El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de septiembre 2004 ha sembrado la alarma al situar la inmigración como el primer problema. Los más de 4.000 entrevistados sitúan este tema como la principal preocupación en la actualidad. Como contra argumento se señala que, cuando se pregunta cuál le afecta personalmente, su importancia retrocede, lo que rebaja la gravedad del diagnóstico. Si lo ven como el primer problema de la sociedad el 30,4% solo el 13,7% lo considera como principal problema personal. Pero si esta lógica debe llevar a minimizar el resultado también se debe aplicar y en mayor medida con el segundo problema, la política y la situación política (20,6% y 8%, respectivamente); el tercero, el paro (20,1% y 11,7%), o el quinto, la desigualdad (16,1% y 7,9%). Lo normal es apreciar los dos indicadores, no solo uno, y esto conduce a la conclusión evidente de que la sociedad española percibe que la inmigración es un problema en casi una tercera parte de sus miembros y que un 14% lo vive en carne propia.
En el caso de Cataluña, el Centro de Estudios de Opinion de la Generalitat (CEO) sitúa la inmigración en una evolución ininterrumpida al alza en cuarto lugar, después de la política, el acceso a la vivienda y la relación Cataluña-España. En definitiva, la inmigración está en el marco de referencia de las preocupaciones de la gente, sin alcanzar el grado de conflicto de otros países de Europa.
LA INMIGRACIÓN
La inmigración se ha convertido en un problema político en la Unión Europea, en Estados Unidos y también en Canadá. En el otro hemisferio, Nueva Zelanda, sobre todo, y Australia mantienen rígidos controles de acceso selectivo al país. El caso de Canadá es sintomático porque constituye lo que podríamos llamar un “país vacío” en el sentido de que tiene una población escasa con relación a su dimensión territorial. A pesar de ello, Trudeau, primer ministro liberal, e hijo del mítico dirigente de este partido y también líder del gobierno en el pasado, ha modificado la legislación de su padre en este ámbito. Lo que fue un emblema de los Trudeau, el país más generoso en la recepción de inmigrantes, ha dejado de serlo.
Alemania, ha establecido unas medidas insólitas de control de sus fronteras, que cuestionan la naturaleza de la Unión Europea, basada en la libertad de desplazamiento. Lo ha hecho un gobierno formado por socialdemócratas verdes y liberales, por lo tanto, alejado de los partidos de derecha o de los de la derecha alternativa. Ha actuado así porque el 50% de la población considera que es el principal problema que tiene el país y el 77% afirman que se ha de ser más restrictivo.
La consecuencia de esta primera consideración es que en términos objetivos la inmigración es un problema en la mayor parte de Occidente, incluso en aquellos casos en los que numéricamente no se puede hablar de desbordamiento. Una excepción singular a este estado de cosas es España. Sin entrar ahora a considerar las causas de esta diferencia, debemos presuponer que más pronto que tarde también se convertirá en un problema político de primer orden, por la dimensión alcanzada por el fenómeno, y por el flujo muy elevado de entradas. Además, en nuestro caso, por razones objetivas de peso, relacionadas con aquella dimensión e intensidad y su impacto económico y social, también cultural y lingüístico sobre todo en comunidades, caso de Cataluña que combinan una inmigración elevada con la existencia de lengua propia además del español.
EL ABORDAJE POLÍTICO
Otro aspecto del problema y del conflicto migratorio es el abordaje político que en la mayoría de casos, y esto es evidente en el caso español y catalán, se niegan a tratarlo de acorde con su realidad, de manera que unos optan por politizar y exagerar los rasgos positivos y los otros actúan en sentido opuesto. El resultado es la polarización también en este tema, a lo que se une la carencia de una verdadera política inmigratoria.
Además, el relato sobre la inmigración nunca va solo ideológicamente, sino que forma parte de otros más amplios. En el caso de los partidarios acérrimos y de aquellos que consideran que no comporta ningún tipo de peligro, va de la mano de políticas que menosprecian la natalidad y la familia clásica y natural, que no consideran un problema importante la baja tasa de nacimientos, que ven con reparos los llamamientos a políticas que fomenten el número de hijos. Todas estas cuestiones, además, hoy se alinean con conglomerados ideológicos más extensos, relacionados con la defensa acérrima del feminismo de género y del aborto, su tótem ideológico, y del proyecto de construcción de identidades políticas a partir de la preferencia u opción sexual. También guardan relación, con mayor o menor medida, con el conglomerado ideológico woke. Por su parte, la oposición a la inmigración se alinea con posiciones de derechas en el ámbito económico, pero atención, en realidad menos liberales que las que asume la izquierda, como veremos en el análisis económico de los efectos de la inmigración. Se tiende a relacionar la inmigración con la seguridad ciudadana y la droga, sin matices, que los hay y son importantes.
Hemos de abordar la inmigración partiendo de la evidencia de que se trata de un fenómeno que presenta facetas distintas y que todas ellas han de ser consideradas de la forma más ponderada y objetiva posible. La inmigración es conflictiva porque cuando su dimensión la hace notoria, resulta portadora de una contradicción de difícil resolución.
Se trata del conflicto potencial que existe entre el principio de solidaridad y el bien común; la contradicción que se produce entre el derecho a emigrar para lograr una vida mejor y el derecho de la sociedad receptora a no ver dañada su cohesión social, cultural ni lingüística, ni el bienestar derivado del estado del bienestar, ni su capacidad económica a corto y largo plazo y mucho menos la seguridad ciudadana.
La solidaridad implica un reconocimiento de la interdependencia entre los seres humanos y exige un compromiso activo con el bienestar de los demás. Este principio llama a compartir recursos y responsabilidades, promoviendo el bien común y luchando contra las injusticias sociales. La solidaridad no es solo un sentimiento de compasión, sino una determinación firme y perseverante de trabajar por el bien de todos, especialmente de los más vulnerables.
El bien común consiste en las condiciones sociales que permiten a las personas, tanto en lo individual como en lo colectivo, alcanzar su plenitud humana. Este concepto engloba todos los aspectos que favorecen el desarrollo integral de cada persona y de la sociedad en su conjunto, incluyendo la justicia, la paz y la dignidad humana. El bien común es un objetivo hacia el cual deben orientarse todas las políticas y acciones sociales, priorizando el bienestar colectivo sobre los intereses individuales.
La respuesta a dicho conflicto, cuando se produce, determina la necesidad de equilibrar la solidaridad con la protección del bien común. Esto podría requerir políticas de integración que aseguren que la llegada de inmigrantes no comprometa la cohesión social ni el acceso a los recursos necesarios para el bienestar de todos. Se trata de soluciones que armonicen ambos principios, asegurando la inclusión sin sacrificar la estabilidad social y económica. Pero esto no se hace en absoluto. Y esta ha de ser la guía de la respuesta a concretar en una política pública.
El conflicto se acrecienta en la medida que la inmigración masiva e intensa es fruto de decisiones de la sociedad receptora y su gobierno: la baja natalidad, una demanda de mano de obra de bajo salario para alimentar sectores de reducida productividad. Al mismo tiempo, existen carencias abrumadoras, no ya en los servicios y prestaciones de acogida, sino en prestaciones básicas para la propia población autóctona: falta de vivienda, colapso (o casi) sanitario, un sistema escolar público muy deficiente, al igual que en materia de administración de justicia y servicios sociales. España y Cataluña son modelos que acumulan estas circunstancias y preparan al conflicto.
Una pregunta necesaria es esta: ¿debe tener límites la inmigración? Y en caso afirmativo, ¿cuáles son los criterios para establecerlos?
