativo que nos ahoga.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, afirma que un tercio del PIB está fuertemente condicionado por una telaraña reguladora difícil de aplicar y cumplir. Se calcula que 2.000.000 de empresas y casi 10.000.000 trabajadores están lastrados por un exceso de regulación.

Los diputados no deberían dedicar todo su tiempo a elaborar leyes, especialmente cuando muchos no están preparados para ello. Podrían invertir su tiempo en atender a los ciudadanos y estudiar a fondo los problemas importantes, haciendo propuestas que, si tuvieran el apoyo mayoritario, el gobierno debería cumplir.

Otra tarea útil sería seguir la aplicación de las leyes , observando qué funciona y qué no, y tomar nota para futuras legislaciones. Nadie se preocupa de si las leyes cumplen con los objetivos por los que fueron establecidas. Podrían fiscalizar mejor la acción de gobierno, haciéndola más transparente e informando a los ciudadanos.

El problema es que muchos diputados no están preparados para realizar estas tareas, y no se trata de falta de dinero. El Parlamento dispone de un presupuesto abundante, y los partidos políticos están bien financiados.

A nivel estatal, las subvenciones a los partidos políticos en 2024 alcanzan los 52.704.140 euros. Un tercio se distribuye proporcionalmente al número de escaños obtenidos en el Congreso de los Diputados; otros dos tercios, según los votos obtenidos en las elecciones generales.

Los partidos más beneficiados son: Partido Popular (18.883.685,48 euros), PSOE (14.830.982,82 euros), Vox (6.154.183,90 euros), Sumar (6.036.133,56 euros).

En Cataluña, el Parlamento reparte 9 millones de euros entre las formaciones políticas. El 50% se distribuye según los escaños obtenidos y el otro 50% según los votos conseguidos. El reparto para 2024 es el siguiente: PSC (2.190.333,73 euros), ERC (2.108.429,56 euros), Junts (2.016.743,36 euros), VOX (729.887,55 euros), y otros.

Estas subvenciones, que se pagan en doce mensualidades, se reajustan cada año según el IPC, un mecanismo que ellos aplican, pero que no utilizan para ajustar los impuestos de los ciudadanos.

Todo está montado para servir a un círculo vicioso en beneficio de los partidos , que son realidades autorreferenciadas, llenas de personas mediocres y mal preparadas. A eso le llaman democracia parlamentaria y liberal, y los medios de comunicación, dependientes también de subvenciones y publicidad pública, lo presentan como una lucha por el poder, en la que los ciudadanos somos un medio, pero no el fin.

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