España avanza a pasos acelerados hacia la destrucción del estado de derecho. Dos últimos hechos son bombas de destrucción masiva en su estructura. Uno es las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el asunto de los ERE de la Junta de Andalucía. El otro, la forma en que está actuando el presidente del gobierno y el ejecutivo ante la imputación de su mujer.
Hoy, viernes 5 de julio, Begoña Gómez entrará discretamente por el garaje de los juzgados de Madrid para comparecer como inculpada. Es algo insólito en Europa que la mujer del presidente del gobierno se encuentre en esta situación, más cuando a la vez está siendo investigada por la fiscalía de la Unión Europea, un asunto al que Sánchez y sus portavoces nunca se refieren.
Todo esto sucede sin que el presidente del gobierno se haya dignado a dar ninguna explicación en el Congreso, que es donde debe hablar un presidente del gobierno, porque son dos tipos de cuestiones que afectan a temas muy concretos a los que tiene el deber de dar su versión: uno, el que lleva la fiscalía europea, relacionado con los fondos de ese origen; el otro, el del juzgado de instrucción de Madrid.
La única respuesta ha sido acusar a todo el mundo de ensuciar el nombre de su mujer y el de su gobierno, “la máquina del barro”. Pero habría sido mejor que toda esa exuberante adjetivación hubiera sido posterior a dar explicaciones. Tanto él como Begoña Gómez permanecen en el silencio. Como mucho, algún ministerio se refugia en el informe de la UCO, la unidad especializada de Guardia Civil, extrayendo aquellos párrafos que dicen que no han encontrado suficientes elementos inculpatorios, pero obviando al tiempo que, cuando este instituto armado entregó al juez Carlos Peinado el informe, le advertía que no había podido tener acceso a los expedientes completos de las adjudicaciones.
Ésta es la razón por la que la afirmación de que no han encontrado suficientes elementos toma todo su sentido y, por tanto, no es ningún argumento de descargo hasta que se conozcan de forma completa los citados expedientes.
Los ataques brutales que ahora están dirigidos contra la justicia por parte del gobierno contrastan con lo que decía hace poco el propio Sánchez, descalificando el independentismo para cuestionar las decisiones judiciales que no les iban bien. Seis meses atrás, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, consideraba “intolerable cualquier acusación y señalamiento de jueces” a causa de las declaraciones de Miriam Nogueres, quien dijo que eran indecentes varios magistrados del Supremo.
Ahora les acusan de fabricar barro y de ir más allá de todos los límites jurídicos, pero claro, todo esto en el ámbito de la justicia debe demostrarse. Pero está claro que, por desgracia, el interés por los hechos y por la realidad no existe si ésta puede perjudicar a los tuyos.
Un magnífico y ridículo ejemplo es el de uno de los palmeros calificados del presidente Sánchez, Jordi Évole, quien desde su tribuna en La Vanguardia, el sábado 8 de junio, comparaba la situación de la dirigente valenciana Mónica Oltra con Begoña Gómez. Afirmaba, en referencia al asunto judicial de Oltra, que “pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática de este país”… “a la historia de las persecuciones políticas caníbales”.
Toda esa riqueza de adjetivos y descalificaciones venían a cuento de que un juez había archivado provisionalmente la causa abierta contra Oltra para intentar tapar el delito de abuso en menores que había cometido su expareja. Pero he aquí que pocos días después, la causa provisionalmente archivada se reabría y se concluía llevando a juicio como inculpada a Oltra.
Todo el argumento de Évole presentando el asunto de Begoña Gómez como una “infamia política y jurídica” como la de Oltra ha quedado desguazado por los hechos. Naturalmente, nada ha escrito rectificando porque, evidentemente, confía en la memoria de pez de la ciudadanía.
El hecho es sintomático del problema de fondo del país. La destrucción del estado de derecho es posible porque una proporción demasiado grande de personas, grupos e instituciones de la sociedad civil se comportan como los hooligans en un partido de fútbol dispuestos a excusar siempre que el central le desmenuce la pierna al delantero y a protestar escandalosamente por un empujón a un jugador de su equipo en medio del campo.
En último término, si la democracia y los derechos se deterioran se debe a que la ciudadanía es incapaz de poner en primer término sus deberes cívicos.
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