A medida que pasa el tiempo, las acciones del gobierno Sánchez crean por propia iniciativa un clima cada vez más enrarecido. Es el caso de la actuación del Tribunal Constitucional. El ritmo que lleva de dejar sin efecto las condenas por los ERE de Andalucía genera una sensación de asombro entre la ciudadanía y la convicción de que la impunidad política es cada vez mayor.
¿Cómo puede ser que más de 680 millones de euros dilapidados para conseguir favores políticos queden sin responsables? ¿Cómo puede ser que el TC no vea delito de prevaricación, que se produce cuando una autoridad actúa teniendo conocimiento de forma injusta? ¿Y cómo puede ser que no haya malversación cuando este delito consiste en destinar caudales públicos a usos ajenos a esta función?
El TC está absolutamente marcado políticamente, sobre todo por tres personas que son decisivas en todas las sentencias que se van produciendo. Una, Inmaculada Montalbán, que fue la ponente, cuando en realidad debería haberse apartado porque recibió la medalla de Andalucía de uno de los condenados, José Manuel Griñán. Y el Tribunal Supremo tiene claramente definida la doctrina sobre la necesaria apariencia de imparcialidad de los jueces.
Pero es que, además, los otros dos miembros de la mayoría gubernamental deberían haberse inhibido. Uno, el propio presidente, Conde-Pumpido. Primero porque intervino en los ERE cuando era fiscal general. Él mismo se apartó de esa cuestión cuando era magistrado del Tribunal Supremo, pero ahora no lo ha hecho. Es literalmente escandaloso. Y todavía nos queda el caso de Juan Carlos Campo, que fue director general en la Junta de Andalucía cuando Manuel Chaves era presidente y que, por tanto, formaba parte del gobierno andaluz como cargo político en el período de los ERE. Pero tampoco se han apartado.
La razón es aritmética. Si se hubiesen apartado, habrían empatado a 4 votos los miembros del Tribunal y la sentencia no se habría producido.
Este deterioro grave es una resultante de la política de Sánchez de control de todas las instancias. En la práctica, su filosofía política no difiere para nada de la que llevaron a cabo los partidarios del proceso: es suficiente con una mayoría para tener toda la legitimidad democrática. No ya por legislar sin consenso, sino por interpretar las leyes de acuerdo con el propio criterio, aunque ésta es una atribución específica de la justicia.
Esto hace que atribuya la soberanía no a las Cortes, Senado y Congreso, y al poder judicial, sino únicamente al Congreso, que es donde tiene mayoría, y da lugar a un conflicto permanente porque por medio de este instrumento ha recortado sistemáticamente competencias del poder judicial y del Senado. Este hecho, unido a una percepción muy sesgada de la realidad, impostada o creída, da igual, determina una situación de grave peligro para el estado de derecho y la democracia.
Lo demostró una vez más en la presentación de la nueva fundación del PSOE, Avanza, cuando dijo “cuando se asoma a los platós de televisión dice, bien, y dónde está ese más del 30% que representan a los progresistas a la opinión publicada?”.
Sánchez tiene la peregrina idea de que los suyos son minoría. Seguramente no lee La Vanguardia, El País, El Periódico, y en un sentido más general de lo que él habla y de los progresistas, Ara y tantos otros. Leerá sólo El Mundo y el ABC, debe ver sólo “Espejo Público” o “El Hormiguero”, y claro, pero ignora lo que hace La Sexta, los informativos Cuatro, o evidentemente todo el grupo de TVE. Por no referirnos a TV3, que de vez en cuando le hace algún favor.
Ahora quiere pasar a controlar a los medios de comunicación porque, según su criterio, que es político y partidista, algunos son pseudomedios. Otra persona podría pensar que, por ejemplo, Público es también un pseudomedio, pero está claro, como es un portavoz de la coalición de gobierno, este tipo de informativo no cuenta en la lista de los malos.
Cabe recordar que el actual presidente de EFE había sido secretario de estado de comunicación en su cargo anterior, y quien preside actualmente TVE es una militante destacada del PSOE, por no recordar al ya famosísimo Tezanos al frente del CIS. Un sistema que avanza hacia el control del poder constitucional, judicial y mediático tiene un nombre. Vosotros mismos pueden ponerlo.
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